En abril del año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) bajo el régimen de Trump despidió unilateralmente a 1,000 trabajadores del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

El régimen de Trump no es ajeno a violar los derechos de negociación colectiva, ni a entrometerse en las vidas de miles de trabajadores de clase media que dependen de sus empleos en el sector público para sustentarse a sí mismos y a sus familias. Desde que Trump asumió el cargo, más de 11,000 trabajadores en todo el Gobierno Federal, desde la Administración del Seguro Social hasta el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, vieron sus derechos de negociación colectiva pisoteados por intereses millonarios, y todos estos despidos se llevaron a cabo bajo el "Departamento de Eficiencia Gubernamental" de Elon Musk.

Los despidos del NIOSH el año pasado afectaron principalmente a científicos, ingenieros y expertos técnicos que trabajaban en programas de investigación de seguridad ocupacional en Pensilvania, Washington, Ohio y Virginia Occidental.

Cada faceta de las operaciones del NIOSH se vio afectada, incluyendo, entre otros, el Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal, que prueba y aprueba equipos de protección personal (EPP), y el Programa Minero del NIOSH, que estudia la seguridad y salud de los mineros.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo RFK Jr. ofreció poca justificación para los despidos, con funcionarios anónimos de salud federal reportando a la prensa que se trataba de una "reestructuración drástica".

Pancartas del DKP “Paz con Rusia y China”, “Manos fuera de Venezuela”, “expropiar las inmobiliarias” y “contra el servicio militar obligatorio”, Stop genocidio en Gaza.

La manifestación “Luxemburg – Liebknecht” el domingo 11 de enero 2026 recordó los fundadores del Partido Comunista de Alemania – asesinados el 15 de enero de 1919 por encargo de la socialdemocracia – y los comunistas denunciaron la crisis y el aumento de la pobreza.

Las cifras de desempleo en Alemania a finales del año 2025 son las más altas desde 2010, cuando hubo más de 3 millones de parados. En diciembre de 2025 las cifras del paro alcanzan los 2,9 millones, equivalente a una tasa de desempleo del 6,2 %.

A esto se suma que el número de puestos vacantes ha disminuido considerablemente. En diciembre de 2025, se registraron 35.000 ofertas de trabajo menos que hace un año.

La bolsa, por el contrario, no se ha visto afectada por la evolución del mercado laboral. El año pasado, a pesar de la crisis, de la destrucción de empleo y la política arancelaria de EE. UU., registró el índice bursátil alemán DAX (como el IBEX-35) un aumento del 23 %, el mejor año desde 2019. Y en 2026 también parece que va a haber una sola dirección: al alza. Justo al comienzo del año, el índice de referencia saltó a un máximo de 24.873 puntos. Las reformas del gobierno conservador de Friedrich Merz prometen aumentar la tasa de ganancia del capital, unos dividendos elevados, recortes en prestaciones sociales, la destrucción de puestos de trabajo e incluso la desindustrialización de todo un país.

El actual récord de una nueva subida de las cotizaciones en bolsa representa – sorpresa – el sector armamentístico. La tensa situación geopolítica provocada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela impulsó al alza las acciones del grupo Rheinmetall.

Los “tanques de pensamiento” al servicio del Imperio tienen que haber descifrado los mensajes del pueblo cubano, de Raúl, de Díaz-Canel, de todos nuestros líderes, a propósito del homenaje póstumo rendido a los 32 héroes caídos en Caracas.

¿Tenemos los días contados?

Después del golpe brutal del Imperio contra Venezuela el pasado 3 de enero y del secuestro del presidente Maduro y de su esposa, una oleada de euforia anticubana recorre las redes sociales.

El rencor contra nuestra obra, contra los ideales que defendemos; las frustraciones acumuladas por batistianos y post-batistianos; los más antiguos apetitos de venganza y otros en apariencia nuevos; todos esos componentes, más el afán oportunista de sobresalir que muestran muchos en una coyuntura “histórica”, se mezclan en un discurso abiertamente fascista.

