Los dos obreros de la grúa en Cádiz, así como las y los compañeros de tantos otros conflictos que surgen en la confrontación cotidiana de las masas trabajadora en defensa de sus intereses y condiciones de trabajo, expresan una misma realidad: la lucha de clases sigue abierta y viva.

Las y los marxistas‑leninistas debemos actuar como vanguardia consciente, orientando y dotando de dirección política a estos procesos, sin dejarnos arrastrar por la corriente del momento. Esa corriente espontánea, en la mayoría de las ocasiones, desvía el conflicto de sus intereses de clase y lo reduce a un enfrentamiento parcial, aislado o meramente reivindicativo.

Siendo conscientes de que, bajo el capitalismo, los márgenes o espacios para ejercer un verdadero poder obrero son casi inexistentes o extremadamente reducidos, debemos aun así trabajar para que estos comiencen a abrirse e implantarse. Es imprescindible situar en el seno de las masas trabajadoras propuestas que vayan más allá de la reivindicación inmediata. Es importante y necesario que obreras y obreros comprendan y sean conscientes de la fuerza y la capacidad de transformación que poseen como clase.

Con demasiada frecuencia, las trabajadoras y los trabajadores emprenden batallas espontaneas e individuales con la intención de hacer ceder al burgués. Estas acciones, que muchas veces se interpretan como gestos de heroísmo de clase, en la mayor de las ocasiones terminan produciendo resultados contrarios a los deseados. Al estar enmarcadas en una lucha aislada e individual, suelen ser derrotadas por la patronal, y las consecuencias políticas —desánimo, pérdida de confianza en la posibilidad de vencer al capital— alimentan una cultura de desmovilización.

Toda batalla debe ser preparada y organizada desde los espacios colectivos: organizaciones sindicales, estructuras de lucha y ámbitos amplios del movimiento obrero. Pero, sobre todo, deben apoyarse en propuestas que superen los estrechos márgenes que impone la dictadura del capital.

Es necesario situar propuestas claras y contundentes, incluso sabiendo que habrá sindicatos que no las acepten. La principal de ellas es el control obrero sobre el empleo y la producción.

El “control obrero del empleo” se refiere a que la clase trabajadora ejerza poder directo sobre la organización del trabajo, la contratación, las condiciones laborales y la gestión productiva, en lugar de dejar todas estas decisiones en manos del capital o de un gobierno y un Estado que actúan al servicio y en defensa de los intereses de ese mismo capital.

La necesidad de la unidad obrera.

La historia del movimiento obrero demuestra una verdad incontestable: la clase obrera solo avanza cuando actúa unida, cuando es capaz de superar divisiones artificiales y organizarse en torno a objetivos  comunes  de derrotar al capital. Esta afirmación, que puede parecer evidente, adquiere una importancia renovada en el contexto actual, marcado por la fragmentación sindical, la precarización del empleo y la ofensiva ideológica del capital para desarticular cualquier forma de resistencia colectiva, llegando incluso a las más  altas formas de represión físicas.

La unidad obrera no es un deseo abstracto ni un principio moral. Es una necesidad material, derivada de la propia posición de la clase obrera en el sistema capitalista. Frente a un enemigo que actúa de manera coordinada —el capital, sus instituciones y sus aparatos ideológicos—, la dispersión de fuerzas del movimiento obrero solo conduce a la debilidad, la confusión y la derrota. Por el contrario, la unidad permite concentrar energías, elevar la conciencia y transformar luchas parciales en un movimiento con capacidad real de disputar el poder.

 La fragmentación como arma del capital.

El capitalismo contemporáneo ha perfeccionado mecanismos para dividir a la clase trabajadora: la subcontratación, la temporalidad, la externalización, la atomización de los centros de trabajo, la competencia entre trabajadores nacionales y migrantes, y la proliferación de sindicatos que, en lugar de coordinarse, compiten entre sí. Esta fragmentación no es accidental; es una estrategia deliberada de la burguesía  para impedir que la clase obrera se reconozca como sujeto colectivo y revolucionario.

