A pesar de ser trabajadoras clave, necesarias e imprescindibles, y un trabajo duro físicamente, están poco valoradas en lo que a derechos laborales se refiere. La tasa de pobreza de las empleadas domésticas es el doble que la del resto de trabajadores, un sector claramente feminizado.
Las bajas cotizaciones y el desgaste físico las condena a pensiones de jubilación insuficientes para cubrir las necesidades básicas o ni siquiera tener acceso a una pensión no contributiva, lo que propicia que muchas de ellas tengan que seguir trabajando estando jubiladas para poder sobrevivir.
El ingreso medio mensual de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años es de 940€, bastante inferior al salario mínimo interprofesional 1.221€.
Según las encuestas de población activa (2025) la mayoría de trabajadoras son extranjeras no comunitarias y casi la mitad tienen más de cincuenta años.
“Desde 2012 el número de afiliadas a la Seguridad Social mayores de 55 años y el de mayores de 65 se ha duplicado”, lo que indica que una parte creciente de las trabajadoras se ve obligada a prolongar su vida laboral más allá de la edad de la jubilación”.
Según el Informe Toda una vida cuidando. El derecho a una jubilación digna para las trabajadoras del hogar y cuidados de Intermon Oxfam de 2026, sólo el 45,9% de las trabajadoras accederán a una pensión contributiva.
Una de las principales dificultades es la economía sumergida, el trabajo invisibilizado, muchas trabajadoras sin permiso de trabajo no tienen acceso a un contrato laboral o el empleador no quiere cotizar a la Seguridad Social, a pesar de ser delito. El 32% de las personas empleadas en el sector en el Estado Español trabajan sin contrato.
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- Escrito por M. Àngels Grau
- Categoría: Mujer
Con tanto foco mediático en operaciones judiciales, investigaciones y exabruptos machistas quedan opacadas las movilizaciones obreras. Si además suceden en un sector donde cerca del 85% son mujeres, seguramente no obtengan mucha difusión más allá de un ámbito local.
Sin embargo, desde el mes de marzo cuando se firmó un preacuerdo por la patronal integrada en la Asociación de Retail Textil España (ARTE), integrada por firmas como Inditex, Mango, Primark o H&M con CCOO y Fetico, las trabajadoras empezaron a movilizarse. El epicentro estuvo en Galiza donde hay una fuerte tradición textil y alberga la sede principal gigante europeo de la distribución de moda, Inditex, lo que le da al conflicto mucha carga simbólica. Lucha de clases en estado puro. Uno de los señores más ricos del planeta amparándose en la negociación colectiva pretende que las trabajadoras de su cadena pierdan derechos.
Las movilizaciones de estos meses han sido numerosas en A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Lugo, Ferrol y Ourense, con concentraciones ante establecimientos comerciales y críticas directas al modelo laboral, más precario y con pérdidas significativas de salario y derechos, que podría consolidarse bajo el paraguas del convenio estatal. Precisamente en un territorio donde la lucha obrera había logrado un convenio mucho más garantista que el que viene a sustituirlo.
Desde el sábado 23 de mayo la protesta se ha generalizado y comenzó la huelga estatal en el sector de las grandes empresas del textil y el calzado en protesta por el nuevo convenio y al que están llamadas cerca de 200 000 trabajadoras.
Los intereses de la patronal están puestos en lo que denominan competitividad,rentabilidad,velocidad logística...Tras varios años marcados por la transformación digital, presión sobre márgenes y cambios en los hábitos de consumo, las grandes cadenas intentan “ganar flexibilidad operativa en tienda física” y para ello utilizan un mecanismo que los capitalistas saben: la mano de obra.
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- Escrito por María Luna
- Categoría: Mujer
Estos días posiblemente cambies de calzado con la llegada del buen tiempo. Los escaparates tienen precios astronómicos, de tres cifras. Probablemente desconozcas que a quien une pieza a pieza, desde casa o desde un garaje mal ventilado convertido en taller, le han pagado por ese mismo par entre euro y medio y euro con setenta céntimos. Es probable que tampoco sepas que ese trabajo tiene nombre de mujer, porque la industria del calzado se ha construido sobre dos pilares: la segregación por sexos y la economía sumergida.
