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Una de las consecuencias más obvias de la crisis capitalista es la crisis del sector industrial, con los continuos despidos y EREs, recortes salariales, cierres de empresas, deslocalizaciones, uso de subcontratas, aumento de horas extras no pagadas o pagadas en negro…

Tomando como ejemplo Cantabria los casos de empresas industriales que han ejecutado despidos, han cerrado o han rebajado los derechos de los trabajadores son numerosos: Haulotte, Sniace, Saint Gobain, Sidenor, Forjas, Bridgestone, Teka, Papelera del Besaya, Greyco, TAFF …

 

Las políticas de los sucesivos gobiernos autonómicos capitalistas (primero del PRC-PSOE y ahora del PP) se han demostrado totalmente ineficaces para siquiera frenar esta sangría y para revitalizar el sector industrial cántabro, algo imposible sin cuestionar el sistema capitalista y el marco imperialista de la Unión Europea. A lo máximo que han llegado estos gobiernos es a destinar ayudas de dinero público al capital privado para evitar la “huída” de ese capital o permitir mantener la tasa de ganancia de esas empresas sin los efectos de despidos o cierres.

En los últimos años hemos tenido en Cantabria dos casos especialmente escandalosos que demuestran la ineficacia y despilfarro de dinero público en empresas privadas industriales.

Primero fue el gobierno bipartito del PRC (regionalistas) y PSOE quien desde 2003 a 2008 dilapidó 15 millones de euros en el proyecto de fábrica de fibroyeso de la empresa GFB que iba a instalarse en Orejo (próximo a Solares), un proyecto que había iniciado el anterior gobierno del PP con inversores de Costa Rica. La fábrica no había comenzado a funcionar y ya estaba en quiebra. Este caso acabó en los juzgados y fue utilizado como arma electoral por el PP para desacreditar al regionalista Revilla.

En 2012, ya con el PP en el gobierno autonómico la empresa de electrodomésticos TEKA anuncia un ERE con el despido de 171 trabajadores por el traslado de parte de la producción a Polonia, lo que convulsiona a la ciudad de Santander, donde TEKA es una empresa emblemática. Se producen manifestaciones con miles de personas en apoyo a los trabajadores y el presidente autonómico Ignacio Diego, con evidente interés populista, se involucra en la negociación con la empresa belga Nestor Martin, que se compromete a invertir en una fábrica de estufas y recolocar a los despedidos. Los trabajadores despedidos deben aceptar como condición para el mantenimiento de los puestos de trabajo una bajada salarial respecto a su sueldo en TEKA y aportar las indemnizaciones que les correspondían, que en algunos casos podían ascender a 50 ó 60.000 euros. Ignacio Diego presenta su gestión como un éxito que atrae inversores y salva 87 puestos de trabajo.

En 2015 la realidad sale a la luz. La fábrica es inviable, los trabajadores han sufrido ya varios ERTEs temporales y se anuncia ahora un ERE con 41 despidos, casi la mitad de la plantilla. En el intervalo de apenas 2 años el gobierno autonómico ha invertido 16 millones de euros públicos, además de los más de 3 millones de euros que correspondían a las indemnizaciones de los trabajadores por los despidos de TEKA, dinero que ahora la empresa no quiere devolver y plantea pagar indemnizaciones que en algunos casos no llegan al 25% de lo aportado.

La conclusión parece clara: la empresa se ha apropiado del dinero público y los trabajadores han pagado sus propios sueldos con las indemnizaciones que ellos mismos aportaron. Plantean a los trabajadores un ERTE hasta 2019 (con la conversión en fijos discontinuos como objetivo) y ya hay rumores de la posible adquisición de la fábrica por otra empresa mayor que exigiría una bajada salarial del 15%.

Son ahora el PRC y el PSOE quienes utilizan de forma electoralista este desastre para atacar al PP, igual que hicieron estos antes con el caso de GFB. Tanto unos como otros utilizaron estas inversiones de forma irresponsable, oportunista y electoralista. No existió nunca un plan real para revitalizar la industria cántabra a largo plazo, ni siquiera para frenar el constante goteo de cierres y despidos. Sólo han sido parches que no solucionan el problema de fondo.

En el sistema capitalista y en el marco imperialista de la Unión Europea no hay futuro para nuestra industria, salvo aumentando las condiciones de explotación de los trabajadores a un nivel equiparable al de otros estados y regiones. Todo en nombre de la competitividad capitalista y el beneficio privado.

Sólo en el socialismo, con el control social y la planificación de los grandes sectores estratégicos de la economía, será posible un futuro para nuestra industria. Mientras tanto sólo nos espera explotación, despidos, deslocalizaciones, cierres de empresas y despilfarro del dinero público para fines electorales y beneficio de empresarios con contactos políticos.

Eloy Baro