El coro de anexionistas reales y virtuales ha venido repitiendo una y otra vez que la Revolución Cubana tiene los días contados. Este triunfalismo se ha multiplicado con la infame Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero.

Se trata, según el lúcido y fraterno Manolo De los Santos, de “una estrategia deliberada de asfixia económica total”, de “un castigo colectivo, una violación del derecho internacional que utiliza el hambre, la oscuridad y la enfermedad como armas políticas para quebrar la voluntad de un pueblo”. Es, de nuevo, nos recuerda Manolo, “el manual de Mallory”, empleado de la manera más perversa desde Eisenhower hasta Trump.

En el siglo XXI la descolonización no ha finalizado. El pueblo saharaui sigue pendiente del reconocimiento de su legítimo territorio de el Sahara Occidental, usurpado por el colonialismo español desde finales del siglo XIX.

A pesar de que 84 países reconocen a la RASD, 50 años después de su proclamación, el derecho de autodeterminación mediante referéndum de su legítima población, continúa sin realizarse, forzando a empuñar las armas para defender su derecho inalienable.

En base a la solidaridad internacionalista, y la justa lucha del pueblo saharaui, el PCPE insiste en este 50 aniversario en las siguientes consideraciones:

IMPUTANDO al estado español en sus distintos estamentos de monarquía, gobierno e instituciones, la situación de desamparo del pueblo saharaui, muestra de la permanente falsedad con que afronta la responsabilidad como antigua potencia colonial.

Seguimos CONDENANDO al imperialismo norteamericano, valedor en la sombra de la irresolubilidad de las resoluciones de la ONU, referentes al derecho de autodeterminación proclamado y firmado por todos los países miembros de este organismo.

Seguimos DENUNCIANDO que el oscurantismo y olvido de este asunto, se debe principalmente al interés económico y estratégico que posee el territorio de el Sahara Occidental. 

Seguimos CULPABILIZANDO al gobierno de coalición PSOE/Sumar (IU, PCE,etc) presidido por Pedro Sánchez, por su actitud. Su decisión de apoyar el plan de autonomía de este territorio dentro de la estructura administrativa del  reino de Marruecos, representa un dislate jurídico y un atentado a la seguridad de la lucha del pueblo saharaui, eludiendo, entre otras, la Resolución 2072 de Naciones Unidas de 1965, sobre la responsabilidad que tiene el estado español de garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui. Quienes hablan de realismo político asimilando éste a la normalización de la ocupación marroquí (con el beneplácito del imperialismo yanqui), no hacen más que blanquear el sometimiento a la barbarie imperialista y al incumplimiento de los acuerdos internacionales.

El Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), en su IV Plenario del XII Congreso celebrado en su sede de Madrid los días 24 y 25 de enero de 2026, rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en lucha desigual contra las tropas especiales del imperialismo norteamericano.

El CC del PCPE, antes del comienzo del plenario, solemnizó la memoria de los 32 internacionalistas con un minuto de silencio.

El CC del PCPE honra a los 32 revolucionarios que dejaron sus vidas en cumplimiento de los valores más elevados que la Revolución cubana ha estado practicando desde el 1 de enero de 1959.

El CC del PCPE transmite el reconocimiento a los 32 hermanos cubanos que han alimentado, con su ejemplar lucha, las páginas más destacadas de la Historia de la solidaridad internacionalista.

El CC del PCPE traslada su emoción a los familiares y amigos de los 32 insignes combatientes, al pueblo cubano, al Partido Comunista de Cuba, a los ministros de Interior y de Defensa del gobierno cubano, y al Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

El CC del PCPE refuerza su convencimiento de la gran labor de la conciencia y los valores revolucionarios que distinguen al pueblo cubano, educado en la solidaridad internacionalista y los ejemplos permanentes que desde hace 67 años se siguen desarrollando en multitud de países y zonas del mundo. Los 32 cubanos rindieron sus vidas con valentía y honor patriótico, martiano y fidelista.