A ello se suma la ofensiva ideológica que promueve la idea de que “cada cual debe arreglárselas por sí mismo”, que la negociación individual es más eficaz que la colectiva, o que los sindicatos son estructuras del pasado. Estas narrativas buscan desactivar la organización obrera, presentándola como innecesaria o incluso como un obstáculo para conseguir los objetivos colectivos.

Frente a este escenario, la unidad obrera no es simplemente deseable: es la única vía para revertir la ofensiva del capital y reconstruir la fuerza político-social de la clase obrera.

¿Es o debe ser uniforme la unidad?

El Movimiento Sindical Clasista Internacional, los trabajadores y los sindicatos militantes de todo el mundo conmemoran con luchas el 140.º aniversario de la lucha obrera en Chicago en 1886. Rinden homenaje al heroico Primero de Mayo obrero, símbolo de la lucha incesante de la clase obrera contra la barbarie capitalista, con nuevas luchas clasistas, determinación y solidaridad internacionalista.

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la Federación Sindical Mundial, la organización sindical internacional más histórica, que representa a más de 105 millones de trabajadores en todos los rincones del mundo, brinda un mensaje cálido y combativo a todos los trabajadores y campesinos, a la gente sencilla del esfuerzo y el trabajo.

Los mensajes y las reivindicaciones de los pioneros de Chicago de 1886 siguen siendo actuales y necesarios hoy en día. La crisis del capitalismo se agrava y se generaliza. Las desigualdades sociales se amplían dramáticamente. Las libertades democráticas y los derechos sindicales están siendo atacados en todo el mundo, mientras que las guerras imperialistas y las intervenciones están a la orden del día.

Los acontecimientos internacionales confirman que las rivalidades geopolíticas y económicas mundiales siguen amenazando directamente la paz y la seguridad mundiales, con el riesgo incluso de una catástrofe nuclear. Las guerras imperialistas, las intervenciones, las sanciones y los bloqueos continúan y se intensifican.

El genocidio de los palestinos en Gaza y la barbarie inconcebible del Estado israelí, el ataque no provocado y asesino de EE. UU. e Israel contra Irán, la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente legítimo del país, las amenazas terroristas contra Cuba socialista y el intento de estrangular su economía y a su pueblo, mediante el criminal bloqueo energético, han puesto de manifiesto una vez más, en todo su esplendor, la hipocresía, el cinismo y el carácter inhumano del imperialismo.

A lo largo de este mes de marzo de 2026, en el sector del metal de Cádiz, sobre todo en las factorías de Navantia de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, se ha venido desarrollando una campaña de denuncia (una más) por la existencia de “listas negras” de la patronal para la contratación de personal. En estas “listas negras” están los nombres de aquellas trabajadoras y trabajadores que, en algún momento, se han significado en las luchas reivindicativas que la clase obrera viene manteniendo contra la patronal en defensa de derechos tales como que se respete el convenio del sector vigente en cada momento o que se respeten las normas de prevención de riesgos laborales, etc. A aquellas trabajadoras y trabajadores que aparecen en tales listas se les niega sistemáticamente el acceso al trabajo en las grandes (y menos grandes) factorías y talleres del metal, obligándolos a tener que emigrar a otras zonas del Estado o del extranjero para poder vender allí lo único que poseen, su fuerza de trabajo a cambio de un jornal con el que mantenerse. En esta campaña llevada a cabo, principalmente, por sindicalistas con una larga experiencia en ser represaliados, se han estado recogiendo firmas entre la población, se mantienen conversaciones y contactos con diversas personalidades de la política municipal y autonómica, y se plantean acometer diversas acciones para eliminar esa lacra de las “listas negras”.

Pero tales prácticas por parte de la patronal no son nuevas en absoluto. Tales prácticas, conjuntamente con otras muchas, se vienen realizando desde el mismo momento en que el Capitalismo, según la famosa frase de K. Marx, “viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros”.

