Ha vuelto a suceder, una vez más. Una fecha cuyo origen está vinculado con unos hechos y mujeres que le dan un marcado carácter colectivo y de lucha, con el paso de los años ese origen se desdibuja y pasa a tener un carácter lacrimógeno e individual. Las clases dominantes tienen un bien engrasado aparato ideológico-propagandístico para colocar (nos) “su agenda” y orden de prioridades.  No se cuestiona la mayor, denunciamos la existencia de violencia patriarcal y la falta de recursos y medidas reales en nuestras sociedades para su erradicación.  Pero desde su definición como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”, entendemos que cuando se acerca el 25-N se pone el foco de la fecha en el número de víctimas y en una de esas violencias, obviándose no solo el componente de clase, sino también el de lucha. Mucho más, se omite cualquier referencia a un sistema violento todo él que ampara la violencia contra las mujeres a gran escala.

Sí, me estoy refiriendo al capitalismo, que en su fase imperialista actual despliega la guerra contra los pueblos. No se trata de una guerra puntual, pues realmente desde la finalización de la II GM el capitalismo está en guerra, desplegando conflictos en diversas zonas del planeta, de ahí que haya quien hable de guerra permanente o de sistema guerra. Disquisición al margen, la violencia contra las mujeres en las guerras ha sido analizada desde un punto de vista de víctimas, sufridoras o sujetos pasivos. Sabemos que ese no es el único rol. Tienen su papel verdugo al incorporarse activamente en los ejércitos ocupantes. Para muestra, Lynndie England en  Abu Ghaib o las señoras de la guerra que aparecen en la foto de las cumbres anuales de la OTAN, de Cospedal a Robles en su papel activo de ministras otanistas, hasta el más pasivo de las “esposas de los guerreros”, algunas de ellas mancilladoras recientes del Guernica.

La crisis también alcanza a la Justicia. Los intereses económicos y políticos tienen mucho que decir en uno de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Aquello de la separación de poderes y la independencia de los jueces se le está haciendo bola a la Administración de Justicia.

El mandato del CGPJ debe durar cinco años, pero han pasado cuatro más y no hay manera de llegar a un acuerdo para la renovación de sus miembros. La tarea se torna, cada día, más complicada. Los jueces de la derecha, contra lo que estipula la ley, han venido bloqueando la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, es decir, a estos jueces no les viene bien obedecer la ley y deciden no cumplirla.

Carlos Lesmes, el actual Presidente del CGPJ que fue designado por José María Aznar , ha amenazado con su dimisión si sus compañeros (los jueces de la derecha) siguen obstaculizando la renovación de los órganos constitucionales, pero la dimisión tampoco acaba de producirse.

La función fundamental del CGPJ es la de designar a los jueces de  los altos tribunales, pero la actuación del PP y la indisciplina de los vocales de la más rancia derecha, jueces que no han renovado su mandato, algunos de ellos, manifiestamente, fachas que se niegan al nombramiento de los nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, además de hacer dejación de la función para la que han sido designados, están colocando a la Administración de Justicia en una situación de parálisis y atasco intolerable que almacena ingentes cantidades de sentencias sin dictar.

El 28 de septiembre es el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Y es que en pleno 2022, si bien son muchos los avances conseguidos gracias a la lucha de las mujeres, aun queda mucho por luchar.

Y es que mientras en España estamos a la expectativa de como se aplicará la última reforma de ley que afirma garantizar la realización del aborto en centros públicos, la situación en el resto del mundo es bien distinta.

Hemos presenciado los avances en países como Argentina tras muchos años de lucha, mientras en otros como EEUU se retrocede en derechos y se elimina de la constitución el derecho al aborto dejando en manos de los estados la decisión de prohibirlo.

Son muchos los países que a día de hoy prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, desde nuestra vecina Andorra hasta Madagascar, pasando por países como Honduras, el Salvador o República Dominicana. Y muchos más donde la única opción de poder abortar es que la vida de la mujer corra peligro como Palestina, Paraguay o Senegal.

