Después de 43 años salieron a la luz algunos datos inéditos sobre la huelga de las mujeres mineras bolivianas, hecho clave para derrotar al dictador Hugo Banzer en enero de 1978.

 

Las mujeres de las minas Angélica Flores, Nelly Paniagua, Luzmila Pimentel, Aurora Lora y Domitila Chungara, con una huelga de hambre, derrotaron al dictador Hugo Banzer, el 17 de enero de 1978. Seis meses después, él dejó la silla presidencial. Los detalles de esa heroica acción, desde entonces, fueron guardados bajo siete llaves. Luego de 43 años, salieron a la luz algunos datos inéditos.

La noche del martes 21 de agosto de 2001, el Sindicato (hoy Federación) de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) —en coordinación con la Central Obrera Departamental, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, la agrupación juvenil “30 no son 30” y otras organizaciones populares— encabezó una marcha de teas en la que denunció los “30 años de impunidad” banzerista. Las cinco mujeres de las minas fueron “las invitadas especiales”.

Las mujeres somos cosas, cosas que se pueden comprar y vender. Estamos hechas, diseñadas para la satisfacción de los hombres, en todas sus necesidades, sobre todo las sexuales.

Las mujeres somos un objeto de deseo, a la entera disposición de las fantasías masculinas por muy degradantes, violentas o sublimes que estas sean. Desde que somos niñas estamos disponibles, se nos condiciona nada más abrir los ojos, se nos viste de rosa y se nos marca como al ganado.

Las mujeres tenemos que sentir placer con las prácticas sexuales que los hombres deciden y les gustan, nuestro placer es secundario o no importa.

Estos planteamientos básicos del patriarcado deben ser el mantra de los hombres que acuden a la prostitución, de los que organizan fiestas sexuales o tramas de abuso y venta de mujeres incluidas menores.

Trabajadoras de cuidados, de varios puntos del estado, están acampadas frente al Ministerio de Trabajo en justa reivindicación de sus derechos. ¿Qué es lo que piden? Pues lo menos que se despacha…tener los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras.

La Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio junto con el colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), pretenden durar lo que haga falta en sus acciones hasta revertir la situación que soportan, ante un Ministerio que, consideran, no reconoce sus derechos como trabajadoras en igualdad de condiciones. Reclaman cuestiones fundamentales: evaluación real de los riesgos laborales en su lugar de trabajo, revisión del epígrafe de jubilación, reinternalización del servicio y la cuestión de la regularización de la figura de asistente personal.

Entienden que están siendo expulsadas del ordenamiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales, que están discriminadas ... “Si nosotras que somos trabajadoras por cuenta ajena bajo la dirección de un empresario y, por tanto plenamente integradas en el Estatuto de los Trabajadores padecemos esta situación, las compañeras de trabajo de hogar están directamente fuera por ser su trabajo de carácter especial, no solo están expulsadas de hecho como nosotras, sino también de derecho”,  explica el comunicado conjunto.

La violencia de género en el ámbito estatal se identifica con la violencia sobre una mujer causada por su pareja o expareja. Por tanto, se trata de una aproximación restrictiva a esta realidad y de ahí la disparidad de cifras. Cuando leas esto, casi con toda seguridad ya no serán, dependiendo de la fuente, 67 o 36 los feminicidios en lo que llevamos de año, pues las denuncias y las víctimas se han incrementado hasta alcanzar niveles previos a la pandemia de la covid-19. En cifras entre abril y junio las denuncias han aumentado un 17,8% y el número de victimas un 20,4%.

Realmente para calcular la verdadera dimensión de la violencia reiterada y sistemática contra las mujeres y niñas habría que sumar a las agresiones cuya causa está en el hecho de ser mujeres y tener la consideración de sujetos subalternos, desvalorizados y subsidiarios, otras violencias punibles cuyo origen obedece a esa consideración, incluso aquellos menoscabos a la dignidad que forman parte cotidiana de la vida de muchas mujeres aunque salgan fuera de la esfera penal.

 

 

Cada mañana, tempranito, en el transporte público encuentro a otras mujeres camino del trabajo en el centro de la ciudad o de zonas residenciales. A esas mujeres no las encuentro en las páginas de los medios de propaganda, a veces ni en los denominados alternativos. En el mejor de los casos encontramos estadísticas, montañas de datos sobre mujeres y poder, igualdad en el trabajo, conciliación, paro, pensiones, horas de trabajo no remunerado, agresiones sexuales o violencia de género. Pero los datos son fríos.

Las mujeres de carne y hueso no vivimos en una burbuja de privilegios y en ninguna de esas estadísticas sobre nuestras condiciones de vida y trabajo salimos muy bien paradas. Retrocedemos a golpe y dentelladas que nos propina el capitalismo en crisis. Desde el inicio de la COVID-19, nuestra situación, como ha sucedido con el resto de nuestra clase, se ha ido deslizando por una pendiente de pérdida de derechos laborales, de pobreza, carestía de la vida, dificultades para llegar a fin de mes, de incertidumbre, de deterioro de la salud, de falta de atención sanitaria, de mayores requerimientos y tareas para atender a personas dependientes a nuestro cargo. No lo dice quien esto suscribe, lo dice el último informe de la EPA sobre “Mujeres y hombres en España 2020” y los últimos datos trimestrales1.

