La reciente huelga indefinida del profesorado experto de Formación Profesional y especialistas de régimen especial en el País Valencià representa un ejemplo de lucha unitaria y resistencia frente a la precarización de la educación pública. Para comprender cómo se llegó a esta movilización histórica, debemos remontarnos a un trabajo de años. Este colectivo ya era el más maltratado de la educación pública valenciana. No cobraban complementos (ni trienios, ni sexenios, ni las jefaturas de departamento…), se les disminuían las horas cuando el alumnado se iba a la empresa, etc. Desde el Consejo Sindical Obrero, (CSO), desde nuestros inicios, comenzamos a reclamar judicialmente todos estos despropósitos. El año pasado se intentó reducir el salario a este colectivo y realizamos movilizaciones para evitarlo, junto con quien se quiso sumar. El culmen, que provoca la huelga indefinida que se convoca el día 3 de noviembre, es la publicación del Decreto 97/2025, que supuso un ataque frontal contra las condiciones laborales.

En junio, la Conselleria d'Educació publicó un decreto que, bajo la apariencia de regularizar la situación, en realidad suponía un 41.34 % de reducción salarial. Se establecían requisitos de acceso casi inalcanzables, limitaba las horas complementarias para preparación de clases al 20 % e ignoraba las funciones reales que estos profesionales venían desarrollando en los centros educativos. Era, en definitiva, una herramienta para abaratar costes a costa de los derechos laborales del profesorado más vulnerable.

Durante semanas, el profesorado experto mantuvo en más del 80 % la huelga, una lucha que ha combinado la movilización en la calle, medios de comunicación, redes sociales y presiones a grupos políticos con la negociación. Las concentraciones ante las direcciones territoriales de educación, asambleas en los centros más implicados y la creación de una caja de resistencia (en solitario desde CSO) le hicieron ver a la Conselleria la determinación de un colectivo que se negaba a aceptar su precarización. La huelga indefinida, convocada para el inicio del curso 2025-2026, demostró que no se trataba de un conflicto pasajero, sino de una batalla por la supervivencia misma de la Formación Profesional pública de calidad.

 

Miles de personas salimos a la calle en Madrid el sábado 25 de octubre convocadas por el movimiento pensionista en una gran manifestación unitaria. Miles de personas venidas de todos los puntos del Estado español. Principalmente organizadas en colectivos de base que durante todo el año luchan en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Acabada la manifestación unitaria debe continuar la lucha en cada territorio. Pero ¿por dónde debería continuar la lucha consecuente y organizada en defensa de este sistema público?

Recuperar la esencia

Uno de los lemas que mejor encaja con la esencia de este movimiento es el de “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. La fuerza del movimiento pensionista se encuentra en que esté quien esté en el gobierno, la lucha se debe centrar contra las políticas que ese gobierno coloca para recortar recursos y derechos a los beneficiarios del Sistema Público de Pensiones.

Debemos analizar la debilidad que se percibe en el liderazgo de plataformas como COESPE, en las que la tendencia de las direcciones ha sido considerar el actual Gobierno de coalición como “amigo”, sin señalar y denunciar suficientemente los ataques que está cometiendo ese Gobierno contra el sistema público. Hay que exigir que la dirección de las plataformas sean consecuentes con las consignas y no se dejen llevar por cantos de sirena.

Radicalizar las reivindicaciones

No podemos ser asimilables por el sistema, por ello nuestras reivindicaciones deben ser exigentes, a la medida de la profunda crisis económica que sufre nuestra clase. Tenemos un Salario Mínimo (SMI) que no resuelve las principales necesidades de las trabajadoras y trabajadores. Igualar las pensiones mínimas al actual SMI no es suficiente. La subida del SMI y la pensión mínima debe ser prioritaria. 1400 € en 14 pagas como SMI y como pensión mínima. Revisable con el IPC real.

Junto a lo que cobramos está la edad de jubilación como el otro gran eje de nuestras reivindicaciones. Recuperemos los 60 años como línea roja de edad para jubilarnos. No entremos en el juego de los 65 años.

Es de agradecer que este gobierno, progresista como solo él puede ser, haya ampliado (o lo va a hacer, que igual no se aprueba) el permiso retribuido por fallecimiento a 10 días.

