Este artículo, bien podría ser una segunda parte de aquel “PGE 2021, estafa socialdemócrata” que publicó Unidad y Lucha a finales del 2020 de la mano de Carmelo Suárez, donde se analizaba la inamovilidad del modelo productivo y los escasos cambios que el gobierno socialdemócrata había implementado, más allá de las retóricas proclamas propagandísticas sobre el cambio de modelo, sobre ecología, feminismo, cohesión social, etc.,

Los Presupuestos Generales del Estado del 2022, confirman esa sumisión lacayuna del “gobierno más progresista de la historia de España” a los intereses leoninos de la oligarquía.

Las condiciones de vida de este 2021 han empeorado ostensiblemente con un aumento de los niveles de pobreza con las mujeres al frente de familias monomarentales como protagonistas principales. Asimismo, las más diversas violencias aumentan y se sitúan en algunos casos por encima de los niveles prepandemia.  Aún así la ministra de Igualdad Irene Montero afirma que “…desmontamos las grandes mentiras sobre las que se ha sustentado el consenso sobre el sistema económico capitalista en esta fase neoliberal. Que si subir el salario mínimo iba a destruir la economía, que garantizar derechos iba en contra de la prosperidad económica, que los derechos de las mujeres eran una cuestión accesoria y no central del debate político de un Estado... Esos mantras, sobre los que se sustentaba esta forma de organización económica y social, los estamos destruyendo uno por uno”.

Mientras los países imperialistas preparaban la Guerra Mundial (1914-1918) y el problema nacional adquiría gran importancia, Lenin defendió la unidad internacional de la clase obrera, al tiempo que comprobaba que el movimiento revolucionario ruso, en pleno desastre bélico, crecía en medio de importantes huelgas económicas y políticas. Igualmente, desde su exilio en Suiza donde permaneció hasta el 27 de marzo de 1917, el dirigente bolchevique criticó el posicionamiento de la socialdemocracia internacional, que tras desistir de la necesidad de alzar a la clase obrera contra la guerra y por el derrocamiento del capitalismo, pidió su participación en la contienda. Lenin, sin embargo, le proponía votar contra los créditos de guerra, retirar a sus representantes de los gobiernos burgueses y apoyar las acciones revolucionarias obreras y la fraternización de los soldados en el frente. 

Atraviesa la intelectualidad burguesa uno de sus momentos más decadentes. Sus máquinas de guerra ideológica se han esclerotizado y se refugian en argumentos filantrópicos inverosímiles a la sombra de la pandemia y las dádivas de vacunas mercantilizadas. Todo barnizado con tecnologías.

Ya no les alcanzan las maromas silogísticas más recurrentes para esconder la lucha de clases. No podrán ocultar el crimen económico monumental durante la pandemia que arrasó con la clase trabajadora y enriqueció, como nunca, a las burguesías imperiales. No podrán esconder la bofetada lacerante contra el derecho básico a la alimentación, la vivienda, la educación... la dignidad. Es inocultable la inmoralidad del capitalismo en un mundo despojado de infraestructura mínima para los pobres y con una industria militar creciendo con cifras récord.

En los cenáculos de la intelectualidad burguesa dirimen la invención de un «capitalismo humano», «capitalismo social», «socialismo capitalista»... que no cuadra en práctica alguna la aberración de sus sofismas. Hoy, para sobrevivir ellos, solo cuentan con sus maquinitas de fake news y algunos reformistas desvergonzados. A la intelectualidad burguesa no le alcanza la saliva docta para apagar el «incendio» de la emancipación. Cada día se oculta menos el carácter criminal de los bloqueos que no son otra cosa que extorsión, saqueo y marginación con premeditación, alevosía y ventaja... todas las agravantes indefendibles del propio «derecho» burgués.

¿Es la monarquía corrupta? Cuando los medios informan de las actividades económicas de la monarquía, y muestran, a modo de escándalo, los pelotazos millonarios que el Borbón se han procurado durante décadas, no estarán haciendo tal vez una falsa atribución, la de considerar que la casa real procede según la misma justicia que los demás. Acaso no es olvidar el hecho de que siempre ha sido tarea de reyes la gestión personal de todo tipo de favores. Que cuando el poder se ejerce por nacimiento el verdadero escándalo es que siga habiendo monarquía en pleno siglo XXI.

