El 6 de abril entró en vigor en el Estado Español la ley que penaliza el acoso ante clínicas que realizan IVE (Interrupción voluntaria del embarazo)

Por ello, serán ilegales "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos (...) que menoscaben la libertad de las mujeres".

Podrán ser castigados con pena de prisión de 3 meses a un año, o cambiarse por trabajos comunitarios, de 31 a 80 días, y se podrá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares durante de 6 meses a 3 años.

También se perseguirá el acoso a quienes trabajan en estas clínicas.

Como feministas, no queremos el acoso a ninguna mujer que ejerza los derechos sobre su cuerpo, como es el derecho a interrumpir su embarazo de una forma segura. Pero esta medida se nos queda corta, ya que la forma más segura de ejercer este derecho, es en un hospital (público, y de calidad, seguimos en nuestra defensa de la sanidad pública). Pero la objeción de conciencia expulsa este derecho de los hospitales, para obligarnos a ir a una clínica privada, en la cual, además estamos expuestas al acoso. Esta ley debe completarse con la reforma de la ley del aborto que garantice poder abortar en los hospitales públicos, una medida que han intentado poner en marcha con un registro de objetores de conciencia por comunidad, junto la obligación de serlo tanto en la sanidad pública como en la privada. Creemos que esta pequeña medida no se acercará siquiera a revertir que en 2020, el 85% de las IVE, se realizaron en clínicas privadas.

El mes de junio ha sido histórico para las trabajadoras del hogar, “la niña fea” de la clase obrera.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por el Congreso, habla de los derechos laborales que pretende equiparar al resto de trabajadores y trabajadoras con carácter general. Se ha tardado una década en ser aprobado, por eso las trabajadoras de este sector ven este avance con cautela.

La economía sumergida, la explotación y la desigualdad, han sido durante años el sustento de muchas familias; la responsabilidad del Estado es garantizar los derechos de este sector tan feminizado, haciendo políticas sociales y económicas que se centren en hacer desaparecer esta violencia que se ejerce sobre las mujeres “trabajadoras del hogar”.

Este Convenio de la OIT afecta principalmente a las mujeres que componen en su gran mayoría lo que en la práctica es un sector feminizado.

Entre otras cuestiones, el despido, las indemnizaciones, las vacaciones y el paro son entre otras cosas las que se deben negociar de manera urgente, lo que algunos llaman el “diálogo social” y lo que algunas trabajadoras llamamos derechos laborales sin condiciones particulares, como pretenden algunas cúpulas sindicales, la patronal y el gobierno de turno.

Imagina que al nacer, a cada persona la programaran para predisponer su vida, para dedicarla a una actividad concreta, que no pueda elegir si quiere o no llevarla a cabo, que se la impongan para que crea que es su obligación.

En esta sociedad capitalista y patriarcal, esto es lo que ocurre cuando nace una niña, su percepción del mundo se va configurando a través de los estímulos que recibe, de la educación sexista, del lenguaje machista, hasta tal punto que con tan sólo 6 años ya existe una tendencia a descartar determinados desempeños y se ven moldeadas por los estereotipos sociales de género1.

Por eso, muchas niñas quieren ser maestras, enfermeras, veterinarias, porque se las encamina hacia un futuro laboral con una relación directa o indirecta con los cuidados, y por supuesto, como las únicas responsables de llevar a cabo el trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo.

Las profesiones relacionadas con los cuidados están desempeñadas mayoritariamente por mujeres; ese hecho es una realidad, sólo tenemos que echarle un vistazo a las estadísticas.

Llega el día de la clase trabajadora e inicia el mes de las flores, las cruces y del día de la madre. Esta combinación, aparentemente fortuita, en momentos de agravamiento de la crisis sistémica del capital como la que estamos viviendo, se vuelve cargada de sentido; dado el empeoramiento de las condiciones de vida, la inflación, la carestía de los productos básicos y la energía, las mujeres trabajadoras afrontan otra etapa de la eterna crisis, cargando con la cruz del patriarcado, que ahonda los niveles de explotación y opresión mas allá de lo habitual, con poco que celebrar y con niveles de exclusión social nunca vistos.

Afrontamos este Primero de Mayo con datos de paro en marzo de 1.831.428 paradas,  550.000 más que hombres; con una tasa del 15%, frente al 11,7% de la masculina. Y 2,9 millones de mujeres que no trabajan por motivos familiares y/o domésticos, casi 7 veces superior a la de los hombres (430.600). Su tasa de actividad es un 22% inferior a la de los hombres; el 24% de las mujeres están ocupadas a tiempo parcial, frente al 7,3% de la tasa masculina. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 22,4% y como resultado de la brecha de género en las pensiones, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social entre la población mayor es del 16,4%.

