Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso laboral o mobbing es toda aquella acción verbal o psicológica puesta en práctica sistemática y persistentemente para humillar, ofender o amedrentar a una persona en el entorno laboral.

El acoso laboral, también conocido por el anglicismo mobbing, hace referencia tanto a la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, ​como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador.

Aunque en algunas de sus versiones puede darse en cualquier región y sistema, lo cierto es que el acoso laboral en su sentido amplio es propio del sistema capitalista en su fase de crisis final, y que se acrecienta con la caída de la tasa de ganancias. Al final el capital sólo piensa en dinero, el acoso no denunciado acaba en bajas voluntarias con el consiguiente ahorro de la indemnización por despido. A medida que la crisis del capital aumenta, aumentan los casos de acoso, la obtención de plusvalía de cualquier forma es el fin del capital.

El primer escollo es que los jueces estimen el acoso. Sólo el 21,5 % de las sentencias son estimadas por los jueces. De estas, el 68% acaban en la jurisdicción social, el 14 % en la administrativa y el 18 % llegan hasta la vía penal.

En el 90 % de los casos judicializados el acoso es moral con escasa presencia a nivel sexual (un 2,11 %).

En la posición de acosado salta un dato cuando menos curioso, hay paridad entre hombres y mujeres, con una pequeña diferencia a favor (bendito favor) de los hombres, un 51,8 % frente a un 48,8 %.

Estamos ante un fenómeno emergente, no porque no haya existido siempre, sino porque ahora se empieza a visibilizar. Todos tenemos en mente, al oficinista a quien se le pregunta a las 20:00h por qué se va ya… a medio camino entre la broma y la crítica, pero el acoso también existe en otros empleos más rudos.

El jornalero a quien acosa el capataz de turno, acusándole de bajo rendimiento. El albañil a quien se insulta de forma solapada, al camionero que por exigir su derecho a descanso se le tilda de “mariconada”.

El acoso reviste muchas formas, la más frecuente es la conocida como bossing o acoso vertical descendente, en el que un jefe o el dueño de una PYME, usa su posición de superioridad para realizar el acoso. No suelen ser personas débiles las que sufren el acoso, dado que estas suelen claudicar mucho antes.

En la dictadura del capital, en este periodo, bajo envoltura de democracia formal, son multifásicas formas y son diferentes estructuras orgánicas las que la burguesía domina y maneja con el objetivo de mantener alineada, dominada, o represaliada a la mayoría de la clase obrera.

La herramienta de dominación de clase en los últimos tiempos ha ido siendo modulada, perfeccionada, para que su apariencia sea percibida por el pueblo, como un estado de libertad.

Casi ninguno de nosotros nos cuestionamos determinadas y complejas actividades y funciones que se llevan a cabo en el seno del movimiento obrero.

Paremos a analizar el papel de los convenios colectivos, herramienta que en su día supuso una victoria de la clase obrera ante la patronal privada y pública. 

Como decíamos el capital, la burguesía, ha ido perfeccionado sus capacidades de intervención y dominación. Para lo que ha necesitado la compra o el chantaje de miles de miembros de la clase obrera. Y es aquí donde aparece la dominación de clase sobre las genuinas organizaciones de clase, que hoy prestan su servicio al PATRON. Este abordaje no es producto de un decreto o ley, ni siquiera de una compra o chantaje personalizado de los miembros más débiles o corruptibles del proletariado, añadido a esta acción o acciones, se ha ido vertebrando toda una estructura de poder político que hoy, es insalvable sin la derrota de las posiciones claudicantes y/o calamitosas en el seno de la clase obrera.

Un manifiesto ejemplo, es el que hace referencia a los mencionados convenios colectivos. Debemos situar la pregunta, ¿quiénes los negocian? La respuesta es sencilla, las dos organizaciones sindicales que mantienen la mayoría de representación en los comités de empresas, esta cifra es del 10 % a nivel de estado y como ya imaginamos estos son CC.OO.-UGT, si un sindicato de nación o CC.AA. rivalizara en este derecho de representación, tendría que contar con más del 15 % de representación, aplicación de leyes que imposibilitan que nadie pueda desbancar a estos dos de sus privilegios.