También es importante que dicha ampliación no distingue entre los grados de consanguinidad respecto al fallecido y también se crea un permiso por muerte perinatal de 5 días. Dicho de otra manera, un permiso para aquellos padres que hayan perdido al “nasciturus” (al feto) a partir de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida del recién nacido.

“Pido a los empresarios que tomen esta medida con cariño”, ha declarado Yolanda Díaz en RTVE. La progre más progre sigue con lo suyo, nada de peleas con la patronal.

De derogar la reforma laboral de 2012 siguen sin decir nada; de subir los salarios, ídem de ídem. Que a estas alturas el SMI ya se queda muy corto para pagar el alquiler.

Desde nuestra perspectiva, los permisos no son una conquista genuina de la clase trabajadora, sino una concesión reformista del capital para preservar el sistema de explotación. Y así se viene demostrando: cambiar todo para que nada cambie, con independencia de que, como hemos visto otras veces, estas concesiones desaparecen con los cambios de gobierno.

Estos permisos no alteran la propiedad privada de los medios de producción, que es la base de la explotación. Por tanto:

Mantienen la plusvalía: El salario que se paga durante el permiso es una fracción del valor que el trabajador genera cuando está en su puesto. La lógica de extracción de plusvalía sigue intacta. Es un coste asumible para el capital a cambio de paz social y reproducción de la fuerza de trabajo. Tampoco está claro si ese aumento de días los va a pagar la ya diezmada tesorería de la Seguridad Social.

No cuestionan la división sexual del trabajo: Aunque formalmente se otorgan a todos los géneros, en la práctica, los roles de género patriarcales (funcionales al capitalismo) harán que sigan siendo principalmente las mujeres quienes asuman los cuidados. La "conciliación" se convierte en una carga individual que no desafía la estructura familiar burguesa ni socializa el trabajo doméstico y de cuidados.

 

El apartheid y genocidio que está cometiendo el ente sionista de “Israel” sobre el pueblo palestino, gozando de la impunidad que le otorga la complicidad y apoyo del imperialismo encabezado por los EEUU y sus lacayos, ha removido la conciencia de millones de personas y ha propiciado una ola de solidaridad que se ha traducido en incontables y multitudinarias manifestaciones de apoyo a Palestina y su Resistencia en todo el mundo.

En el Estado español, las organizaciones sindicales CCOO y UGT lanzaron una convocatoria de huelga, a nivel estatal y en todos los sectores, con paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo y, tras ello, CGT hace una convocatoria de Huelga General de 24 horas, sumándose a esta convocatoria diversas organizaciones sindicales como Alternativa Sindical de Clase (ASC) y USTEA, así como organizaciones de estudiantes. Todo esto se hace de prisa y corriendo sin tener en cuenta cuestiones esenciales a la hora de proponer a la clase obrera iniciar un movimiento huelguístico de amplio alcance, como, por ejemplo, llevar y explicar a las asambleas de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo la necesidad de dicho paro, movilizar a sus comités de empresa y secciones sindicales, tener preparadas las cajas de resistencia, etc., pues como definía V.Lenin, “las huelgas son escuelas de guerra” , donde el proletariado eleva su nivel de conciencia y aprende a organizarse en su lucha contra el capital. En cambio, todo se ha hecho al revés. Los sindicatos, institucionales o “de clase”, han llamado al paro pero sin un trabajo previo de agitación entre su afiliación, no han trasladado al conjunto de la clase obrera la urgente necesidad de dar una respuesta contundente a las atrocidades del ente sionista y del imperialismo; en definitiva, han escamoteado a la clase obrera y las masas trabajadoras la capacidad de decisión colectiva que, en última instancia, es el aglutinante que dota de fuerza a la lucha y de voluntad colectiva de emprenderla y continuarla, si es necesario.

 

7 de octubre de 2025, pocos minutos antes de la una de la tarde. Un estruendo seco, atronador, seguido de una densa nube de polvo, presagiaba la catástrofe. Un edificio en obras de rehabilitación había colapsado parcialmente. Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, originarios de Mali, Guinea, Ecuador y España, dieron su vida a mayor gloria del promotor de un hotel de 4 estrellas en pleno centro de Madrid, el fondo saudí ‘RSR Singular Assets Europe Socimi’.

