En las Islas Canarias se ha dado lo que necesariamente se necesita en todos los sectores económicos del Estado.

Ha sido en la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. donde los sindicatos CCOO, UGT, Sindicato Libre, CSIF, Intersindical y C.G.T. anunciaron en el mes de diciembre el inicio de movilizaciones contra el recorte de efectivos que incluye una semana completa de desayunos reivindicativos y una convocatoria de Huelga General.

Todas estas organizaciones sindicales advirtieron que la situación es insostenible y hace imposible dar un servicio público de calidad, sufriendo la población canaria un deterioro del servicio público cuando Correos implante un «brutal recorte» en la Unidad de Reparto.

”El teletrabajo ha llegado para quedarse”. Este mantra viene siendo repetido hasta la saciedad por todos los operadores del sistema burgués: empresarios, medios de comunicación y sindicatos colaboracionistas.

Desde hace siglos, las relaciones de producción capitalistas han determinado el crecimiento de las ciudades – a  costa de la despoblación del entorno rural- –, la formación de empresas y las propias relaciones laborales; basándose, entre otros factores, en el hecho de tener que acudir diariamente al centro de trabajo.

Desde hace mucho tiempo existe el despido libre. De hecho siempre ha existido, pero tenía y tiene  una carga económica que el capital no quiere sostener.

Todas las reformas laborales han ido incidiendo en el abaratamiento del despido. 

Desde la publicación del Estatuto de los Trabajadores, allá por el año 1980, todos los cambios han sido a peor. 

En 1984 so pretexto de ayudar a la contratación (pretexto esgrimido siempre por la patronal y los sindicatos apesebrados) se favoreció la contratación temporal y se introdujeron mecanismos de flexibilidad en las condiciones de trabajo.

En 1988 se introdujeron los contratos basura, en 1992 se rebajaba la duración y cuantía del seguro de desempleo, en 1994 se legalizan las ETT’S, el despido objetivo y los nuevos contratos basura.

Que la clase obrera dependa de la interpretación de un Tribunal Supremo para garantizar sus derechos es una muestra de lo mal que se ha legislado en este país en materia laboral durante 40 años de democracia representativa burguesa, de los cuales 23 son de gobiernos del PSOE, empezando en el año 1982.  O de lo bien que lo han hecho a favor de la patronal.

Tampoco se ha avanzado demasiado con la autodenominada coalición progresista PSOE -Unidas Podemos y la firma del acuerdo de gobierno el 30 de diciembre de 2019, por el que se comprometieron a crear empleo de calidad, elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, derogar la reforma laboral (solo la de 2012), simplificar los contratos de trabajo, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, impulsar las luchas contra el fraude laboral, revisar las causas de despido, etc.

En las sociedades capitalistas, las instituciones existentes obedecen a los intereses de clase de la burguesía, de hecho, son instituciones suyas. Dentro de estas instituciones se encuadran los juzgados y los diversos organismos de la administración estatal que regulan las relaciones laborales: juzgados de lo social e inspección de trabajo, entre otros y que, en caso de surgir un conflicto de intereses entre trabajadores y patronos, intervienen a modo de supuestos árbitros imparciales. Todo ello, bajo el paraguas del derecho burgués.

 

Una vez más los aparatos del estado burgués legislan con intención de favorecer los intereses de la oligarquía, profundizando la brecha económica que sitúa a la clase obrera y capas populares en precariedad y marginalidad. En esta ocasión a cuenta y en detrimento del sistema público de pensiones y para favorecer los fondos privados de pensiones.

El gobierno socialdemócrata del PSOE-UP, al servicio de los intereses del capital oligárquico, ha reunido a la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y ha aprobado una serie de medidas que como objetivo principal tienen el asegurar que la oligarquía financiera, la del estado y la foránea, no vean resentidas sus ganancias y si es posible, que las aumenten engordando sus cuentas de resultados.

El Pacto de Toledo fue el documento que la burguesía colocó allá por 1995 en el Congreso de los Diputados para supuestamente analizar los problemas del sistema de la seguridad social y proponer las principales reformas que había que emprender. Detrás de esta palabrería se pretendía crear una herramienta cuyo objetivo es principalmente privatizar el sistema público de pensiones, un potencial “negocio” para muchos que en 2019 movió 134.629 Millones de Euros1.

En estos días nos han salpicado las noticias sobre la explotación en la agricultura. En este país tan europeo y avanzado se explota hasta niveles cercanos a la esclavitud. Sin contratos, sin convenio, sin ninguna garantía.

Son jornaleros y la mayoría inmigrantes, porque los españoles no quieren trabajar. O eso es lo que nos dice el capital. Que hay gente que no quiere trabajar como esclavo.

Mientras tanto, nuestra Constitución (la intocable) reconoce el derecho al trabajo pero no lo garantiza, porque el capital necesita bolsas de parados para presionar a quienes sí tienen trabajo. El ejército industrial de reserva que decía Marx: “en épocas anteriores a la implantación del sistema capitalista, el desempleo estructural a escala masiva raramente existía, aparte de aquel causado por desastres naturales y guerras. De hecho, la palabra «empleo» sería un producto lingüístico de esta era.

Un nivel permanente de desempleo presupone una población obrera ampliamente dependiente de un sueldo o salario para la supervivencia, sin posibilidad de otros medios de vida. Así como también el derecho de los capitalistas o empresarios de contratar y despedir empleados de acuerdo con condiciones económicas o comerciales (precariedad laboral)”

Desde el comienzo de la crisis de la Covid-19 hemos visto como desde la patronal de Hostelería se exigían al gobierno medidas para evitar el golpe económico que suponía el cierre total o parcial del sector. Ya en marzo la ministra de Trabajo, con el beneplácito de la patronal y CCOO-UGT, puso a disposición del sector los ERTE de Fuerza Mayor, gracias a los cuales la patronal dejaba de pagar los salarios y cotizaciones de sus empleados/as, mientras los trabajadores/as pasaban a cobrar el 70% de su sueldo (del “oficial”). Eso en caso de cobrarlos, porque hemos visto infinidad de casos en los que se ha tardado meses en cobrar los ERTE.