Este es el cuento, mientras que vamos con aires de autosuficiencia dando lecciones de democracia, nos tragamos la fantasía del principito que trajo la democracia. Añadiendo así a la conflictiva, reaccionaria y caciquil historia de España, el “y fueron felices y comieron perdices” desde aquel 1981,  en el que con ayuda de unos y de otros Juan Carlos se consagró como el rey del pollo frito -perdón- de la democracia. De Juan Carlos sabíamos que fue un joven de 18 años, que siendo cadete de la academia militar de Zaragoza, disparó por error a su hermano, también sabíamos que su vida marital no era la de un esposo ejemplar, que le encanta la caza mayor, al alcohol, y las mujeres, y hasta sabíamos que deliberadamente la prensa nunca informaba sobre todo eso. Ahora también sabemos que su economía era más propia de un emprendedor bien relacionado que de un leal servidor del estado en funciones diplomáticas.

Como proyecto reformador de la ley de Memoria Histórica 52/2007 parida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, esta nueva ley  llamada de Memoria “Democrática” está redactada bajo el aparato ideológico de la sacro santa y “modélica” Transición y la Constitución del 78, modelo que desde la muerte del dictador han guiado tanto a la derecha neofranquista, la socialdemocracia y la izquierda reformista, todo ello amparado por un sistema monárquico burgués, heredero del franquismo y garante del actual sistema de dominación.

La voluntad del Gobierno es la reconstrucción de un discurso idílico de la Transición, período donde se gestaron los grandes pactos de vergüenza y olvido para con las víctimas del franquismo y que también supusieron el desarme de la clase obrera.

Prueba de ello es la propuesta de la nueva ley  de la celebración del Día de las Víctimas del Franquismo el 31 de octubre, fecha que simboliza la aprobación en el Parlamento en 1978 del texto de la Constitución. ¿Qué tienen que celebrar las víctimas del franquismo ese día? Nada.

Si hubiese un término para definir a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), instrumento militar al servicio del imperialismo norteamericano, es de: “terrorista” en la medida en que la OTAN es una organización terrorista en el sentido literal de la expresión ya que ha sido portadora de muerte y destrucción haya donde ha intervenido.

La enumeración de las múltiples agresiones sería un listado interminable, citamos unas cuantas.

En el continente europeo la conocida como “Estrátegia de la Tensión” encaminada a  desestabilizar  Italia, en un momento en que el Partido Comunista de Italia había alcanzado un 32% de expectativas electorales y tenía muchas posibilidades de incorporarse al gobierno. Para impedirlo, la OTAN fomentó y apoyo a grupos de carácter fascista y terrorista que realizaron atentados tan brutales como el de la estación de Bolonia, con más de un centenar de muertos.

En Portugal, tras la Revolución de los Claveles – 25 de abril de 1974- que derrocó la dictadura Salazarista y cuyos protagonistas militares estaban encuadrados en el llamado “Movimiento de las Fuerzas Armadas” (M.F.A.), en cuyo programa estaba el desarrollo independiente y de no alineamiento, es decir, ajena a la OTAN. Para impedirlo, la OTAN conspiró y fomento diversos golpes de Estado. Hay que señalar que el objetivo de desvirtuar la llamada Revolución de los Claveles contó con el inestimable apoyo del Partido Socialista Portugués entonces liderado por Mario Soáres.

El Gobierno asignará casi 7.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración urbana. De la partida de 70.000 millones que “no hay que devolver”, supone la segunda en cuantía.

De este paquete, 3.420 millones de euros llevarán la etiqueta de la "rehabilitación para la recuperación económica", de los que 1.994 millones serán para rehabilitación integral de edificios, 976 millones para rehabilitar barrios y otros 450 millones de euros para deducciones fiscales.

Además, 1.000 millones irán destinados a construir viviendas de alquiler social (20.000 pisos) y otros 1.080 millones para rehabilitar edificios de las Administraciones autonómicas y locales.

Y sigue y sigue… Sigue el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Continúa el enjuiciamiento de las mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo, sobre la opción de convertirse o no en madre y de cuándo hacerlo.

Recordemos un poco la normativa que existe en el Estado Español. Hasta el año 2010 existía la llamada ley de supuestos. Las mujeres únicamente podían abortar en determinados supuestos, el riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto. Esta ley vigente desde 1985 obligaba a las mujeres a buscar otras salidas para poner fin a un embarazo como recurrir a la sanidad privada que realizaba informes de riesgo por un módico precio. Todo aborto fuera de dichos supuesto era penado por el Código Penal.

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