Tampoco pienses que hablamos de geografías lejanas, hablamos de comarcas del País Valenciano como Elda, Petrer y Elx; también en otros lugares, donde los explotadores son los verdaderos beneficiados de ese andamiaje laboral clandestino. Fábricas, marcas e intermediarios obtienen tremendos beneficios de las plusvalías que sacan de las manos del trabajo invisible y sumergido de las aparadoras. Troceada la cadena de producción del calzado, cerca del 90 % se ensambla fuera de la fábrica que tiene la marca y una de las partes iniciales en el proceso de fabricación del zapato, la que consiste en la unión de sus piezas, denominada aparado, se hace en condiciones de clandestinidad en más del 80 %. Ese trabajo lo hacen mujeres, conocidas como aparadoras, a las que no les cotizan a la seguridad social, no figuran de alta, no tienen contrato, no cuentan con espacios dignos de trabajo ni con condiciones de seguridad e higiene, no pueden jubilarse, ni cobrar el paro, ni enfermar. En definitiva, no existen como trabajadoras con derechos.
Estas mujeres aparadoras pagan la electricidad, las agujas y las reparaciones de las máquinas. Pasan horas de trabajo frente a una máquina sin cambiar de posición por unos pocos euros, proveedoras secundarias de la economía domestica tal como dicta la sociedad patriarcal y justificación machista de los trabajos más precarios, penosos, salarios más bajos y, una vez llegadas a una mediana edad, con enfermedades como artritis,ceguera, lumbago, desviaciones de columna… Enfermedades que nunca les serán reconocidas como contraídas por causa del trabajo desarrollado.
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- Escrito por Ana Muñoz
- Categoría: Mujer
La OMS define las desigualdades en la salud como evitables entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente. Las diferencias se derivan de cuestiones biológicas y de la distinta posición en la estructura social.
Además, los determinantes sociales de la salud, como el nivel socioeconómico, se entrelazan con los roles de género y con factores culturales. Dichas desigualdades tienen raíces estructurales e históricas: la posición tradicional de las mujeres como cuidadoras, con trayectorias laborales más cortas y fragmentadas, y pensiones más bajas.
Igualdad de género en salud significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos plenamente y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados.
La equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres.
El impacto de la desigualdad de género en la salud de las mujeres afecta a los procesos y resultados de salud y enfermedad, y a su atención desde los servicios de salud.
Las diferencias en términos de salud entre hombres y mujeres no solo se traducen en la manifestación, la severidad y las consecuencias de la enfermedad, sino que también pueden limitar su acceso a los recursos, a la información y a los servicios sanitarios.
A pesar de que la esperanza de vida de las mujeres es más elevada que la de los hombres, eso no se traduce en calidad de vida. Nuestra vida con buena salud y sin enfermedades crónicas es más corta que la de los hombres.
Los patrones de vida tienen una clara distribución por género, falta de equidad en la distribución de los tiempos de trabajo productivo y reproductivo, y de ocio y descanso entre hombres y mujeres.
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- Escrito por M. Àngels Grau
- Categoría: Mujer
Cuando Andalucía sufría hace unas semanas el paso de la borrasca Leonardo, los colegios cerraron sus puertas. Una madre soltera con dos hijas de 3 y 5 años solicitó a la empresa para la que trabaja, Ryanair, ausentarse ese día para poder asumir el cuidado de las niñas. La respuesta de recursos humanos fue tajante: rechazó su petición de permiso retribuido por cuidado de menores y tampoco aceptó imputar ese día a un día libre no remunerado. En palabras del responsable, el cuidado de los hijos “no era problema de la empresa”.
El capitalismo lo tiene muy claro: el trabajo invisible de los cuidados no es problema de la empresa ni del estado burgués ni de nadie, salvo de las mujeres.
