La OMS define las desigualdades en la salud como evitables entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente. Las diferencias se derivan de cuestiones biológicas y de la distinta posición en la estructura social.

Además, los determinantes sociales de la salud, como el nivel socioeconómico, se entrelazan con los roles de género y con factores culturales. Dichas desigualdades tienen raíces estructurales e históricas: la posición tradicional de las mujeres como cuidadoras, con trayectorias laborales más cortas y fragmentadas, y pensiones más bajas.

Igualdad de género en salud significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos plenamente y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados.

La equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres.

El impacto de la desigualdad de género en la salud de las mujeres afecta a los procesos y resultados de salud y enfermedad, y a su atención desde los servicios de salud.

Las diferencias en términos de salud entre hombres y mujeres no solo se traducen en la manifestación, la severidad y las consecuencias de la enfermedad, sino que también pueden limitar su acceso a los recursos, a la información y a los servicios sanitarios.

A pesar de que la esperanza de vida de las mujeres es más elevada que la de los hombres, eso no se traduce en calidad de vida. Nuestra vida con buena salud y sin enfermedades crónicas es más corta que la de los hombres.

Los patrones de vida tienen una clara distribución por género, falta de equidad en la distribución de los tiempos de trabajo productivo y reproductivo, y de ocio y descanso entre hombres y mujeres.

Cuando Andalucía sufría hace unas semanas el paso de la borrasca Leonardo, los colegios cerraron sus puertas. Una madre soltera con dos hijas de 3 y 5 años solicitó a la empresa para la que trabaja, Ryanair, ausentarse ese día para poder asumir el cuidado de las niñas. La respuesta de recursos humanos fue tajante: rechazó su petición de permiso retribuido por cuidado de menores y tampoco aceptó imputar ese día a un día libre no remunerado. En palabras del responsable, el cuidado de los hijos “no era problema de la empresa”.

El capitalismo lo tiene muy claro: el trabajo invisible de los cuidados no es problema de la empresa ni del estado burgués ni de nadie, salvo de las mujeres.

En el contexto actual de superestructura patriarcal y estructura económica capitalista, tareas necesarias para el funcionamiento de toda la sociedad, como el cuidado de la familia y del hogar, se echan sobre las espaldas de las mujeres y se contemplan como responsabilidades individuales para las que, sin embargo, el sistema pone numerosas dificultades. Estas dificultades están ahí para todas las personas que deban conciliar su vida laboral y familiar, pero el peso de todo este trabajo no remunerado sigue cayendo mayoritariamente sobre la mujer trabajadora. Cuando comprobamos los datos, vemos la desigualdad que esto conlleva entre la clase obrera: más del 73% de los puestos a media jornada están ocupados por mujeres, y esta es una de las principales causas de la brecha salarial, que actualmente se sitúa en un 18,6%. Es decir, las mujeres no solo realizan trabajo reproductivo no remunerado, sino que perciben salarios inferiores, entre otros factores, porque una jornada completa no les permite llevarlo a cabo.

El caso de la trabajadora de Ryanair no representa solo la tiranía de una empresa, sino una realidad que nos afecta a todas: no tenemos alternativas para los cuidados más allá de la acción individual, y cuando el camino no es socializar estas tareas, continúan asumiéndolas las mujeres, con todo lo que supone para nuestro desarrollo vital.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja, lo que supone una violación de los derechos humanos.

El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia se materializa en diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.

El homicidio por razones de género es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y las niñas.  El feminicidio, crimen de odio contra las mujeres, tiene su origen en la relación desigual entre mujeres y hombres en la sociedad patriarcal.

El feminicidio puede producirse por discriminación hacia las mujeres y las niñas, por desequilibrios en las relaciones de poder, por estereotipos en los roles de género, o bien por la existencia de normas sociales que consienten y perpetúan la violencia contra las mujeres y niñas. Ocurre en múltiples formas de violencia, en los hogares, puestos de trabajo, escuelas o espacios públicos, que incluye desde la violencia de pareja hasta el acoso sexual y otras formas de violencia sexual, prácticas nocivas y trata de personas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina).