La burguesía, dueña de los medios de producción, necesita maximizar sus beneficios (plusvalía) a costa de quienes tienen que vender su fuerza de trabajo, el proletariado. Evidentemente, no permite ni lo ha permitido nunca, que la clase obrera se organice y defienda sus derechos, por muy elementales que estos puedan parecer. El patrono ve, con esa hipócrita moral suya, con enconado odio a cualquier trabajadora o trabajador que se atreva a reclamar algo más de lo que él está dispuesto a pagar o ceder. Lo entiende como un ataque directo a su posición de dominio.

Sabemos de la imposibilidad de vivir con un salario desde hace tiempo.

El capital en su afán por mantener su tasa de ganancia ha ido implementando medidas que llevan a la clase obrera a situaciones de miseria.

La situación actual de la vivienda es una de ellas, junto con el desvalor de los salarios machacados por una inflación subyacente que hacen de la vida cotidiana un auténtico sinvivir y con la violación continua de los derechos de la clase obrera.

Conjugando ambos problemas nos encontramos con un caso ejemplar: “Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda”.

La trabajadora afectada, actualmente el caso está en vía judicial, está representado por el camarada Pablo. La actuación empresarial es siempre la misma: aprovechar cualquier situación para acabar con la relación laboral sin indemnizar. ¡Viva la libertad carajo! Que dirían algunos…

En un solo caso, varias incongruencias y violaciones. La trabajadora ha estado trabajando online bastante tiempo, dado que su trabajo consiste, básicamente, en enviar emails y en contactar telefónicamente con clientes. Para colmar el sarcasmo, la oficina está en Mallorca y la cartera de clientes que tiene asignada es la provincia de Alicante. La intención de la demandante era mudarse a Alicante, lo que a primera vista, incluso beneficiaría a la empresa, además permitiría a la trabajadora sobrevivir con su salario. En Mallorca el precio medio del alquiler ronda los 1.600 euros y el último informe sobre la vivienda en alquiler apuntan a que en 2025 el precio subió un 8,5%. Muy lejos del IPC y aún más lejos de las subidas de convenio.

El salario medio neto en Baleares es de unos 2.000 euros netos al mes en 12 pagas, si le quitas 1.600 de alquiler, te quedan 400 euros para pagar electricidad, comunicaciones, combustible y comida…vamos que las cuentas no dan ni en estos casos, que hay que recordar que son medios y que hay mucha, muchísima gente por debajo de esa media, condenados a compartir vivienda y gastos o a sostener matrimonios de conveniencia por la imposibilidad de hacer vida independiente.

La clase obrera no puede esperar que, dentro de los marcos establecidos por la burguesía —su dictadura encubierta como democracia—, su situación pueda ser mejorada. El ejemplo más evidente de ello es la sobreexplotación a la que se somete al colectivo de jornaleras y jornaleros, miles de los cuales sobreviven en condiciones infrahumanas de habitabilidad. Cuando afirmamos que millones de trabajadoras y trabajadores arrastran serias dificultades para acceder a una vivienda digna, debemos recordar que, en este mismo periodo, existen a lo largo del territorio español más de tres millones de casas deshabitadas, en su mayoría en manos de grandes propietarios, bancos, fondos de inversión y sociedades inmobiliarias.

La llamada “crisis habitacional” es, en realidad, una manifestación concreta de la lucha de clases. La burguesía utiliza la vivienda como mecanismo de acumulación de capital y como herramienta de sometimiento social, mientras que las masas trabajadoras ven deterioradas sus condiciones de vida.

Reflejo de esta situación de sobreexplotación inherente al sistema es que los salarios percibidos por estos obreros del campo están muy por debajo de las necesidades de reproducción. Puede parecer que, con la reciente regulación de obreras/os migrantes  este germen pernicioso del capital queda superado y que estos obreros podrán mejorar sus condiciones básicas de vida.  Pero, como siempre en este sistema, y como ocurre con todo lo que afecta a las condiciones de vida de las masas trabajadoras, esto no es más que un espejismo. En un sector  con nula o muy baja organización política y sindical más allá de cuestiones administrativas— y con un numeroso ejército de reserva de manos paradas, nada impide al empresariado agrícola seguir contratando de forma fraudulenta a estas y estos obreros.