Lejanos parecen los años en los que las trabajadoras y trabajadores organizados en una central sindical fuerte, como lo fuesen en su día las Comisiones Obreras, hacían frente a los abusos patronales y políticas antiobreras del Gobierno para intentar evitar, de alguna manera, la pérdida de derechos laborales y sociales que se avecinaban, punto álgido en los años 70-80. La progresiva putrefacción de las direcciones de las grandes centrales sindicales, que, ofreciendo una apariencia de lucha, por detrás compadreaban con la dirección patronal, se plasma en la realidad como el bombero que apaga la llamarada intensa de un fuego a veces descontrolado. El abandono progresivo de las decisorias y participativas asambleas de trabajadores por un sindicalismo delegado y gestionado, en el cual el papel del comité de empresa se reduce a un mero instrumento de institucionalidad, aleja todavía más a las plantillas de los centros de trabajo de una conciencia de clase propia cada vez más contaminada por la ideología dominante.

La consolidación de un modelo sindical de servicios y gestionado ha supuesto en la práctica una victoria más del sistema frente a la clase obrera. Unas grandes centrales sindicales que actúan apagando el más mínimo atisbo de protesta laboral supuso una gran atomización de la organización del movimiento obrero en todo el Estado. Supondrá un gran retroceso en el que muchos sectores más o menos combativos, pero descontentos con esta situación, abandonarán estas organizaciones para acabar organizándose (ya no en otra organización sindical “alternativa” diferente) por sectores o empresas, en definitiva, la atomización y la reaparición del corporativismo sindical.

El corporativismo sindical reduce todas las expectativas única y exclusivamente al ámbito del centro de trabajo, alejando las posiciones más avanzadas de la clase obrera tanto por la mejora de sus condiciones económicas y materiales, como para la necesaria transformación de la sociedad y de sus bases capitalistas, que ofrece la organización bajo un sindicalismo de clase sociopolítico. Estos sindicatos acaban cayendo en la desideologización absoluta e incluso en el personalismo de quien o quienes formaron este sindicato independiente, quedando tras las paredes del centro de trabajo, y se acaba cayendo en la institucionalidad del comité de empresa en detrimento de la actividad directa con las compañeras y compañeros y organizados como clase.

El pasado día 9 de abril, se presentó en el Parlamento del estado burgués español, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se pretende regularizar la situación de mas de 500.000 obreros y obreras que son sobreexplotados sin contrato ni protección laboral de ningún tipo, explotados principalmente por la burguesía agrícola patria, si, esa que hace pocos días cortaba carreteras y sitiaba plazas. Estas iniciativas, plausibles, como no, tienen el germen y están preñadas de un humanismo ramplón, que aun cree que, en los márgenes del sistema capitalista, dictadura del capital, esta situación de sobreexplotación, en muchos casos de esclavitud, la resolverán quienes gestionan desde los gobiernos de turno los intereses del capital o desde el parlamentarismo burgués.

Desde hace décadas, venimos denunciando que la burguesía industrial y agrícola somete a millones de obreros a contrataciones fraudulentas en el mejor de los casos y esclavistas en multitud de ocasiones. Para llevar a cabo estas prácticas, a la patronal le es necesario que estén en situación de precariedad y miseria, lo que les obliga a vender su fuerza de trabajo por un puñado miserable de euros. Una burguesía, más concretamente la agrícola, que mayoritariamente vota a los partidos más reaccionarios, ejemplo VOX, que acusa al inmigrante de todos los males patrios, al tiempo que esclavizan a cientos de miles de estos en sus fincas.

Aplaudimos que se haya presentado esta ILP, no por considerar que con ella se resolverá esta situación de marginalidad laboral y social que padece la clase obrera inmigrantes y nativa. La saludamos porque con esta iniciativa, se ha visualizado una situación que debería remover la conciencia de la clase obrera y capas populares en general.

 

A finales del mes de febrero tuvo lugar un incendio en Valencia que dejó 10 muertos, pero podría haber provocado bastantes más debido a la virulencia y rapidez con la que el fuego se propagó. Desconocemos los motivos de tan rápida expansión, lo que si conocemos, porque la prensa se ha encargado de difundir, es la actitud valiente y heroica de Julián, uno de los porteros de los bloques afectados.