El feminicidio es una crisis global que afecta a las mujeres y las niñas en todos los países y territorios. África destaca por ser el continente con la tasa de feminicidios más alta, 30 por millón de habitantes, y el mayor número absoluto de víctimas: se calcula que habrá 22.600 en 2024, según la Organización de las Naciones Unidas. América y Oceanía también registraron altas tasas en 2024 (15 y 14 por millón, respectivamente), mientras que las tasas fueron más bajas en Asia (7) y en el continente europeo en general (5).

 

Más allá de un “fallo” significativo en la comunicación de los resultados del cribado de cáncer de mama en Andalucía, de una mala coordinación entre Administraciones, de no existir un procedimiento claro para notificar y dar respuesta a miles de mujeres sin conocer los resultados sobre sus mamografías; sin ser citadas para realizarse pruebas adicionales como ecografías, biopsias o diagnósticos de ampliación de estudio, ha generado no sólo retrasos aumentando las listas de espera, sino que ha vulnerado derechos fundamentales, finalizando, en algunos casos, en muerte por diagnósticos tardíos o erróneos en los cribados.

Por si todo esto no fuera suficiente, subyace una realidad concreta: la destrucción del sistema sanitario público por una neoliberalización de la sanidad. El ansia de extraer, de privatizar los recursos de los activos acumulados durante décadas por la clase trabajadora (que somos todas las que tienen que levantarse a las seis y media de la mañana para ir a trabajar y ganar un salario) lleva al capital a querer aprovecharse de esos recursos, de esos servicios públicos.

¿Quién paga las consecuencias de esa insuficiencia sanitaria, cuando el sistema de salud ha fallado?

Aquellas mujeres que están en una posición más frágil, más desvalida. No todas pueden acudir a la sanidad privada.

Es decir, no todas cuentan con los mismos recursos, con el mismo poder adquisitivo; los retrasos en los cribados, amplia la desigualdad existente entre unas y otras mujeres. No afecta a todas por igual. Sus consecuencias son muy distintas según la situación de clase, el tiempo se acorta para quienes pueden pagarse una prueba privada.

Para muchas otras, las de los trabajos míseros, provisionales, inestables y mierderos, las que aceptan trabajos temporales para conciliar con la vida familiar, las que no llegan a final de mes… las de la clase trabajadora, esa opción no existe. Se convierte en una forma de violencia institucional, cruel, porque no sólo es una espera o una demora administrativa más, sino son meses de incertidumbre, de miedo, de alerta constante y de aguantar mientras trabajan. Esa desigualdad sanitaria se transforma en una desigualdad de clase y de género.

La sanidad pública deja de ser un derecho garantizado para volverse en un castigo de quienes dependen sólo de ella; como por ejemplo, de esos hospitales de gestión público-privada, que priorizan beneficios económicos, afirmando que prima el negocio sobre la atención sanitaria adecuada.

 

Como trabajadoras de los Espacios de Igualdad de Madrid, y activistas de la Plataforma de Defensa de los Espacios de Igualdad estáis denunciando el cierre encubierto de reconversión de vuestro servicio, ¿qué es lo que está pasando?, ¿cuáles serían las consecuencias de realizarse este plan?

El Ayuntamiento ha elaborando la Estrategia e Igualdad para hombres y mujeres de la ciudad de Madrid de cara a los años 2025-2028. En ella se plantean una serie de medidas dirigidas a diferentes ejes y diferentes áreas de los servicios públicos de Madrid, atendiendo tanto a cuestiones de fomento del deporte femenino, medidas contra el absentismo de las niñas, campañas publicitarias para la sensibilización de la población para la lucha contra la violencia de género…

Una de esas medidas supone la “unificación” de las redes de violencia de género e igualdad de la ciudad de Madrid, que actualmente somos independientes pero complementarias, en un único recurso, de tal manera que los diferentes recursos que actualmente existen en el municipio de Madrid (Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, Centros de atención psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género y los Espacios de Igualdad) pasarían a ser CIAM (Centro Integral de atención a las Mujeres).