En el capitalismo se dan situaciones que demuestran que este sistema no es uniforme en sus políticas ni en su aplicación. Un ejemplo de ello son las diferencias de trato y contrato que se aplican a los distintos colectivos de trabajadoras y trabajadores. Algunas de estas diferencias son: los jornaleros y jornaleras deben pagar un 11,50% de la base de cotización a la Seguridad Social, mientras que el resto de trabajadores paga un 4,70%; la pensión de jubilación o la Incapacidad Temporal (IT) de los jornaleros se cobra entre un 30% y un 40% menos que la del resto; a los jornaleros parados de larga duración mayores de 52 años se les exigen 35 peonadas para tener derecho a un subsidio de 480 € mensuales, del cual se descuentan 163 € de Seguridad Social, quedando en 317 €  mes. A los jornaleros y jornaleras se les regalan todo tipo de calamidades y miserias.

Las  huelgas generales habidas a finales de 2025  en Europa han supuesto un resurgimiento del movimiento obrero. La huelga general en India a comienzos de 2026  ha significado un enorme movimiento telúrico a nivel mundial. El 9 de julio de 2025 una huelga general  fue seguida  por más  de 250 millones de trabajadores. La huelga general del 12 de febrero de 2026 ha paralizado un país de dimensiones gigantescas  con la participación de más de 300 millones  de trabajadoras y trabajadores.

Los tratados comerciales del gobierno de Modi  convierten a India en un país cipayo. El tratado con Gran Bretaña, antigua metrópolis, significa la supeditación de India a intereses saqueadores del capital inglés. La city de Londres como la Babilonia del capital depredador en el mundo recuerda a los tiempos del imperio británico. El Tratado con la UE representa una oportunidad para el capital, fundamentalmente, francoalemán, que busca  en India  una oportunidad para medrar en un territorio  inmenso para compensar la profunda crisis del capital europeo, que agoniza tras su desconexión con Rusia y su vasallaje a EE. UU.

Por su parte, el tratado  con EE. UU lleva a entregar  las riquezas  a Vanguard, Blackrock, etc. India se ve chantajeada y maltratada con aranceles por el matón Trump.  Para asegurar la sumisión al imperialismo, Modi ha de garantizar estrategias para un incremento brutal de la  explotación de la clase obrera y un saqueo de las zonas  rurales. En esto consiste el proyecto de modernización y desarrollo de Modi: el 1 %  se apropia del 40 % de las riquezas en India. El fracaso de la oligarquía de India consiste en su incapacidad  de garantizar un proyecto independiente a cualquier sometimiento a EE. UU., Gran Bretaña y la UE. Los mencionados imperialistas se agarran a  la India como  a un clavo ardiendo. La burguesía india se ve impotente a la hora de establecer un proyecto independiente, vinculado al proyecto estratégico del sur global como es el de los BRICS. Es importante entender estas contradicciones del capital de India.

Ante este panorama en el que todo el peso se impone sobre la clase obrera y campesina,  surge con fuerza una alianza fundamental entre clase obrera y campesinado en India.  La huelga general del 12 de febrero una vez más demuestra la acumulación de fuerzas, una amplia red de alianzas, un nivel de organización y movilización que sacuden todo el orbe. A pesar de que los medios oligárquicos imperialistas  apenas dedican una atención  en relación a sus dimensiones, si acaso aparece como una noticia aislada y minimizada, la realidad es toda  una  sacudida en la Historia contemporánea.

