En el Palacio de la Moncloa, el 11 de mayo de 2020 se firmaron unos acuerdos entre gobierno patronal, CC.OO. y UGT, que bajo el título de acuerdo por el empleo pueden ser estos considerados una parte esencial del Pacto Social. Con este penúltimo acuerdo, la burguesía trata de garantizar una paz social que le posibilite poner en movimiento toda una serie de medidas con las que pretende recuperar su maltrecha tasa de ganancia.

Acuerdos o Pactos Sociales que unos tras otros han ido configurando el actual   estado de la dictadura del capital, en el que la clase obrera está siendo castigada con criminal violencia   

El pasado 17 de mayo las y los trabajadores temporeros del campo y la Plataforma Fruita amb Justicia Social denunciaban la grave situación que están sufriendo año tras año los trabajadores y trabajadoras del campo.

Hay que denunciar la situación en que los hacen vivir algunos propietarios de las explotaciones agrícolas donde estos trabajadores, desde hace años se dedican a la recolección de la fruta. Algunos de sus empleadores, como cada año, los hacen vivir en unas muy malas condiciones de vivienda. Este año todavía está siendo peor ante la pandemia del coronavirus, muchos albergues municipales han cerrado y esto hace que literalmente algunos de ellos duerman en la calle, sin ninguna medida higiénica, prácticamente sin acceso al agua.

Reproducimos esta carta que los camaradas Liñán y Guerrero han hecho pública, no para hablar de CC.OO, ni tampoco de ellos dos. Lo hacemos para hablar del silencio con el despiden a sus mejores activistas, las organizaciones de la clase obrera que asumen el discurso de la conciliación de clase, la postmodernidad de lo transversal que anula la identificación del sujeto revolucionario en la clase obrera y la comunicación 2 .0 sustituyendo el protagonismo de las masas organizadas.

Trabajadores y trabajadoras que entregaron conscientemente lo mejor de su vida a la lucha obrera, porque no entendían otra forma de sentir su clase y relacionarse con sus iguales, son olvidados por pésimos tecnócratas con horario y salario que sueñan con el día que se vaya el último de esos abuelos que no paran de hablar de huelgas y explotación. “No molesten que estamos negociando” es lo que les falta poner en las puertas de sus despachos, para retratar con claridad lo que consideran que es la actualidad del sindicalismo.

Decíamos en un artículo anterior que, pasada la crisis sanitaria del COVID-19, la burguesía hará recaer sobre la clase obrera y los sectores populares el coste de su recuperación económica, lo que se traduce en más destrucción de empleo, trasvase de fondos públicos a capitales privados, destrucción de los sistemas sanitarios y educativos públicos, etc. Y no erramos en nuestra apreciación.

Las actuales medidas que se han tomado desde el gobierno son, a todas luces, absolutamente insuficientes y precarias, tratando desesperadamente de parchear las innumerables vías de agua que presenta el sistema burgués de producción sin otro resultado que el de retrasar algo su inevitable hundimiento.

 

Incertidumbre, inseguridad y el teléfono siempre con batería, así es cómo se definiría el empleo de la sanidad pública en estos tiempos que vivimos. La incertidumbre de si mañana continúo con mi contrato, la inseguridad de si me trasladan a otro servicio porque se contrata lo justo (o menos) y me van moviendo para reforzar un área y desproteger otra. Y siempre alerta porque ayer se terminó mi contrato y en cualquier momento me pueden llamar.

Va a ser que no. Va a ser que la lucha de clases no entiende de confinamientos ni de pandemias.

Ya lo decía Marx, que la lucha de clases es el motor de la historia.

De los primeros en demostrarlo en “nuestro” estado de alarma fueron los 5000 trabajadores de la Mercedes en Vitoria, la empresa más grande de la provincia vasca, que paralizaron la producción en protesta por la falta de medidas de seguridad contra el coronavirus. Esto fue el 16 de marzo, día 3 del estado de alarma. Muchos otros destacamentos organizados de la clase obrera demostraban la importancia de la defensa de sus derechos de manera temprana.

 

Es de común dominio que el sistema de producción capitalista sufre crisis cíclicas durante las cuales la clase obrera sufre de una forma mucho más agudizada la violencia organizada de la burguesía, la cual necesita imperiosamente exprimir al máximo la fuerza de trabajo que la clase obrera se ve obligada a vender para mantener intacta su tasa de ganancia, recortando salarios, derechos laborales, sociales y todo lo que sea necesario para continuar subsistiendo, siempre a costa de parasitar a la clase obrera y demás sectores populares. 

La situación de inseguridad que vivimos en la provincia de Tarragona tanto los trabajadores de las empresas como los habitantes de las diferentes poblaciones es de extrema gravedad. Cabe destacar la importancia del Complejo Petroquímico Industrial de Tarragona, ya que es uno de los más grandes de Europa con una concentración de empresas muy elevada.

Sin olvidar las centrales nucleares de Ascó que cuenta con dos reactores y Vandellós, a unos 40 y 60 km de Tarragona respectivamente.

A la histórica grave lista de problemas ambientales, de seguridad, los intentos por silenciar los de salud e incidentes, hay que sumar los ocurridos en los últimos meses que ya han hecho colmar el vaso: la fuga de amoniaco en la empresa Carburos Metálicos con el balance de 1 muerto (el trabajador de Torreforta Nono), un herido grave y varios heridos leves. Y el más reciente de la empresa Iqoxe situada delante del barrio de Bonavista con el trágico resultado de tres muertos y siete heridos.

Del SOC al SAT, o cómo organizar desde el campo a la ciudad

Lo que en el estado español se llamó crisis (12 % de desempleo) en Andalucía era algo habitual antes de 2008. El Medio Rural andaluz vivía en una precariedad que se extendió al sector terciario, de la misma manera en la que ya lo sufría el mundo rural con los jornaleros: Sufrimos la jornalerización del empleo.