Esto supone que los Espacios de Igualdad tal como los conocemos ahora dejen de existir, y que mucha población que en la actualidad acude a los mismos, ya no pueda. Los vacíos que siguen sin aclararse en la estrategia evidencian que muchos de los aspectos y líneas de actuación que hoy por hoy se atienden en los Espacios de Igualdad no van a tener cabida en los nuevos CIAM. Las atenciones individuales que están dirigidas a mujeres se ven especialmente afectadas.

La atención psicológica a los malestares de género (relacionados éstos con la carga de los cuidados, autoestima, cuestiones de discriminación laboral por razones de género…) no se contempla en las líneas de actuación, siendo un porcentaje muy alto de las atenciones que desde el área psicológica se atienden.

Desde el día de acción por el aborto libre, seguro y gratuito, han ocurrido distintos sucesos que vemos necesario reunir y analizar, para ser conscientes de cuáles son los pasos adelante y atrás que vive este derecho fundamental en nuestros días.

Por un lado, en Vitoria comenzó el 17 de noviembre el juicio donde por primera vez veintiún integrantes de grupos antiaborto, bajo los cuales se esconde una ultraderecha cada vez más organizada contra los derechos de las mujeres, responderán en el juzgado por el acoso en una clínica a trabajadoras y mujeres que acudían a interrumpir su embarazo. Se les acusa de un delito de coacciones, introducido en 2022 en el Código Penal (artículo 172) para penar el acoso a estas clínicas y que, hasta ahora, no ha servido para cumplir su objetivo.

Mientras tanto, continúa el tira y afloja de el PP madrileño y el Gobierno central del PSOE por la publicación de la lista de objetores, como se aprobó en la ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva, y con el requerimiento del 14 de octubre de 2025, donde se dio un mes de plazo para que Aragón, Baleares y Madrid, las únicas comunidades que no habían elaborado el registro de objetores, lo hiciera.

Ayuso ha cumplido su negativa a no entregarlo, por lo que se ha activado la vía judicial y la ministra de Sanidad asegura que se llevará un proceso contencioso-administrativo. Pese a que la creación de este registro de objetores a realizar IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) viene del Consejo Interterritorial, donde salió adelante con el voto a favor de todas las comunidades, incluida Madrid, lo cual demuestra hasta qué punto es una nueva carta que el PP madrileño decide jugar contra el Gobierno, donde quienes pierden son los derechos reproductivos y sexuales, y la sanidad pública.

La violencia de género sigue siendo una de las violaciones más sistemáticas y extendidas de los derechos humanos en todo el mundo y está en aumento. A nivel global, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida y la violencia en línea, el acoso digital y las agresiones sexuales a niñas y adolescentes se han disparado. De los 9489 feminicidios registrados en América Latina y el Caribe desde 2023, el 40% (3882) fueron cometidos por la pareja o ex-pareja de la víctima, para el 36% (3456) de los feminicidios se desconoce la relación con el agresor.

Hasta enero de 2025, el sistema VioGén tenía registrados 101.962 casos de violencia de género, en agosto ya se habían reportado 105.509 casos activos con protección policial, un aumento del 5,3 % respecto al año anterior. Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 20 de octubre 2025 han sido asesinadas 1.326  mujeres y 65 menores, 31 mujeres y 3 menores en lo que va de año. El portal feminicidio.net eleva el número a 70 feminicidios. A esto se suma una normalización cultural de la violencia en muchos entornos: justificación del control sobre la pareja, culpabilización de las víctimas, y escaso compromiso institucional en la protección efectiva. 

Pese a las evidencias, han crecido los movimientos y discursos antigénero y reaccionarios con campañas y ataques a las leyes específicas, que consideran "discriminatorias contra los hombres" y tiene como bandera la estigmatización del feminismo, acusándolo de ideológico, divisivo o incluso “violento”, y como propuestas traen la revisión o derogación de políticas de igualdad en países como USA, Hungría, Polonia o ciertas autonomías españolas. Este discurso ha calado especialmente en redes sociales, especialmente un público masculino, joven y desinformado, creando una falsa tensión entre conquista y reacción.

