CORONAVIRUS: SEGUNDA DECLARACIÓN

El Secretariado Político del Comité Central del PCPE, ante la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno, emite la siguiente DECLARACIÓN:

1. Un gobierno al servicio del capital, no al servicio de las personas

A pocos meses de la celebración del XI Congreso del PCPE, conversamos el Secretario General, el camarada Carmelo Suárez, para que nos detalle las claves del momento político actual y el desarrollo del proceso hacia el XI Congreso del Partido, que se celebrará el próximo mes de julio.

Redacción (R): ¿Cómo caracteriza el PCPE la actual situación política internacional?

DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCPE

1.- Hoy nuestro país enfrenta una alta demanda social como consecuencia del aumento del número de personas afectadas por el coronavirus Covid19. Existe inquietud en la población, y de forma amplia se demandan respuestas concretas que puedan llevar la tranquilidad ante esta situación sanitaria.

2.- Esta demanda social pone de manifiesto la fragilidad de un gigante con pies de barro. El sistema capitalista es, en términos objetivos, un obstáculo para garantizar las condiciones de salud y vida de la población. Las iniciativas de las instituciones internacionales, y también las del actual gobierno de coalición socialdemócrata presidido por Sánchez e Iglesias, están priorizando el mantenimiento de la tasa de beneficio por encima de cualquier otro objetivo. Las medidas necesarias, que se deberían tomar de forma urgente para la salud de la población, están siendo supeditadas a garantizar la ganancia del capital financiero y de los grupos monopolistas, las ayudas, una vez más, se orientan directamente a ellos.

El XVIII Pleno del Comité Central del PCPE, reunido los días 29 de febrero y 1 de marzo del presente año 2020 en la Sede Central del Partido en Madrid, ha aprobado las Tesis que se enviarán inmediatamente a toda la militancia para que se inicie de esta manera el proceso de debate en todas las células.

Se suele decir que en el amor y en la guerra todo vale. Y el hecho claro y contundente es que estamos en un proceso bélico de alcance mundial en lo que respecta a la economía. Las tensiones entre China y EEUU han ido creciendo a lo largo de los últimos años y las políticas arancelarias y proteccionistas son contestadas con políticas arancelarias y proteccionistas de la contraparte.

La pugna no es algo exclusivo de estas dos potencias, pero sí las que más evidencian esta liza.

Acto público con Carmelo Suárez. Secretario General del PCPE

En el Estado español hay 3.507 locales de juego, ofreciendo a la clase obrera dejarse allí el escaso salario que percibe por su trabajo. Estos negocios cumplen un papel de utilidad para la estrategia de reposición de la tasa de ganancia que el capitalismo trata de recuperar, a toda costa, tras la agudización de la crisis en 2008. A estos locales debemos sumar las cuentas de páginas donde poder apostar con la simpleza de un click, sin más exigencia de seguridad que la de admitir, sin ningún tipo de garantía, tener más de 18 años.

¡Santiago, y cierra España! Era el grito que los españoles proferían en la reconquista y en las luchas contra los infieles durante el imperio de los Austrias. Esta consigna bélica ha estado presente en los discursos y en las prácticas de todos los gobiernos que se han sucedido hasta hora, hayan sido de un signo u otro. Como bien dijo el sabio Sancho Panza a su señor “¿está por ventura España abierta, y de modo, que es menester cerrarla, o qué ceremonia es esta?[1]No parece que la incredulidad de Sancho esté desfasada ni vaya a tener respuesta en un gobierno de colegas, perdón, de coalición.

 

El 13 de febrero de 2020, La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sede en Estrasburgo, dictó una sentencia que por su importancia, por su valor símbolico, y por su representatividad no puede pasar desapercibida. Son de esas sentencias que marcan tendencias y que deja en evidencia, con una claridad meridiana, lo que encubre cuando la burguesía llama “derechos humanos” a lo que sólo se reduce al reconocimiento del  derecho a la propiedad privada.

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