Si no fuese por lo terrible del hecho y las diez personas que perdieron la vida en el incendio, daría para algún que otro chiste este país de pandereta, donde se ha primado la precariedad laboral para mayor gloria de las empresas privadas.Ahora van todos, desde Feijoo (que es jefe de la oposición porque no quiso ser bombero) al presidente de la Generalitat, pasando por la alcaldesa de Valencia a hacerse fotos con un conserje que hasta hace poco cobraba como limpiador.

Y es que nuestros héroes o no tienen trabajo o están subcontratados y no les da ni para llevar los calzoncillos por fuera de las mallas.Bastante tienen con poder llegar a fin de mes. El caso de Julián no es distinto. Llevaba desde el año 2009 prestando servicio en los bloques del complejo de Campanar, con más de 450 vecinos.Hay pueblos con menos habitantes. 

La subcontratación, o outsourcing, es una práctica en la que una compañía contrata a otra empresa externa o de trabajo temporal para realizar ciertas tareas o proporcionar servicios que tradicionalmente se realizan dentro de la propia empresa. Este proceso se utiliza comúnmente para reducir costes. En este caso, la Comunidad de Campanar, con 450 Propietarios, en lugar de tener en plantilla al personal propio de limpieza, mantenimiento y conserjería, decidió subcontratar estos servicios (recordemos que a Julián su empresa lo tenía como limpiador para ahorrar coste).

Sabemos que organizar y movilizar a la clase trabajadora y a los sectores populares de nuestra tierra nunca es tarea fácil. Si además hay que hacerlo en un municipio pequeño, de unos 25.000 habitantes donde gobierna el alcalde más votado de todo el estado español1 , entonces la cosa se complica.

Hablamos de Gáldar, municipio del noroeste de la isla de Gran Canaria cuyo ayuntamiento dio a conocer a finales de 2023 la intención de privatizar la gestión de la residencia de mayores del municipio. La plantilla y parte de los familiares y vecinos afectados se oponen a una privatización que el ayuntamiento justifica como un modelo nuevo de gestión que evitaría la problemática que actualmente generan las bajas del personal. Además de usar un argumento falso que criminaliza a la plantilla, se olvida el grupo de gobierno que las trabajadoras (la mayoría son mujeres) han presentado propuestas concretas de mejora en la gestión de las bajas que el ayuntamiento rápidamente ha descartado2.

La treintena de trabajadoras que cuida alrededor de 48 personas, conocedora del empeoramiento de sus condiciones laborales y de la calidad asistencial que significaría la llegada de una empresa privada, como gestora de la residencia “Genoveva Pérez”, se ha puesto manos a la obra y está organizando una gran manifestación, el sábado 9 de marzo, para detener este atropello.

Es común, cuando hablamos del estado de sometimiento, tanto a nivel de explotación como a nivel ideológico en que se encuentra la clase obrera, que se hable sobre la necesidad que tiene de organizarse. Siendo esto correcto, la cuestión estriba en qué clase de organización es necesaria.

Históricamente, los obreros se han organizado inicialmente en sindicatos u organizaciones obreras similares que les servía para hacer frente a los desmanes del patrón o para reivindicar mejoras, ya sean salariales, de jornadas laborales más cortas, sociales o cualquier otro derecho. Y ya desde su mismo inicio, estas organizaciones obreras han sufrido los ataques de la burguesía, bien mediante la represión más feroz, bien mediante la inoculación de elementos ideológicos burgueses entre sus filas, forma más sutil pero no menos práctica, de desviar a dichas organizaciones obreras de sus verdaderos intereses.

Al mismo tiempo, la burguesía ha ido creando todo un entramado legal para encauzar la lucha reivindicativa de la clase obrera por los estrechos márgenes que tales leyes dejan y que solo obedecen al interés de la patronal.

