Desde la incorporación de España (el Reino de España que ahora hacen figurar en los nuevos DNI, los del bendito PSOE “republicano-monárquico”) a la Unión Europea, no hemos dejado de tener recortes en lo que se llamó estado del bienestar.

Desde la incorporación al Euro (€), la inflación no declarada no ha dejado de crecer, castigando severamente a la clase trabajadora. Desde aquella reconversión industrial (mandada por Europa) hasta los recortes en el Estatuto de los Trabajadores (mandados “posiblemente” por Europa), como ya se vio en algún otro artículo publicado en Unidad y Lucha, las masas obreras y populares han sido castigadas con mas y mas recortes.

Desde hace tiempo hablan de la inviabilidad de las pensiones, más concretamente del (Sistema Público de Pensiones ) la UE y sus lobbys se frotan las manos ante tan suculento pastel. Los gobiernos del PP y PSOE-UP jamás han explicado a donde ha ido el dinero de las pensiones, la famosa hucha.

Tampoco se habla de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en 62 ocasiones los últimos 21 años por no respetar el derecho a un proceso justo. Sólo por este motivo, ni citar las veces que ha condenado a España por otros motivos. Ley Mordaza, Justicia parcializada, abusos bancarios, etc…ni siquiera se citan.

¡Cuántas veces hemos escuchado esa frase en boca de algún compañero o compañera de lucha, sindicalista o no, cuando se enfrenta a una injusticia en su empresa: a algún recorte en sus derechos laborales, o a alguna sanción en su centro de trabajo! Una expresión a veces impulsiva, que nace de lo individual, a veces de una manera desesperada o como rienda suelta a la frustración.

En el imaginario colectivo de mucha gente hacer una huelga es sinónimo de victoria, de cambiar las cosas a mejor para la plantilla, para la clase trabajadora. Y no deja de ser cierto, cuando se prepara y se organiza bien.

La historia de la humanidad nos da muchos ejemplos exitosos de huelgas. Se dice que la primera huelga documentada de la historia se produjo en el Egipto de los faraones hacia el 1166 a.C. E incluso que la NASA tuvo su propia huelga de astronautas en órbita en 1973.

En la clausura del XII Congreso de Comisiones Obreras, celebrado los días 21, 22 y 23 de octubre de este año, la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intervenía expresando “… Ese compromiso con todas y todos ellos cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año. La derogación de la reforma laboral del PP. Sí, vamos a derogar la reforma laboral. Y este es el mensaje que le quiero enviar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas…” Así de contundente y clara se expresaba la señora Díaz, como colofón a lo que ya venía manteniendo desde tiempo atrás, apoyándose en el acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019, y concretamente en el punto 1.3. de dicho acuerdo, titulado rimbombantemente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Triste título la de esta novela que es la vida de la clase trabajadora.

Cada año mueren en este país (sólo en este) más de 700 trabajadores en accidentes de trabajo. Es verdad que algunos son in itinere, pero no es menos cierto que el desplazamiento es el vértice de una sociedad que no garantiza el trabajo de sus ciudadanos, que se ven obligados a hacer cientos de kilómetros diarios para llegar al tajo.

Se califican como accidentes, pero un gran número de ellos son asesinatos, si aplicáramos la teoría penal  de la comisión por omisión. Omisión en las medidas de seguridad: menos coste, más beneficio; lo que el empresario se ahorra en seguridad redunda en mayor beneficio. Obvio.

Según los datos publicados por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el estado español se encuentra entre un grupo de países donde se producen “más frecuentemente” casos de explotación laboral grave. Esta explotación laboral grave o severa, como dice esta organización, está generalizada en la UE en sectores como el agrícola, de la construcción, hotelero y servicios de catering y de trabajo doméstico, fundamentalmente. Siendo en España, además de los ya comentados, el sector forestal, la pesca y actividades de servicios alimentarios.