¿Causas? Más allá de las que determine la instrucción técnico-judicial, deberíamos responder a la que en Salud Pública constituye la pregunta fundamental, las causas de las causas: una inspección técnica de edificios “desfavorable” en los últimos informes, de 2012 y 2022, a la que se hizo caso omiso; una Asociación Empresarial Hotelera de Madrid cuyo Plan Estratégico 2025-2029 prevé la apertura de 18 hoteles de cuatro y cinco estrellas en edificios históricos del centro de la capital, ¡cueste lo que cueste!; un régimen de “colaboración público-privada” mediante las llamadas ‘entidades colaboradoras urbanísticas’ que permite sustituir licencias por meras ‘declaraciones responsables’ (en este caso se instaló una grúa-torre en el interior del edificio, sin inspección técnica alguna)...

Según afirma el informe “Análisis de las Estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en España (2024)”, realizado por la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de la C.S. de CC. OO-, del cual se extraen los datos que sustentan el presente artículo, “los daños a la salud ocasionados por la actividad laboral son la expresión más dramática del conflicto capital/trabajo”. Tan cierto como retórico, viniendo de una organización definitivamente entregada al pacto social.

Sabemos del interés del capital por mercantilizar cuanto pueda dar beneficios, como una  forma de contrarrestar la inexorable tendencia a la caída de la tasa de beneficio, origen de su crisis estructural. En esta línea, se pretende hacer negocio con las cotizaciones de tantos millones de trabajadores, la apropiación de las cuales paliaría por un tiempo la crisis. Por eso las pensiones públicas están en el punto de mira del capital.

El ataque tiene diferentes formas, pero el objetivo siempre es el mismo: hacer negocio con las pensiones. Además, el gasto militar impuesto por la OTAN del 5% del PIB, obliga a reducir otras partidas, sobre todo sanidad y pensiones.

Recientemente en Dinamarca se aumentó la edad de jubilación a los 70 años. Aquí una publicación del BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) abogaba por fijarla en 71 años. En Argentina se reprimían las manifestaciones semanales contra los recortes en las pensiones por el gobierno de Milei.

En Europa, países como Gran Bretaña, Francia o Alemania han anunciado importantes recortes del gasto social. Los promotores de la belicista «coalición de los dispuestos»  a la ayuda a su títere en Ucrania, desvían lo que queda de derechos sociales hacia el rearme y el lucro privado.

El ya ex primer ministro francés Francois Bayrou, clamaba contra los jubilados por su «egoísmo», que disparaba el déficit y sacrificaba a la juventud, por lo que una de las medidas de su contestado programa era la congelación de las pensiones.

En Alemania, el canciller Merz anunciaba que el país «ya no se puede permitir el estado del bienestar» y pedía «un gran esfuerzo en relación con las pensiones, la atención médica y los cuidados a largo plazo», mientras aumentan las desgravaciones a empresas y se dispara el gasto militar en un país en recesión.

La cuestión de la brecha salarial es una de las principales problemáticas que enfrenta la mujer trabajadora, y por ende, toda la clase obrera; no es posible la emancipación del proletariado si queda fuera cualquiera de los sectores que forman parte de él, y no es posible la liberación del individuo si no viene de la de todos y todas.

La eliminación de la brecha salarial es reivindicación fundamental del feminismo de clase, ese que siempre ha existido y que ahora algunos niegan, aunque haya combatido las nociones del feminismo burgués, como la del “techo de cristal”, que pretendían neutralizar las voces de las obreras.

Además de los intentos por parte de las burguesas de no sacar a relucir la verdad del capitalismo, ha habido hasta ahora discursos reaccionarios, a izquierda y derecha del espectro político, que han negado la existencia de una brecha salarial: “Es falso que hombres y mujeres cobren distinto por ejercer el mismo trabajo”, como si no existiera una división sexual del trabajo y como si, además, los cuidados y tareas que históricamente ha asumido la mujer no fueran trabajo.

Como ya apuntó Kollontai a principios del siglo XX, el capitalismo introdujo a la mujer en el mercado laboral sin descargarla del trabajo doméstico, y esta circunstancia es la que desde entonces ha sido una de las principales causas de la brecha salarial.