Solo han pasado 15 días desde que el pasado 31 de marzo el Consejo de Ministros acordara indultar a las seis sindicalistas de la CNT (cinco mujeres y un hombre) conocidas como “Las 6 de la Suiza”. Una vez pasada la lógica alegría inicial que supone para uno la salida de prisión de una sindicalista por ejercer su labor, merece la pena pararnos un poco, y sacar algunas conclusiones que nos permitan mejorar nuestro desempeño en la acción sindical organizada.

1. Hacer sindicalismo no es delito.

Hay que empezar por aquí. Lo pinten como lo pinten. Se ponga la patronal, el gobierno o la ultraderecha como se ponga, hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de la clase trabajadora bajo este sistema de la dictadura del capital, no es delito. Seguiremos defendiendo nuestros derechos le pese a quien le pese.

Las seis compañeras sindicalistas se defendían como podían ante un abuso patronal, denunciando públicamente este abuso. Por eso no debieron entrar nunca en prisión. Pero el sistema es el que es, la justicia es burguesa y defiende a quién defiende. Hasta que nuestra clase no conquiste el socialismo esto no debemos olvidarlo.

2. La importancia de la denuncia política.

Todo abuso que suframos como clase, toda sanción, toda represión debe denunciarse públicamente y no quedar en lo interno. Hagamos de cada ataque, un golpe directo “en la cara” de nuestro enemigo de clase a través de la denuncia política. Ya sea a través de campañas de denuncia, ruedas de prensa, entrevistas en los medios de comunicación, actos multitudinarios, lo que se nos ocurra, seamos originales. Pero no dejemos en silencio una agresión, porque entonces ya empiezan a salirse con la suya y a ganar esta batalla.

La campaña que se tejió alrededor del caso de las 6 de la Suiza ha sido importantísima para meter presión en la calle. Hablamos de unos hechos que tuvieron lugar hace 9 años. Hablamos de una campaña de apoyo para aglutinar fuerzas, para mantener activa la lucha por la libertad de las 6 compañeras, para recaudar fondos para sufragar gastos derivados. Esta campaña generó una ola de solidaridad y de apoyo mutuo.

3. Una política de alianzas acorde al nivel de represión.

En toda lucha, y por tanto también en una campaña antirrepresiva, tiene una enorme importancia los apoyos que se vayan sumando a la misma. Desde una plantilla, hasta una organización obrera y sindical. Todo suma y nada debe descartarse por pequeño que sea.

Directivas europeas de progresivo desmantelamiento del ferrocarril, aplicadas por el Estado en forma de políticas de privatización, un constante riego de millones de euros en licitación a las grandes empresas del IBEX y grupos filiales, y, por supuesto, corrupción generalizada. Son algunos de los elementos que podemos situar como inherentes al progresivo deterioro que ha sufrido el ferrocarril en España, todo ello en connivencia, a lo largo de los años, de los diferentes gobiernos, independientemente de su signo.

La fiebre de la Alta Velocidad, una fiebre que no se puede separar del pelotazo urbanístico y la llamada “burbuja inmobiliaria”, donde las grandes constructoras de este país a través del compadreo y una corrupción generalizada se abren camino a licitaciones muy jugosas, millonarias, para la adjudicación de la construcción de grandes líneas sin apenas criterios de necesidad. La existencia de una red convencional que ya conectaba capitales con los pueblos habría sido suficiente para vertebrar el territorio si las inversiones hubiesen ido a parar a la mejora del mantenimiento y renovación de algunos tramos, pero aquí no se gana dinero, eso lo saben las grandes constructoras. Es por ello que se ha dejado de lado la vasta red convencional sin apenas inversión en renovación y mantenimiento para llevar todo el dinero a las obras de nueva construcción del Alta Velocidad. Una vez construidas las nuevas líneas, continúa la privatización, ya que el mantenimiento de la infraestructura recae sobre grupos empresariales privados (Comsa, Acciona, Tecsa, Vías y Construcciones grupo ACS, Copasa, Sacyr, Ferrovial, Azvi, etc.) mediante contratos, en los que se reduce al mínimo el control y coordinación con ADIF.

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