Hay momentos en la historia de la lucha de clases en los que un episodio, un colectivo, un pueblo, marca un antes y un después, un punto de inflexión. Todos y todas podemos pararnos ahora, hacer memoria y buscar esos momentos. Ejemplo;  Recientemente, la lucha de las 5000 limpiadoras de residencias de Bizkaia en 2018, que durante más de dos años acumularon 370 días de huelga.

En estos días se está dando una de esas luchas a las que me refiero. Se trata de la lucha de la plantilla de Tubacex.

Decía Karl Marx que, para tener una sociedad justa, ésta debería exigir a cada cual según sus capacidades y darle según sus necesidades. Es decir, el trato igualitario no es que todas y todos tengamos las mismas condiciones, más bien es adaptar los requisitos para que en definitiva nuestra vida sea lo más equitativa posible.

En el PCPE pensamos que no todos los trabajos tienen la misma penosidad, por ello no parece justo que los requisitos para acceder a la jubilación sean los mismos. De hecho, exigir la misma edad de jubilación a un conductor profesional que a su jefe no solamente es injusto, sino que agrava y mucho las desigualdades existentes. Por ese y otros motivos, ante la invitación recibida del Consejo Sindical Obrero (CSO) de realizar una concentración por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años, no hemos dudado en sumarnos.

“El número de multimillonarios en la 35ª (2021) lista anual de Forbes de Los más ricos del mundo se disparó hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 2.755 personas, 660 más que hace un año. De ellos, 493 se han estrenado en la clasificación, aproximadamente uno cada 17 horas, incluyendo 210 nuevos rostros procedentes de China y Hong Kong. Otros 250 han regresado con fuerza. Un asombroso 86% es más rico que hace un año.”  https://forbes.es/listas/93410/lista-forbes-2021-estas-son-las-personas-mas-ricas-del-mundo/

Amancio Ortega ha descendido desde la posición 6 hasta la 11, a pesar de que ha incrementado su patrimonio desde los $55.100 millones de dólares hasta los 77.000 millones. Y es que entre los primeros 2.500 multimillonarios hay 25 españolazos. Otra cosa que llama la atención es que entre estos hay muchos familiares, padres e hijos, sobrinos y tíos, etc… Y esto da al traste con ese principio que nos venden que se puede llegar a millonario trabajando…y una mierda!

Los informes de entidades tan sospechosamente comunistas como la OCDE afirman que España necesita cuatro generaciones para dejar atrás la pobreza. El 80% de los niños pobres lo serán también de adultos, según un estudio de Cáritas. Otro informe de Oxfam-Intermón dice que los ricos viven 11 años más que los menos favorecidos.

El pasado 30 de julio Deliveroo, la multinacional británica de entrega de comida a domicilio anunció su salida del negocio en el estado español (1). Aunque en su comunicado no nombra los recientes cambios en la normativa laboral, está claro que la próxima entrada en vigor de la conocida como “Ley Rider” es la causa de su más que probable salida. Y decimos probable porque, aunque han hecho este anuncio, la multinacional presente en más de 10 países dice también que consultará (de manera no vinculante) a sus empleados y empleadas sobre esta salida. Hablamos de cerca de 3500 rider en esta empresa.

El perfil rider en el estado español (2):

●             87% son hombres

●             42% entre 29 y 39 años.

●             64% proceden de Latinoamérica.

¿Qué es la Ley Rider? Se trata exactamente de un decreto-ley que se publicó en el BOE el 12 de mayo de 2021 (3) y que entró en vigor tres meses más tarde, el pasado 12 de agosto. Esta normativa busca acabar con el abuso de los “falsos autónomos”, modelo de negocio de la mayoría de estas plataformas que consiste en ahorrarse costes de contratación a través de “obligar” a hacerse autónomos a sus repartidores y repartidoras a quienes simplemente pide facturas por sus servicios. La nueva norma obliga a todas estas empresas (las más potentes son Glovo, Uber Eats y Deliveroo) a contratar a sus rider (según el ministerio de trabajo unos 18.000 rider, según la patronal unos 30.000).

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