Sabemos que organizar y movilizar a la clase trabajadora y a los sectores populares de nuestra tierra nunca es tarea fácil. Si además hay que hacerlo en un municipio pequeño, de unos 25.000 habitantes donde gobierna el alcalde más votado de todo el estado español1 , entonces la cosa se complica.

Hablamos de Gáldar, municipio del noroeste de la isla de Gran Canaria cuyo ayuntamiento dio a conocer a finales de 2023 la intención de privatizar la gestión de la residencia de mayores del municipio. La plantilla y parte de los familiares y vecinos afectados se oponen a una privatización que el ayuntamiento justifica como un modelo nuevo de gestión que evitaría la problemática que actualmente generan las bajas del personal. Además de usar un argumento falso que criminaliza a la plantilla, se olvida el grupo de gobierno que las trabajadoras (la mayoría son mujeres) han presentado propuestas concretas de mejora en la gestión de las bajas que el ayuntamiento rápidamente ha descartado2.

La treintena de trabajadoras que cuida alrededor de 48 personas, conocedora del empeoramiento de sus condiciones laborales y de la calidad asistencial que significaría la llegada de una empresa privada, como gestora de la residencia “Genoveva Pérez”, se ha puesto manos a la obra y está organizando una gran manifestación, el sábado 9 de marzo, para detener este atropello.

Es común, cuando hablamos del estado de sometimiento, tanto a nivel de explotación como a nivel ideológico en que se encuentra la clase obrera, que se hable sobre la necesidad que tiene de organizarse. Siendo esto correcto, la cuestión estriba en qué clase de organización es necesaria.

Históricamente, los obreros se han organizado inicialmente en sindicatos u organizaciones obreras similares que les servía para hacer frente a los desmanes del patrón o para reivindicar mejoras, ya sean salariales, de jornadas laborales más cortas, sociales o cualquier otro derecho. Y ya desde su mismo inicio, estas organizaciones obreras han sufrido los ataques de la burguesía, bien mediante la represión más feroz, bien mediante la inoculación de elementos ideológicos burgueses entre sus filas, forma más sutil pero no menos práctica, de desviar a dichas organizaciones obreras de sus verdaderos intereses.

Al mismo tiempo, la burguesía ha ido creando todo un entramado legal para encauzar la lucha reivindicativa de la clase obrera por los estrechos márgenes que tales leyes dejan y que solo obedecen al interés de la patronal.

En la actualidad, dado el nivel de introducción de elementos ideológicos burgueses en el seno de la clase obrera, sus organizaciones sindicales tienden a dividirse en dos líneas bien diferenciadas: Las que desarrollan su actividad siguiendo los cauces, tanto legales como políticos, impuestos por la patronal y las que se mantienen fieles en la defensa de los intereses de la clase obrera. Las primeras han dejado de lado la lucha de clases y han optado por la colaboración con la burguesía con el resultado de pérdida de derechos y el aumento de la explotación que sufren trabajadores y trabajadoras. Las segundas, aquellas que se mantienen en la lucha de clases se encuentran con el grave problema del escenario en el que tienen, la mayor de las veces, que desarrollar su actividad reivindicativa, pues por muy correctos que sean sus posicionamientos, estas organizaciones sindicales se ven obligadas a actuar dentro del marco legal que la burguesía ha desarrollado para quitar toda la mordiente a la lucha obrera y dejarla sujeta a unos límites que les resultan asumibles.

Este principio del año 2024 vuelve a estar marcado, una vez más por huelga de agricultores, reseñar que son los agricultores, pertenecientes a la mediana y pequeña burguesía que salen a defenderse de la presión económica que sufren, en un modelo de producción en el que ellos son instrumentos necesarios a la gran patronal, productora, pero sobre todo comercializadora, de frutas, hortalizas y cereales y dueña de todo el complejo agroindustrial que suministra insumos y materias necesarias. Pequeños, ya no tantos numéricamente y media propiedad que bajo la tendencia de concentración monopolista en el sector, ven como retroceden en sus aspiraciones de clase y son enviados a la proletarización.

Lejos, muy lejos queda ya, aquellas batallas del movimiento campesino que hasta mediados el siglo XX, se convocaran y que en su reivindicación principal situaban la defensa del jornal, de la jornada y reparto ante los abusos de la patronal campesina.   

Como si de algo nuevo se tratara, se pretende hacer creer que la situación de la mediana propiedad agrícola y la poca, pequeña sobreviviente, es novedosa, que ésta es consecuencia de tal o cual decreto, ocultando que es consecuencia de un proceso de concentración capitalista que en este modelo de sociedad no tendrá freno.

Pero a lo que nos interesa. En esta histórica lucha en el seno de las clases de la burguesía, los grandes damnificados han sido siempre los millones de jornaleros y jornaleras que siguen sufriendo las más altas formas de explotación y represión. Un ejemplo muy clarificador, mientras los patronos van a la huelga, parada de la producción, cientos de miles de jornaleras/os , no pueden laborar y por tanto no cobran ni un real, gracias a los convenios del campo firmados por unas organizaciones sindicales que desde hace ya décadas trabajan al servicio de la patronal.