Polonia, la cual ya contaba con una legislación realmente restrictiva en materia de aborto, decretó en 2020 que las malformaciones graves en el feto no eran causa justificada de aborto, dejando como únicas opciones el riesgo de vida de la madre o que el embarazo sea producto de una violación. Y aún en estos casos la realidad es que en la práctica en casi imposible abortar, las únicas mujeres que logran son aquellas con medios económicos para viajar al extranjero o las pocas a las que diferentes asociaciones consiguen costearle el viaje.

Más escandaloso aún el caso de Malta, el único país miembro de la Unión Europea que prohíbe sin excepción el aborto, forzando a miles de mujeres cada año a intentar comprar por internet píldoras abortivas sin ninguna vigilancia médica o forzando a las mujeres a pasar por embarazos no deseados y vivir el resto de su vida con las consecuencias.

Encender la televisión o visitar cualquier medio de información, o mejor dicho de desinformación, es una verdadera pesadilla. Pero la verdad es que la realidad es eso, una sucesión de situaciones de  opresión, que si eres mujer de clase trabajadora ya convierte tu cotidianidad en una carrera de obstáculos marcados por el capital y su explotación.

Hablemos, por ejemplo, de la nueva moda entre los varones durante el ocio nocturno, pinchar a mujeres. Aún no se sabe exactamente por qué ni para qué. Los casos que ha habido, que por desgracia no son pocos, no han implicado agresiones sexuales pero el hecho en sí mismo es una violencia de género,  el miedo se consolida y extiende. Continuamos sin poder salir tranquilas, ni solas ni acompañadas. Seguimos siendo presa de depredadores, hijos del patriarcado y de la depravación del capitalismo en su máximo esplendor.

Pero seguimos con otra de las noticias de la temporada, la crisis de inflación, la subida de precios. Una persona puede pensar que este no es un tema que debe tratar el feminismo, ¿no? Total, los precios suben para todo el mundo. Efectivamente, así es, los precios suben igual, pero las consecuencias de esta inflación también tienen nombre de mujer. Esta nueva crisis inflacionaria ha sido bautizada como She-flaction y no porque nos hayamos comido otra vez la manzana del pecado y esta crisis sea culpa nuestra, sino porque somos nosotras las que padecemos en mayor medida su alcance.

 

Escribo este artículo en medio del dolor y la indignación que produce otra mujer asesinada, a tres calles de mi trabajo otra mujer es apuñalada, 26 crímenes por violencia de género en estos 7 meses del año, y esta noticia no abre el telediario, la agenda informativa marcada por el poder determina que “la ola de calor” es la noticia más relevante.

Tampoco lo es la sobreexplotación y precariedad que denuncian las trabajadoras del sector servicios y turístico, con las Kellys a la cabeza. “Los altos niveles de ocupación y las buenas perspectivas” que auguran los empresarios para este verano son portada, los datos de las condiciones de trabajo se esconden en quinta fila del panel informativo. La brecha de género en la temporalidad, cinco puntos superior, un 24,89% de ellas frente a un 19,9% de ellos, y la proporción de tres a uno en cuanto a tiempo parcial, casi una de cada cuatro, 992.700 mujeres frente a 392.900 hombres, porque les resulta compatible con la atención a niños, mayores, enfermos y dependientes, solo se destaca en días a festejar.

La foto fija nos muestra una profundización de las desigualdades y la exclusión, donde la pobreza está directamente relacionada con el hecho de ser mujer, por las desigualdades y la discriminación de género que rigen las condiciones del mercado laboral, sumando múltiples factores de discriminación transversal como el origen, la etnia, la discapacidad, la edad, etc.

El 6 de abril entró en vigor en el Estado Español la ley que penaliza el acoso ante clínicas que realizan IVE (Interrupción voluntaria del embarazo)

Por ello, serán ilegales "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos (...) que menoscaben la libertad de las mujeres".

Podrán ser castigados con pena de prisión de 3 meses a un año, o cambiarse por trabajos comunitarios, de 31 a 80 días, y se podrá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares durante de 6 meses a 3 años.

También se perseguirá el acoso a quienes trabajan en estas clínicas.