En el contexto actual de superestructura patriarcal y estructura económica capitalista, tareas necesarias para el funcionamiento de toda la sociedad, como el cuidado de la familia y del hogar, se echan sobre las espaldas de las mujeres y se contemplan como responsabilidades individuales para las que, sin embargo, el sistema pone numerosas dificultades. Estas dificultades están ahí para todas las personas que deban conciliar su vida laboral y familiar, pero el peso de todo este trabajo no remunerado sigue cayendo mayoritariamente sobre la mujer trabajadora. Cuando comprobamos los datos, vemos la desigualdad que esto conlleva entre la clase obrera: más del 73% de los puestos a media jornada están ocupados por mujeres, y esta es una de las principales causas de la brecha salarial, que actualmente se sitúa en un 18,6%. Es decir, las mujeres no solo realizan trabajo reproductivo no remunerado, sino que perciben salarios inferiores, entre otros factores, porque una jornada completa no les permite llevarlo a cabo.
El caso de la trabajadora de Ryanair no representa solo la tiranía de una empresa, sino una realidad que nos afecta a todas: no tenemos alternativas para los cuidados más allá de la acción individual, y cuando el camino no es socializar estas tareas, continúan asumiéndolas las mujeres, con todo lo que supone para nuestro desarrollo vital.
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- Escrito por María Murcia
- Categoría: Mujer
Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja, lo que supone una violación de los derechos humanos.
El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia se materializa en diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.
El homicidio por razones de género es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y las niñas. El feminicidio, crimen de odio contra las mujeres, tiene su origen en la relación desigual entre mujeres y hombres en la sociedad patriarcal.
El feminicidio puede producirse por discriminación hacia las mujeres y las niñas, por desequilibrios en las relaciones de poder, por estereotipos en los roles de género, o bien por la existencia de normas sociales que consienten y perpetúan la violencia contra las mujeres y niñas. Ocurre en múltiples formas de violencia, en los hogares, puestos de trabajo, escuelas o espacios públicos, que incluye desde la violencia de pareja hasta el acoso sexual y otras formas de violencia sexual, prácticas nocivas y trata de personas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina).
El feminicidio es una crisis global que afecta a las mujeres y las niñas en todos los países y territorios. África destaca por ser el continente con la tasa de feminicidios más alta, 30 por millón de habitantes, y el mayor número absoluto de víctimas: se calcula que habrá 22.600 en 2024, según la Organización de las Naciones Unidas. América y Oceanía también registraron altas tasas en 2024 (15 y 14 por millón, respectivamente), mientras que las tasas fueron más bajas en Asia (7) y en el continente europeo en general (5).
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- Escrito por M. Àngels Grau
- Categoría: Mujer
Más allá de un “fallo” significativo en la comunicación de los resultados del cribado de cáncer de mama en Andalucía, de una mala coordinación entre Administraciones, de no existir un procedimiento claro para notificar y dar respuesta a miles de mujeres sin conocer los resultados sobre sus mamografías; sin ser citadas para realizarse pruebas adicionales como ecografías, biopsias o diagnósticos de ampliación de estudio, ha generado no sólo retrasos aumentando las listas de espera, sino que ha vulnerado derechos fundamentales, finalizando, en algunos casos, en muerte por diagnósticos tardíos o erróneos en los cribados.
Por si todo esto no fuera suficiente, subyace una realidad concreta: la destrucción del sistema sanitario público por una neoliberalización de la sanidad. El ansia de extraer, de privatizar los recursos de los activos acumulados durante décadas por la clase trabajadora (que somos todas las que tienen que levantarse a las seis y media de la mañana para ir a trabajar y ganar un salario) lleva al capital a querer aprovecharse de esos recursos, de esos servicios públicos.
¿Quién paga las consecuencias de esa insuficiencia sanitaria, cuando el sistema de salud ha fallado?
Aquellas mujeres que están en una posición más frágil, más desvalida. No todas pueden acudir a la sanidad privada.
Es decir, no todas cuentan con los mismos recursos, con el mismo poder adquisitivo; los retrasos en los cribados, amplia la desigualdad existente entre unas y otras mujeres. No afecta a todas por igual. Sus consecuencias son muy distintas según la situación de clase, el tiempo se acorta para quienes pueden pagarse una prueba privada.
Para muchas otras, las de los trabajos míseros, provisionales, inestables y mierderos, las que aceptan trabajos temporales para conciliar con la vida familiar, las que no llegan a final de mes… las de la clase trabajadora, esa opción no existe. Se convierte en una forma de violencia institucional, cruel, porque no sólo es una espera o una demora administrativa más, sino son meses de incertidumbre, de miedo, de alerta constante y de aguantar mientras trabajan. Esa desigualdad sanitaria se transforma en una desigualdad de clase y de género.