Uno de los sectores más precarios y peor remunerados es el de la limpieza. No hacen falta datos, solo mirar a nuestro alrededor, pero alrededor del 78% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. La misma fuente, CCOO, nos desvela que, pese a ello, la mitad de las limpiadoras tienen un contrato a tiempo parcial, mientras que el 80% de los limpiadores están a tiempo completo. Los motivos los dan ellas mismas: necesitan cuidar a niños o a personas dependientes, ningún hombre de los que trabajan a media jornada expresa esta motivación.

El derecho a la huelga es un derecho fundamental, por encima de leyes y regulaciones restrictivas que, el estado burgués siempre alimentarán. Hay que ser conscientes de que, una huelga general política busca cambiar leyes o políticas del sistema, por lo que su legitimidad deriva de la voluntad de las masas trabajadoras organizadas, no de su encaje en un marco legal que siempre está diseñado para limitarla o impedirla.

El argumento tantas veces esgrimido de prohibición de la huelga política nos sitúa en una manifiesta derrota, ya que se limitaría la huelga a asuntos de carácter economicista momentáneos, no cuestionando el carácter del estado burgués.

En el estado español hay sobradas razones para la convocatoria de una huelga general. Más de 13 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, de las que seis ya están considerados desahuciados sociales. Millones de trabajadoras/es son pobres con trabajo; el salario no da para poder vivir dignamente, más de setecientos mil pensionistas reciben pensiones por debajo de los 600 €. Millones de jóvenes de menos de 30 años no tienen posibilidad laboral alguna. Deterioro y privatización de los servicios públicos, cientos de miles de enfermos/as pertenecientes a las capas populares en listas de espera hospitalarias, recortes en educación, menos plantillas y peores ratios , y un largo etc., que es perceptible con solo observar nuestro entorno.

La patronal sobreexplota a millones de obreras/os, con jornadas de trabajo extenuantes por salarios ridículos, al tiempo que se privatizan las pensiones y servicios esenciales.

El parlamento nacional y supranacional aprueban y legislan en beneficio de quienes son sus dueños, la burguesía. Ley tras ley se va cerrando el nudo con el que oprimir y reprimir con más violencia al conjunto de las masas trabajadoras. Actualmente, consecuencia de la crisis general del capitalismo, hay motivos sobrados para convocar una Huelga General de carácter político.

 

Por definición, los cuidadores y cuidadoras, son las personas que se dedican al cuidado de personas dependientes en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (más conocida como "Ley de Dependencia") y básicamente, hay dos grandes grupos:

  1. Cuidadores profesionales (o formales)

  2. Cuidadores no profesionales (o informales)

La ley plantea una serie de Derechos y Obligaciones de los Cuidadores (especialmente los no profesionales), derecho a recibir una remuneración, cotizar a la Seguridad Social con sus derechos aparejados (jubilación, bajas, etc.), descansos (para esto la ley prevé que se ofrezcan unas "plazas de respiro" (estancias temporales en centros para la persona dependiente) para que el cuidador pueda tomar vacaciones o atender sus propias necesidades.

Si a estas alturas no han empezado a reír o a llorar es porque no están en el caso.

La realidad dista mucho de esos mundos de yupi que los socialdemócratas pintan en toda su legislación. El desgaste físico y emocional, la precariedad, la demora administrativa (solo hay que ver cuántas personas han muerto en Andalucía esperando que se reconozca su dependencia) y una inestabilidad absoluta.

Desglosemos cómo este sistema viciado afecta a los trabajadores:

1. La Lógica Perversa de las Licitaciones y Conciertos

El mecanismo principal por el que la administración contrata los servicios es la licitación pública. Aquí es donde empieza el problema. La "ley" del precio más bajo: Las adjudicaciones se suelen dar, sobre todo, a la empresa que ofrece el servicio al coste más bajo. Para las empresas, la forma de ganar estos concursos es recortando costes al máximo.

El mayor gasto de una residencia o servicio de ayuda a domicilio es la mano de obra. Por tanto, el recorte se aplica directamente sobre los salarios, las ratios de personal y las condiciones de los trabajadores.

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