Siendo la “solidaridad la ternura de los pueblos”, el CC del PCPE también proclama que “al imperialismo, ni un tantico así”.

Para los 32 internacionalistas cubanos: ¡HONOR Y GLORIA ETERNOS!

A 25 de enero de 2026

Comité Central PCPE

 

El IV Pleno del Comité Central del PCPE, reunido los días 24 y 25 de enero del 2026 emite esta resolución general con el propósito de compartir con el conjunto de la clase obrera y los sectores populares un análisis para la acción revolucionaria y la toma de conciencia.

Después del secuestro de Nicolás Maduro Moros, ¿qué podemos esperar del imperialismo?

El secuestro del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y de la diputada y Primera Combatiente Cilia Flores el pasado 3 de enero supone un salto cualitativo en las agresiones imperialistas contra los pueblos que defienden su soberanía e independencia. Un salto cualitativo que es continuación de la política de guerra del imperialismo (con EE. UU. a la cabeza de esta) hacia la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto, contra Cuba y el resto de los proyectos soberanos de América Latina y del mundo. En esta resolución queremos dar una especial mención a los 32 combatientes internacionalistas cubanos y las decenas de civiles y militares venezolanos que fueron asesinados durante el secuestro.

Durante los últimos días también hemos sido testigos de las agresiones del imperialismo contra Irán, Líbano y de la continuación del genocidio sobre el pueblo palestino por parte de la entidad sionista. El Eje de la Resistencia continúa siendo la vanguardia de los pueblos contra los EE. UU.

Las medidas coercitivas, atentados, bloqueos o “golpes blandos” son parte de la misma política que, en función de las necesidades del capitalismo y de la resistencia de los pueblos, determina el desarrollo de la lucha de clases a nivel internacional.

Las proclamas de la socialdemocracia apelando al respeto al derecho internacional y a los organismos surgidos tras la II Guerra Mundial demuestran una vez más que esta es la única gestión posible del sistema capitalista y que sólo la lucha de la clase obrera en alianza con los sectores populares puede contrarrestar la violencia a la que nos pretenden someter.

Considerar que el momento actual en el que vivimos es causa de los delirios de Donald Trump, es exactamente lo mismo a imaginar que sin Hitler no se hubiese producido la II Guerra Mundial con millones de muertes. El objetivo de la socialdemocracia siempre es el mismo: desvirtuar la raíz del problema y prometer atajos que impidan una salida revolucionaria dirigida por la clase obrera.

El informe de Childlight revela que 1 de cada 15 niños en Europa ha sido víctima de violación o agresión sexual, una "pandemia oculta" con una incidencia mucho mayor en las niñas (9,7 %), un 4,7 % afirma haber sufrido una violación antes de los 18 años, y un 7,4 %, una agresión sexual. En línea, 1 de cada 5 niños estuvo expuesto a contenido sexual no deseado, un abuso impulsado por la IA. En 2023, las líneas de ayuda a la infancia informaron de más de 33.000 (33.261) llamadas relacionadas con la explotación y el abuso sexual infantil.

Este problema sistémico y gravísimo, la pederastia, es la excusa principal que ha impulsado los proyectos de “seguridad” de la Unión Europea, oficialmente una “respuesta técnica” al terrorismo, crimen organizado, desinformación, inseguridad digital o conflictos geopolíticos. Problemas todos creados por el propio sistema y nos preguntamos qué intereses de clase protege realmente esta arquitectura de seguridad y su coste social.

El instrumento SAFE (Security Action for Europe), aprobado en 2025, moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos públicos para reforzar capacidades de defensa, seguridad industrial y tecnologías estratégicas, lo que contrasta con el estancamiento o retroceso del gasto social en muchos países de la UE. No es una anomalía, sino una prioridad de clase: cuando el consenso social se erosiona y las condiciones materiales de las mayorías se precariza, el capital exige seguridad y control.