Esa patronal, que corta carreteras y sitia ciudades, mantiene a millones de mujeres y hombres, en la más severa miseria, con jornales de otro siglo, ritmos de trabajo más propios de máquinas y habitando muchos de ellas y ellos, cientos de miles, en poblados chabolistas, cortijos de aperos y/o barrios marginales-guetos.

En el estado español, echar a un trabajador o trabajadora cada vez cuesta menos dinero. En los últimos años, la indemnización por despido se ha desplomado -hasta un 64%, según algunos medios- por efecto de las reformas laborales del 2010, 2012 y la última del 2021, reformas aplicadas por los gobiernos de turno, dando igual que sean del PP, del PSOE o del batiburrillo más progresista de la historia, el del PSOE-UNIDASPODEMOS.

¿Cuál es la indemnización por despido actualmente en el estado español y cuál ha sido su evolución.

Actualmente, después de la reforma laboral del 2021, que dejó tal cual las cuantías que ya se recogían en la reforma del 2012  del PP, si un trabajador o trabajadora es despedido por causas objetivas, tendrá derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Si el despido es improcedente, la indemnización será de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. También existe una indemnización por extinción de contratos temporales, que actualmente es de 12 días por año trabajado.

Si echamos la vista atrás comprobaremos que en 1977, la indemnización por despido improcedente era de 60 días por año trabajado con un tope de 60 mensualidades. En 1980, con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, esa indemnización sufrió un recorte al situarse en 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades. En el 2012, el despido se abarató de nuevo, situando la indemnización por despido improcedente en 33 días y un máximo de 24 mensualidades.

Como siempre, los gobiernos al servicio de la burguesía y sus necesarios aliados, juegan con las cartas marcadas, lo que les facilita el hacer multitud de trampas.

Hablemos de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) el cual se sitúa en 1134 € en catorce pagas anuales. Nos preguntamos, ¿este salario mínimo se cobra, por todas/os los trabajadores que tienen nóminas inferiores al salario medio?

Pero antes de responder, situemos una cruda realidad...1134 € son los que cobrarían, que no lo harán, más de 2,5 millones de trabajadoras/es, este salario no es neto, ya que se les aplica las retenciones, que sin ser exageradas si reducen la cuantía a percibir. Con este salario, estos millones de obreras y obreros, tendrán que vivir, si eres joven, abrirte camino en esta sociedad, si eres madre o padre mantener a tu o tus hijos. Este gobierno y sus mariachis sindicales han subido un 5 % el SMI, y quieren hacer creer que esta subida está muy por encima del IPC y demás leches calculadoras. Y pensamos, si el salario medio en el estado español está calculado en 25.000 € con los que miles de familias les es imposible llegar a fin de mes, cómo llegarán estos otros que no pasarán de los 15.876 € brutos. Estos 2.5 millones de personas pertenecen a ese 14 % de las personas que trabajan y están en exclusión social, esta información que nos facilita FOESSA en su VIII informe, y que es ampliada con datos que nos dan luz sobre la realidad, datos como que, las personas en exclusión social en el estado español son de 8,5 millones, el 18,4 % de la población, y que otros 4 millones están en el umbral.

Decíamos que se hacen trampas, y preguntábamos si en realidad todas y todos los trabajadores cobrarán este salario, podemos afirmar que no.

Viñeta de Chumy Chúmez

Una y otra vez afirmamos que las políticas implementadas por los gobiernos al servicio de la burguesía están diseñadas con el objetivo de mantener a millones de hombres y mujeres en la miseria (pobreza), estamos seguros de tener la razón cuando hacemos esta afirmación.

Sólo manteniendo la pobreza estructural le es posible al sistema capitalista poder existir. Hasta hoy el sistema de propiedad privada de los medios de producción, el capitalismo, ha sido capaz de mantener a millones de obreras y obreros laborando, pero siendo pobres o muy pobres. Los medios de propaganda y comunicación de la burguesía han diseñado una línea ideológica-cultural con la que pretenden (y quizás lo han conseguido) hacer creer que solo es pobre el mendigo expulsado del mundo laboral y obligado a vivir en la calle.

Hacer creer a obreras y obreros que no son pobres, que la vida de estos es justa (¿será porque son libres de ejercer su pobreza allá donde les plazca?, que por cierto también es mentira), y que existe la igualdad entre burgués y explotada/o. Esa es la labor por la que cobran la socialdemocracia y los gobiernos al servicio del burgués cobran; ellos también venden sus servicios al capital y no lo hacen por error (o como algunos afirman: "pobrecitas/os, no saben y/o están confundidos"), sus servicios mucho mejor remunerados que los de las obreras/os productores, han sido escrupulosamente seleccionados por el capitalista con la intención de no dejar nada al azar.

De estos esbirros, quienes por unas razones u otras no están a la altura de las exigencias impuestas por los capitalistas, son también despedidos (¡pobrecitos!), ya que cada ciclo necesita de unos gestores determinados: los capitalistas van contratando al mejor esbirro para esta labor.