Pero esta reacción no surge en el vacío: se da en medio de una crisis global del capitalismo, donde las mujeres —especialmente las trabajadoras, pobres, migrantes y racializadas— soportan el peso del desempleo, la precarización, la sobrecarga de cuidados y el vaciamiento de servicios públicos. La violencia de género no se da solo en lo privado: se reproduce en el trabajo, el Estado, los medios y el mercado.

La violencia patriarcal no es una excepción: es parte del funcionamiento de un sistema que nos quiere calladas, explotadas, baratas y disponibles. Un sistema que se sostiene sobre nuestros cuerpos, nuestro trabajo y nuestra sumisión. Porque no es lo mismo enfrentar la violencia teniendo casa, papeles, salario y redes, que hacerlo desde la marginalidad, el trabajo informal o la migración forzada.

La precarización de los cuerpos que llegan hasta nuestros territorios es rentabilizable, se convierten en cuerpos explotados, en cuerpos más fácilmente explotables, y esto es importante. Pero es importante decir que todo lo que estamos hablando no es específico del territorio Marruecos- Estado Español frontera sur, porque en este territorio se den unas condiciones específicas que lleven aquí las mujeres que entran en el trayecto migratorio y pueden estar vinculadas a la  trata  de seres humanos,  estamos hablando de una propuesta globalizada, estamos hablando de uno de los tres negocios más importantes del mundo ilegales y estamos hablando de unas dimensiones muy grandes y que se adaptan a cada territorio. (…Esperanza Jorge Barbuzano, experta en trata...)

En el debate feminista de los últimos tiempos se ha incorporado el tema de la trata de personas, asociándola a la prostitución como clave en una interpretación sectaria del abolicionismo que marca una raya entre el bien y el mal en la forma de abordar este problema tan complejo y con tantas aristas que no debería ser abordado con dogmatismos.

La trata de personas es una actividad “comercial” que afecta a millones de personas en todo el mundo, por su carácter clandestino obtener datos es extremadamente difícil, aunque existen estimaciones basadas en investigaciones sobre el crimen organizado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que la trata de personas genera entre 150.000 y 200.000 millones de dólares anuales a nivel mundial. Este dinero proviene principalmente de la explotación sexual, se calcula que más de un millón de personas son explotadas sexualmente cada año, este comercio sexual puede generar más de 99.000 millones de dólares a nivel mundial. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que el trabajo forzado tiene un valor de aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales. Y un apartado especialmente grave es la Trata infantil: Los niños y niñas son un grupo particularmente vulnerable dentro de la trata de personas. Se estima que en torno a un 20-30% de las víctimas de trata son menores de edad, y una gran parte de esta cifra corresponde a la explotación sexual infantil.

No es nueva ni desconocida la situación que viven en nuestros campos las jornaleras. Entre contratos que no se cumplen o que no llegan a existir, hacinamientos en los que deben dormir, que no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad, pagos por debajo del salario establecido, malos tratos por parte de los patrones y abusos sexuales, que están a la orden del día.

Esa es la realidad de las mujeres que trabajan en los campos o en las envasadoras, mujeres en su mayoría racializadas, donde su vulnerabilidad social aumenta su miedo a levantar la voz por miedo a perder su sustento.

Las situaciones que se viven en el campo rozan el secuestro y la esclavitud. En páramos lejanos a las poblaciones, en medio de cultivos y casetas de hacinamiento, llevan a cabo sus ataques los patronos. Y aquella mujer que osa levantar la voz ante los insultos y vejaciones es, a menudo, despedida, sin cobrar lo ya trabajado, sin poder replicar y, muchas veces, sin poder expresarse, pues muchas de ellas desconocen el idioma en que su patrón les grita. Una vez despedidas se encuentran solas y sin haber cobrado su jornal a cientos de kilómetros de la población más cercana.

Las que agachan la cabeza y se quedan no viven una situación mejor. Jornadas de sol a sol en las que el cobro de la hora extra es un sueño inimaginable, sin medidas de seguridad laboral que las protejan, mientras les llueve el líquido de fumigación en sus cabezas. O en el peor de los escenarios, pero no menos habitual, en los múltiples casos de violaciones se aprovecha esta situación de aislamiento y de vulnerabilidad de este entorno laboral para llevar a cabo esos abusos.

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