Hay 4.231.018 mujeres entre 16 y 64 años -el 28,1% de las que tienen edad laboral-

La nueva Constitución aprobada en Cuba hace dos años mediante referendo popular obliga a reformar muchas leyes, proceso que se ha visto retrasado por la pandemia pero que ha seguido adelante. El nuevo texto constitucional incluye una disposición transitoria sobre el concepto de familias y era necesario materializarlo en un nuevo código de familias, que reflejara los avances en esta línea y amparara la diversidad y renovación del vínculo familiar y, por supuesto, del matrimonio, que ya no se describe como unión entre un hombre y una mujer, sino como “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos”.

El proyecto que se está debatiendo en consulta popular, hasta el 30 de abril,  su versión 24, después de pasar por multitud de asociaciones profesionales (de pedagogía, sociología, psicología, geografía, etc.) a las que se les ha hecho consultas especializadas, además de instituciones y organizaciones populares que han aportado al texto y lo han modificado en un 70 % en relación a su primera versión.

Partiendo de un estudio de derecho comparado a nivel internacional y también de diversos estudios multidisciplinares, tiene como objetivo fundamental proteger y fomentar la diversidad y la igualdad de derechos, “de las distintas formas de organización de las familias, basadas en las relaciones de afecto,

Difundimos la entrevista realizada el pasado 8 de marzo a Dixie Edith Trinquete Díaz para Unidad y Lucha. Invitada por la Asociación de Amistad con Cuba de Alicante en el marco de la gira que el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) ha organizado para dar a conocer la realidad de las mujeres cubanas, los retos y los principales debates que hoy están desarrollando, minutos antes de una de esas actividades, conversamos brevemente con Dixie para dejar unas pinceladas de su excelente ponencia. Este resumen es también parte de la lucha contra la guerra mediática y el bloqueo que EE.UU. desarrolla contra la Revolución Cubana. #NomasBloqueo #CubaseRespeta.

 

 

 

Llega otro 8 de marzo y toca analizar las condiciones de vida y laborales y los datos nos dicen que han empeorado sustancialmente. Las mujeres estamos a la cabeza del paro y a la cola de los ingresos.

Con una tasa de desempleo del 15,04% (2021) (1,6 millones frente a 1,4 millones de hombres) y un mercado laboral precarizado, con trabajos mal pagados y aún con el milagro económico de la ministra del pacto social, el paro de las mujeres se ha reducido la mitad que el de los hombres en el último año. Con trabajos mal pagados y una agenda familiar de cuidados que nos impone asumir contratos a tiempo parcial, el triple que los hombres, en la “nueva normalidad” la pobreza sigue teniendo rostro y cuerpo de mujer.

Crisis tras crisis, ya sean financieras, bélicas o sanitarias, las mujeres siguen pagando más caras las mismas. En la actual no iba ser distinto: según el último informe de FOESSA, cuatro de cada diez personas están en situación de exclusión social por su inestabilidad laboral y sus escasos ingresos, el porcentaje de población en situación de carencia material severa aumenta casi un 50% (del 4,7% al 7,0%), profundizándose también la brecha de género: en aquellos hogares con una mujer como sustentadora principal, la tasa de exclusión duplica a la de los que los ingresos, o su mayoría, los aporta un varón.

La crisis del capitalismo ha causado consecuencias devastadoras en la salud, el empleo y las condiciones de vida de la clase obrera. Las desigualdades ya existentes se han acentuado. Desde 2019, el número de trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza moderada o extrema ha aumentado en 108 millones.

Especial importancia tiene la situación de la mujer trabajadora. Ya antes de la pandemia, los empleos de alta concentración femenina se caracterizaban por la desigualdad salarial, los altos índices de contratación a tiempo parcial, las mayores tasas de paro… es decir, por su dificultad para romper con la lacra de la precariedad. Durante la pandemia, estas jornadas se redujeron aún más y empeoraron las condiciones laborales; mientras que las mujeres han desempeñado trabajos de suma importancia en el sector de la sanidad y el trabajo social, así como en otras ocupaciones esenciales, a menudo a riesgo de la propia salud.

 

Con una tasa de desempleo del 15,04% (2021) (1,6 millones frente a 1,4 millones de hombres) el paro de las mujeres se ha reducido la mitad que el de los hombres en el último año, con un mercado laboral precarizado con trabajos mal pagados y una agenda familiar de cuidados que nos impone asumir contratos a tiempo parcial, el triple que los hombres, en este 8 de marzo de 2022, instaurada la “nueva normalidad” la pobreza sigue teniendo rostro y cuerpo de mujer.

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