El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del conocimiento. Este concepto fue desarrollado inicialmente por Marx y Engels, constituyendo la base científica de la filosofía marxista, donde confluyen el materialismo y la dialéctica. Es materialista porque parte del reconocimiento de la materia como base única del mundo, considerando la conciencia como una propiedad  más de la materia altamente organizada, una función del cerebro humano que refleja el mundo objetivo; es dialéctico porque reconoce la concatenación universal de los objetos y fenómenos del mundo, el movimiento y desarrollo de éste como resultado de contradicciones internas que actúan dentro de él.

La interpretación dialéctica consecuente de la materialidad del mundo es incompatible, por ejemplo, con la afirmación idealista de que las fuerzas motrices de desarrollo del mundo se encuentran fuera de los límites de éste.

Iniciamos este artículo situando este elemento fundamental del pensamiento científico revolucionario debido a que hoy día no se deja de repetir el pensamiento revisionista que, pretendiendo  hacer creer que las fuerzas motrices de desarrollo del mundo se encuentran fuera de los límites de éste, y  por consiguiente, nada podremos hacer para variar el curso de la historia con nuestra militancia e intervención revolucionaria.

Mientras se publican una y otra estadística, fríos números, las condiciones en que viven y se desempeñan la mayoría de los trabajadores migrantes estacionales en España son lamentables y en más de una ocasión les conducen a la muerte. Población migrante que sobrevive en condiciones infrahumanas, habitando chabolas, pisos y casas pateras en barrios marginales, todos próximos a las explotaciones agrícolas, de una patronal sin escrúpulos que considera a estos jornaleros y jornaleras seres inferiores sin derechos sociales.

Una patronal que justifica el no regularizar la situación legal de estas y estos obreros del campo, bajo el argumento de que si lo hace estos se marchan a zonas o países en los que se les garantiza mejores condiciones laborales y sociales. Habrá que decir a estos explotadores que los trabajadores del campo no abandonarían las localidades en las que se asientan transitoriamente, si las condiciones laborales y sociales les garantizara una vida digna en la que desarrollar todas sus esperanzas.

Clase obrera migrante que sufre todo tipo de opresión laboral, en muchas ocasiones son raptados y tratados como esclavos, población que mal vive en guetos chabolistas sin agua, luz y rodeados de basura, guetos que en ocasiones sufren incendios, unos accidentales, otros provocados por gentes de ideología fascista ocasionando muertes, pérdidas de las pocas pertenencias entre ellas papeles personales y la total desprotección meteorológica, quedando aún más vulnerables, ante la agresión empresarial.  

En el año 2022 el sector agrícola género más de 1.2 millones de contratos y no podemos cuantificar con exactitud el número de jornales que se desempeñan sin contrato, por conocimiento práctico, sabemos que cientos de miles de jornadas se llevan a cabo sin ningún tipo de contrato. Otra cuestión a tener en cuenta es la brecha salarial que hay en el sector. Ejemplo. Bajo los plásticos de la agricultura intensiva de Almería, la contratación femenina es escasa y cuando esta se da, los salarios de hombres y mujeres se diferencia hasta en mas de 10€ al día.

 

Los días 17 y 18 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero, la plantilla de Amazon en el centro logístico de Trapagarán, en Bizkaia, ha convocado Huelga. Los sindicatos LAB y ELA dicen que la plantilla “ya no puede más”. Exigen negociar un convenio de centro que ponga freno a la “precariedad laboral”1.

La cosa viene de largo. Las últimas movilizaciones de los 125 trabajadores de la plantilla fueron en noviembre de 2022, con una huelga coincidiendo con el Ciber Monday. Tras esa movilización la empresa pidió sentarse y negociar. Se detuvieron las protestas para hacerlo. Trece meses y más de 10 reuniones después no hay avances. Un clásico.

Según explican los sindicatos, Amazon sigue en la actualidad beneficiándose de la precariedad laboral: “largas jornadas de trabajo, uso excesivo de horas complementarias, altísimos ritmos de trabajo, un control constante por parte de las APP que afecta la salud física y/o psicológica de la plantilla, así como una gran inestabilidad por las contrataciones de ETT, falta del derecho a la subrogación de las y los repartidores, no aplicación del Convenio de Transporte al colectivo de repartidores y repartidoras...”

Y lo anterior se da, (o es a consecuencia de lo anterior), en un contexto de grandes beneficios para el gigante del comercio electrónico. “Para el cuarto trimestre de 2023, Amazon prevé ingresos entre 160.000 millones y 167.000 millones de dólares, con un beneficio antes de impuestos de entre 7.000 a 11.000 millones de dólares.”

¿Y que pasa con los centros de Amazon en el resto del Estado?

El 27 y 28 de noviembre, CCOO tenía convocada la primera huelga simultánea en todos los centros, unos 40, donde trabajan alrededor de 20.000 personas. Finalmente fue suspendida parcialmente por acuerdo entre las partes, pero solo en 14 centros, los grandes espacios logísticos, que pertenecen a Amazon Spain Fulfillment. Los “pequeños”, unos 25, se quedaron fuera y mantuvieron sus paros parciales.

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