La clase trabajadora y los sectores populares siempre pagan las crisis capitalistas, la actual ha generado un impacto económico, social y laboral tal que ha empeorado las ya graves brechas, desigualdades y violencia estructurales existentes y como la mayoría de crisis y conflictos tiene sesgo de clase, de género y raza.

Ser mujer trabajadora, joven o migrante racializada son factores de riesgo para una mayor violencia, precariedad, pérdida de derechos y exclusión social y estar más expuestas al contagio por las condiciones laborales y sociales. 

Más del 50 % del empleo femenino está altamente precarizado, según la EPA, último trimestre 2020, las mujeres eran casi 3 de cada 4 personas trabajadoras a tiempo parcial (74,37 % frente al 25,63 % hombres). En 2020, la destrucción de empleos temporales superó en 2,4 veces la de contratos fijos. Casi un 40 % de las mujeres trabajan en sectores con más caída salarial y representan el 55,6 % del aumento de desempleo, con una tasa de paro del 17 % (agosto de 2021) y con menos opciones de teletrabajo o acceso a ayudas.

Un 87,17 % de las excedencias por cuidado en 2020 fueron a mujeres, asumieron el aumento de responsabilidades domésticas y tareas de cuidados abandonando el mercado laboral, así “concilia” el capital.

Durante la crisis política de 2004, las organizaciones de mujeres fueron de las primeras en denunciar los excesos del gobierno de Aristide. Pero tras el derrocamiento del expresidente, los secuestros y las agresiones contra las mujeres han agravado el panorama urbano. Con el pretexto de mantener la paz, las Naciones Unidas enviaron la llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización y la Paz en Haití (MINUSTAH), que quedó bajo el mando militar de Brasil. Las feministas la consideraron una fuerza de ocupación y aprovecharon para crear dos estructuras que congregaron a las organizaciones feministas y de mujeres: la Coordinación Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer (CONAP) y la Concertación Nacional. En el seno de estas dos estructuras lideraron una década de lucha legislativa que abarcó: la penalización de la violación, la legislación sobre el trabajo doméstico, la unión consensual y la paternidad responsable, así como el cambio de nombre de diferentes calles, conmemorando diferentes figuras femeninas en todo el país.

Entre 2004 y 2018, un gran número de soldados de la ONU violaron a mujeres y hombres jóvenes, abandonaron a sus hijos nacidos en Haití y fomentaron la prostitución, al tiempo que llevaron al país una epidemia de cólera. Las feministas han reclamado que se procese a la MINUSTAH tanto por las violaciones cometidas como por la introducción del cólera. Además, en 2006, el feminicidio vinculado a la violencia de las bandas armadas emergió en el panorama político haitiano, como lo atestigua el secuestro y asesinato de Natacha Kerby Dessources.

Esta reflexión pretende mostrar la manera en que las agresiones internacionales sufridas por Haití fueron las que estructuraron al movimiento feminista haitiano, llevando a las feministas de este país a posicionarse por la soberanía del territorio nacional. El presente artículo analiza las respuestas del movimiento a los actos de animosidad internos y externos, revisitando la larga historia de lucha de las mujeres haitianas.

Sabine Lamour.

En el país, según la narrativa consensuada, el movimiento feminista haitiano comenzó con la primera ocupación de los marines norteamericanos en Haití (1915-1934). Sin embargo, desde 1804 se han documentado numerosos actos, sobre todo de mujeres, emparentados o asimilables con acciones feministas, como las luchas por la libertad de circulación de las mujeres y el derecho a la ciudad de las mismas. Más tarde, en la época de la ocupación, los marines utilizaron la violación de las mujeres como parte del dispositivo de sometimiento del territorio haitiano. Según Grace Sanders (2013) (1), la violación fue uno de los instrumentos de la ocupación de 1915. Al hablar de este periodo, Sandra Duvivier (2008) (2) sostiene que las agresiones a mujeres y hombres jóvenes formaban parte de un marco político y económico global que implicaba la devaluación racial, económica, política y sexual de los cuerpos negros del Tercer Mundo. Roger Gaillard (1983) (3) señala también que los marines solían realizar registros en los mercados contra los campesinos rebeldes, los llamados “Cacos”, molestando y robando a las vendedoras y a los agricultores que acudían a vender sus productos.

 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha generado un impacto económico, social y laboral de tal calibre que ha agravado la brecha y las desigualdades estructurales existentes y como la mayoría de crisis y conflictos afecta de forma diferente según el género y clase.

Las crisis del capitalismo siempre las pagan la clase trabajadora y sectores populares, pero en esta las mujeres trabajadoras no solo están sufriendo las peores condiciones laborales y sociales, sino que se han contagiado más.

Del estudio de prevalencia del Ministerio de Sanidad destacan colectivos altamente feminizados con mayor seroprevalencia, de los 4,7 millones, 9,9%, de la población contagiada en 2020, el personal sanitario fue el 16,8%, cuidadoras de dependientes a domicilio (16,3%), limpieza (13,9%), migrantes y trabajo en residencias (13,1%). Las profesiones ligadas a las tareas de cuidados y en primera línea de la COVID-19 asignadas tradicionalmente a las mujeres y su rol de cuidadora: lavandería y cocina en hospitales, cuidadoras, trabajadoras de residencias, limpieza, dependientas o cajeras, además de las empleadas de hogar, se exponen a mayor riesgo sanitario.

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