La sanidad pública deja de ser un derecho garantizado para volverse en un castigo de quienes dependen sólo de ella; como por ejemplo, de esos hospitales de gestión público-privada, que priorizan beneficios económicos, afirmando que prima el negocio sobre la atención sanitaria adecuada.
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- Escrito por Pilimin
- Categoría: Mujer
Como trabajadoras de los Espacios de Igualdad de Madrid, y activistas de la Plataforma de Defensa de los Espacios de Igualdad estáis denunciando el cierre encubierto de reconversión de vuestro servicio, ¿qué es lo que está pasando?, ¿cuáles serían las consecuencias de realizarse este plan?
El Ayuntamiento ha elaborando la Estrategia e Igualdad para hombres y mujeres de la ciudad de Madrid de cara a los años 2025-2028. En ella se plantean una serie de medidas dirigidas a diferentes ejes y diferentes áreas de los servicios públicos de Madrid, atendiendo tanto a cuestiones de fomento del deporte femenino, medidas contra el absentismo de las niñas, campañas publicitarias para la sensibilización de la población para la lucha contra la violencia de género…
Una de esas medidas supone la “unificación” de las redes de violencia de género e igualdad de la ciudad de Madrid, que actualmente somos independientes pero complementarias, en un único recurso, de tal manera que los diferentes recursos que actualmente existen en el municipio de Madrid (Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, Centros de atención psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género y los Espacios de Igualdad) pasarían a ser CIAM (Centro Integral de atención a las Mujeres).
Esto supone que los Espacios de Igualdad tal como los conocemos ahora dejen de existir, y que mucha población que en la actualidad acude a los mismos, ya no pueda. Los vacíos que siguen sin aclararse en la estrategia evidencian que muchos de los aspectos y líneas de actuación que hoy por hoy se atienden en los Espacios de Igualdad no van a tener cabida en los nuevos CIAM. Las atenciones individuales que están dirigidas a mujeres se ven especialmente afectadas.
La atención psicológica a los malestares de género (relacionados éstos con la carga de los cuidados, autoestima, cuestiones de discriminación laboral por razones de género…) no se contempla en las líneas de actuación, siendo un porcentaje muy alto de las atenciones que desde el área psicológica se atienden.
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- Escrito por Edurne Batanero
- Categoría: Mujer
Desde el día de acción por el aborto libre, seguro y gratuito, han ocurrido distintos sucesos que vemos necesario reunir y analizar, para ser conscientes de cuáles son los pasos adelante y atrás que vive este derecho fundamental en nuestros días.
Por un lado, en Vitoria comenzó el 17 de noviembre el juicio donde por primera vez veintiún integrantes de grupos antiaborto, bajo los cuales se esconde una ultraderecha cada vez más organizada contra los derechos de las mujeres, responderán en el juzgado por el acoso en una clínica a trabajadoras y mujeres que acudían a interrumpir su embarazo. Se les acusa de un delito de coacciones, introducido en 2022 en el Código Penal (artículo 172) para penar el acoso a estas clínicas y que, hasta ahora, no ha servido para cumplir su objetivo.
Mientras tanto, continúa el tira y afloja de el PP madrileño y el Gobierno central del PSOE por la publicación de la lista de objetores, como se aprobó en la ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva, y con el requerimiento del 14 de octubre de 2025, donde se dio un mes de plazo para que Aragón, Baleares y Madrid, las únicas comunidades que no habían elaborado el registro de objetores, lo hiciera.
Ayuso ha cumplido su negativa a no entregarlo, por lo que se ha activado la vía judicial y la ministra de Sanidad asegura que se llevará un proceso contencioso-administrativo. Pese a que la creación de este registro de objetores a realizar IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) viene del Consejo Interterritorial, donde salió adelante con el voto a favor de todas las comunidades, incluida Madrid, lo cual demuestra hasta qué punto es una nueva carta que el PP madrileño decide jugar contra el Gobierno, donde quienes pierden son los derechos reproductivos y sexuales, y la sanidad pública.
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- Escrito por Edurne Batanero
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