Como feministas, no queremos el acoso a ninguna mujer que ejerza los derechos sobre su cuerpo, como es el derecho a interrumpir su embarazo de una forma segura. Pero esta medida se nos queda corta, ya que la forma más segura de ejercer este derecho, es en un hospital (público, y de calidad, seguimos en nuestra defensa de la sanidad pública). Pero la objeción de conciencia expulsa este derecho de los hospitales, para obligarnos a ir a una clínica privada, en la cual, además estamos expuestas al acoso. Esta ley debe completarse con la reforma de la ley del aborto que garantice poder abortar en los hospitales públicos, una medida que han intentado poner en marcha con un registro de objetores de conciencia por comunidad, junto la obligación de serlo tanto en la sanidad pública como en la privada. Creemos que esta pequeña medida no se acercará siquiera a revertir que en 2020, el 85% de las IVE, se realizaron en clínicas privadas.

El mes de junio ha sido histórico para las trabajadoras del hogar, “la niña fea” de la clase obrera.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por el Congreso, habla de los derechos laborales que pretende equiparar al resto de trabajadores y trabajadoras con carácter general. Se ha tardado una década en ser aprobado, por eso las trabajadoras de este sector ven este avance con cautela.

La economía sumergida, la explotación y la desigualdad, han sido durante años el sustento de muchas familias; la responsabilidad del Estado es garantizar los derechos de este sector tan feminizado, haciendo políticas sociales y económicas que se centren en hacer desaparecer esta violencia que se ejerce sobre las mujeres “trabajadoras del hogar”.

Este Convenio de la OIT afecta principalmente a las mujeres que componen en su gran mayoría lo que en la práctica es un sector feminizado.

Entre otras cuestiones, el despido, las indemnizaciones, las vacaciones y el paro son entre otras cosas las que se deben negociar de manera urgente, lo que algunos llaman el “diálogo social” y lo que algunas trabajadoras llamamos derechos laborales sin condiciones particulares, como pretenden algunas cúpulas sindicales, la patronal y el gobierno de turno.

Imagina que al nacer, a cada persona la programaran para predisponer su vida, para dedicarla a una actividad concreta, que no pueda elegir si quiere o no llevarla a cabo, que se la impongan para que crea que es su obligación.

En esta sociedad capitalista y patriarcal, esto es lo que ocurre cuando nace una niña, su percepción del mundo se va configurando a través de los estímulos que recibe, de la educación sexista, del lenguaje machista, hasta tal punto que con tan sólo 6 años ya existe una tendencia a descartar determinados desempeños y se ven moldeadas por los estereotipos sociales de género1.

Por eso, muchas niñas quieren ser maestras, enfermeras, veterinarias, porque se las encamina hacia un futuro laboral con una relación directa o indirecta con los cuidados, y por supuesto, como las únicas responsables de llevar a cabo el trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo.

Las profesiones relacionadas con los cuidados están desempeñadas mayoritariamente por mujeres; ese hecho es una realidad, sólo tenemos que echarle un vistazo a las estadísticas.

Llega el día de la clase trabajadora e inicia el mes de las flores, las cruces y del día de la madre. Esta combinación, aparentemente fortuita, en momentos de agravamiento de la crisis sistémica del capital como la que estamos viviendo, se vuelve cargada de sentido; dado el empeoramiento de las condiciones de vida, la inflación, la carestía de los productos básicos y la energía, las mujeres trabajadoras afrontan otra etapa de la eterna crisis, cargando con la cruz del patriarcado, que ahonda los niveles de explotación y opresión mas allá de lo habitual, con poco que celebrar y con niveles de exclusión social nunca vistos.

Afrontamos este Primero de Mayo con datos de paro en marzo de 1.831.428 paradas,  550.000 más que hombres; con una tasa del 15%, frente al 11,7% de la masculina. Y 2,9 millones de mujeres que no trabajan por motivos familiares y/o domésticos, casi 7 veces superior a la de los hombres (430.600). Su tasa de actividad es un 22% inferior a la de los hombres; el 24% de las mujeres están ocupadas a tiempo parcial, frente al 7,3% de la tasa masculina. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 22,4% y como resultado de la brecha de género en las pensiones, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social entre la población mayor es del 16,4%.

Hay 4.231.018 mujeres entre 16 y 64 años -el 28,1% de las que tienen edad laboral-

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