El reciente escándalo en torno al hospital de Torrejón ha sacado a la superficie lo que desde hace décadas se viene denunciando: la privatización silenciosa y planificada del sistema sanitario.

A un lado del tablero aparecen los hipócritas que, con aparente indignación, prometen blindar la sanidad pública y derogar leyes que ellos mismos mantienen en pie. Al otro, los defensores del lucro en la gestión sanitaria, que reducen las denuncias a conflictos empresariales. En el fondo, ambos comparten el mismo interés: garantizar que la salud continúe siendo una fuente de beneficio para las empresas privadas que parasitan el presupuesto público.

Desde finales de los años noventa, con la aprobación de la Ley 15/97, o de “Nuevas Formas de Gestión en el ámbito del SNS” con los votos de PP, PSOE, CC, PNV y CiU, se legitimó la entrada del capital privado en la gestión de los hospitales y centros sanitarios. Aquel texto, aprobado por la suma de los grandes partidos, abrió una puerta que ya nunca se cerró. Bajo el pretexto de la eficiencia, se instauró un modelo que convierte cada acto médico en un cálculo económico. La sanidad dejó de ser un derecho para transformarse en un mercado donde las empresas compiten por captar pacientes “rentables” y desechar a los que no lo son.

El resultado ha sido previsible: aumento de la mortalidad evitable, reducción de personal, altas médicas precipitadas, recortes en material y precarización laboral. Pero lo más grave ha sido la complicidad institucional que ha permitido estas prácticas. Los gobiernos de turno, sean del PP, del PSOE/PODEMOS o de sus aliados progresistas, no solo mantuvieron intacta la legislación privatizadora, sino que ampliaron los contratos y concesiones a las multinacionales del sector sanitario.

Mientras tanto, los colectivos que llevan más de veinte años luchando por una sanidad completamente pública han sido sistemáticamente silenciados. La Iniciativa Legislativa Popular en la que colaboró la militancia del PCPE, impulsada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), para derogar la Ley 15/97 reunió cientos de miles de firmas en todo el Estado. Sin embargo, quienes se llenan la boca con discursos “por la sanidad pública” —PSOE, Podemos, Sumar y compañía— se negaron a respaldarla. No solo miraron hacia otro lado, sino que llegaron a obstaculizar la recogida de firmas con campañas paralelas que desviaron la atención y diluyeron la movilización popular.

La política que mantiene el Gobierno del Estado español, encabezado por Pedro Sánchez, hacia Marruecos es una política plenamente consciente, alineada con los intereses del capital monopolista y subordinada a la estrategia imperialista de la UE, la OTAN y Estados Unidos en el norte de África. El Estado español asume complacido su papel subordinado en el reparto de funciones diseñado por los centros de poder imperialista.

Marruecos, como un buen perro guardián, también cumple la función que le ha asignado el imperialismo: vigilar, contener y reprimir para que el capitalismo mantenga su control sobre África. No actúa por iniciativa propia, sino como pieza útil del engranaje imperialista, garantizando que las rutas comerciales, las inversiones y los intereses militares de las potencias occidentales no se vean cuestionados por los pueblos del continente.

No se defienden los derechos de los pueblos, sino los beneficios del capital. El Gobierno español, por tanto, avala la represión, el chantaje político y la ocupación colonial.

El giro respecto al Sáhara Occidental, que venía observándose en los últimos años, marca un punto de inflexión muy grave. Al asumir la posición de Rabat, con el beneplácito de Estados Unidos y por la UE, el PSOE certifica su plena integración en la lógica imperialista. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ha sido sacrificado conscientemente en nombre de la “estabilidad regional”. Más aún: el Gobierno español ha defendido en el seno de la UE acuerdos ilegales de pesca y explotación de recursos que incluyen territorio y aguas saharauis, actuando como cómplice directo del saqueo y vulnerando sentencias judiciales y el derecho internacional.

batalla_de_ideas2-page001.png