Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya tenga efecto suspensivo de la relación laboral o de reducción de jornada, es una medida legal que toma una empresa para proteger sus intereses económicos cuando tiene dificultades productivas o económico-financieras -normalmente, ambas cosas- y que le permiten desligarse de gran parte de sus obligaciones laborales, o adecuarlas a sus necesidades inmediatas.

Podríamos afirmar que ahora mismo los centros educativos son lugares medianamente seguros y que esta seguridad se debe única y exclusivamente al esfuerzo sobrehumano realizado por los trabajadores de los centros educativos. Y es que el Gobierno, que exaltaba la necesidad de un mando único para hacer frente a la pandemia abandonó a cada comunidad a su suerte en este punto.

Los gobiernos Autonómicos tenían la responsabilidad de dotar de los recursos y de realizar los protocolos necesarios para que los centros públicos pudieran abrir con total seguridad en septiembre. Pero llegada esta fecha, seis meses después de la declaración del estado de alarma, veíamos cómo se iban sucediendo los retrasos del inicio de curso; pues a escasos días de su inicio, los centros acababan de recibir las indicaciones para realizar sus planes de contingencia. Estos exigían que se redujera el aforo de las clases a 20 alumnos (cuando la mayoría de las ratios se acercan a la treintena) en unas aulas mínimas en las que no había forma de garantizar la distancia de seguridad.

Por proletariado se entiende: la clase trabajadora asalariada moderna que, sin poseer medios de producción propios, depende de la venta de su fuerza de trabajo para poder vivir.

En esta categoría de productores sin propiedad sobre los medios de producción están jornaleros/as o peones agrícolas, personas que trabajan a cambio de un jornal por horas o día de trabajo desempeñado.

Desde el final del estado de alarma y, sobretodo, desde principios del mes de agosto se están produciendo movilizaciones de las plantillas de las empresas auxiliares del sector del metal en las factorías de Navantia de Puerto Real, San Fernando y Cádiz.

En la factoría de Puerto Real, la inquietud entre los trabajadores es que, una vez terminados los contratos que tiene con empresas como la belga Smulders o la noruega Aibel, no se vislumbran nuevos contratos que permitan una continuidad en sus puestos de trabajo. En la factoría de San Fernando, donde se construyen las fragatas para Arabia Saudí, tampoco es muy halagüeña la situación.

El sector industrial de la automoción en el estado español no ha cesado de retroceder en las últimas tres décadas, a pesar de seguir siendo el metal el sector industrial más importante en la economía española, pero que en general también sigue la misma dinámica. Todo ello por la sumisión de los gobiernos pro capitalistas (incluido el actual de PSOE y Podemos) a los intereses de las grandes multinacionales.

La asamblea se produce fuera de los muros de la empresa (aunque como Sección Sindical tengas el derecho teórico a realizarlas dentro), a media luz, porque sólo puede tener lugar por la noche, fuera de las horas de trabajo la empresa cierra y las apaga, un trabajador (el guardia de seguridad) tarda en irse mucho más de lo necesario, mientras con su moto, encendida con innecesaria anticipación, emite un ruido que dificulta escuchar al ponente y, sin saber que con ello están señalando el poder que tiene una simple reunión de obreros, hablando y decidiendo cosas de obreros/as, el acompañamiento de toda una furgoneta de aquéllos que una vez fueron hombres (o mujeres), y ahora son polis.

Comenzamos recordando el principio conceptual del pensamiento marxista de que la historia está determinada por la lucha de clases. Lucha que en todo el proceso histórico de construcción y permanencia de un modelo de sociedad ha ido cambiando las formas y métodos con los que derrotar al antagonista social. En cada estadio histórico el ser social resultado de los cambios de los modelos de producción y propiedad, el productor toma conciencia para sí y diseña toda una estrategia de lucha con la que derrotar a la vieja y caduca clase social en el poder y su modelo social, económico y político.

Esta guerra entre las clases se prolonga en ocasiones siglos durante los que las diferentes clases existentes irán modelando sus estrategias en base a todas las experiencias vividas y sufridas, pero dicha experiencia es acumulada principalmente a través de las derrotas que una clase inflinge sobre las otras, este proceso de aprendizaje acumulado el cual esta preñado de diferentes formas de violencia es el que da paso a la victoria de la clase oprimida hasta ese momento, dando continuidad a la historia de la humanidad.

En el Palacio de la Moncloa, el 11 de mayo de 2020 se firmaron unos acuerdos entre gobierno patronal, CC.OO. y UGT, que bajo el título de acuerdo por el empleo pueden ser estos considerados una parte esencial del Pacto Social. Con este penúltimo acuerdo, la burguesía trata de garantizar una paz social que le posibilite poner en movimiento toda una serie de medidas con las que pretende recuperar su maltrecha tasa de ganancia.

Acuerdos o Pactos Sociales que unos tras otros han ido configurando el actual   estado de la dictadura del capital, en el que la clase obrera está siendo castigada con criminal violencia   

El pasado 17 de mayo las y los trabajadores temporeros del campo y la Plataforma Fruita amb Justicia Social denunciaban la grave situación que están sufriendo año tras año los trabajadores y trabajadoras del campo.

Hay que denunciar la situación en que los hacen vivir algunos propietarios de las explotaciones agrícolas donde estos trabajadores, desde hace años se dedican a la recolección de la fruta. Algunos de sus empleadores, como cada año, los hacen vivir en unas muy malas condiciones de vivienda. Este año todavía está siendo peor ante la pandemia del coronavirus, muchos albergues municipales han cerrado y esto hace que literalmente algunos de ellos duerman en la calle, sin ninguna medida higiénica, prácticamente sin acceso al agua.