En la actualidad, dado el nivel de introducción de elementos ideológicos burgueses en el seno de la clase obrera, sus organizaciones sindicales tienden a dividirse en dos líneas bien diferenciadas: Las que desarrollan su actividad siguiendo los cauces, tanto legales como políticos, impuestos por la patronal y las que se mantienen fieles en la defensa de los intereses de la clase obrera. Las primeras han dejado de lado la lucha de clases y han optado por la colaboración con la burguesía con el resultado de pérdida de derechos y el aumento de la explotación que sufren trabajadores y trabajadoras. Las segundas, aquellas que se mantienen en la lucha de clases se encuentran con el grave problema del escenario en el que tienen, la mayor de las veces, que desarrollar su actividad reivindicativa, pues por muy correctos que sean sus posicionamientos, estas organizaciones sindicales se ven obligadas a actuar dentro del marco legal que la burguesía ha desarrollado para quitar toda la mordiente a la lucha obrera y dejarla sujeta a unos límites que les resultan asumibles.

Este principio del año 2024 vuelve a estar marcado, una vez más por huelga de agricultores, reseñar que son los agricultores, pertenecientes a la mediana y pequeña burguesía que salen a defenderse de la presión económica que sufren, en un modelo de producción en el que ellos son instrumentos necesarios a la gran patronal, productora, pero sobre todo comercializadora, de frutas, hortalizas y cereales y dueña de todo el complejo agroindustrial que suministra insumos y materias necesarias. Pequeños, ya no tantos numéricamente y media propiedad que bajo la tendencia de concentración monopolista en el sector, ven como retroceden en sus aspiraciones de clase y son enviados a la proletarización.

Lejos, muy lejos queda ya, aquellas batallas del movimiento campesino que hasta mediados el siglo XX, se convocaran y que en su reivindicación principal situaban la defensa del jornal, de la jornada y reparto ante los abusos de la patronal campesina.   

Como si de algo nuevo se tratara, se pretende hacer creer que la situación de la mediana propiedad agrícola y la poca, pequeña sobreviviente, es novedosa, que ésta es consecuencia de tal o cual decreto, ocultando que es consecuencia de un proceso de concentración capitalista que en este modelo de sociedad no tendrá freno.

Pero a lo que nos interesa. En esta histórica lucha en el seno de las clases de la burguesía, los grandes damnificados han sido siempre los millones de jornaleros y jornaleras que siguen sufriendo las más altas formas de explotación y represión. Un ejemplo muy clarificador, mientras los patronos van a la huelga, parada de la producción, cientos de miles de jornaleras/os , no pueden laborar y por tanto no cobran ni un real, gracias a los convenios del campo firmados por unas organizaciones sindicales que desde hace ya décadas trabajan al servicio de la patronal.

Esa patronal, que corta carreteras y sitia ciudades, mantiene a millones de mujeres y hombres, en la más severa miseria, con jornales de otro siglo, ritmos de trabajo más propios de máquinas y habitando muchos de ellas y ellos, cientos de miles, en poblados chabolistas, cortijos de aperos y/o barrios marginales-guetos.

En el estado español, echar a un trabajador o trabajadora cada vez cuesta menos dinero. En los últimos años, la indemnización por despido se ha desplomado -hasta un 64%, según algunos medios- por efecto de las reformas laborales del 2010, 2012 y la última del 2021, reformas aplicadas por los gobiernos de turno, dando igual que sean del PP, del PSOE o del batiburrillo más progresista de la historia, el del PSOE-UNIDASPODEMOS.

¿Cuál es la indemnización por despido actualmente en el estado español y cuál ha sido su evolución.

Actualmente, después de la reforma laboral del 2021, que dejó tal cual las cuantías que ya se recogían en la reforma del 2012  del PP, si un trabajador o trabajadora es despedido por causas objetivas, tendrá derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Si el despido es improcedente, la indemnización será de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. También existe una indemnización por extinción de contratos temporales, que actualmente es de 12 días por año trabajado.

Si echamos la vista atrás comprobaremos que en 1977, la indemnización por despido improcedente era de 60 días por año trabajado con un tope de 60 mensualidades. En 1980, con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, esa indemnización sufrió un recorte al situarse en 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades. En el 2012, el despido se abarató de nuevo, situando la indemnización por despido improcedente en 33 días y un máximo de 24 mensualidades.

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