El pasado día 6 de febrero tuvo lugar la asamblea de unidad sindical a la que concurrían los sindicatos  Alternativa Sindical de Trabajadores, Coordinadora Sindical de Clase, Central Sindical Unitaria de Pensionistas y Jubilados y Sindicato Democrático de Trabajadores. A ésta se llega tras un periodo de tiempo en el que estas organizaciones trabajan sin descanso en este proyecto unitario, unidad de organizaciones sindicales de clase, necesaria en estos momentos en los que en el estado español se practica un modelo sindical que niega y en ocasiones impide la participación directa de las obreras y obreros en las decisiones que les afectan, se hace urgente recuperar el sindicalismo en el que son las asambleas obreras las que deciden en última instancia qué acuerdan y qué firmar con la patronal.

Este proceso y culminación de unidad sindical debe ser el inicio de la andadura, que tenga como resultado el ir aglutinando en un todo orgánico a otras organizaciones sindicales que hoy están desarrollando, en la práctica, el modelo sindical asambleario y participativo de clase.

Hace pocos meses se conmemoraba el bicentenario del nacimiento de Friedrich Engels. Una de sus obras más destacadas es "El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", publicada en 1884, un año después de fallecer Marx. Según el mismo autor afirma en las notas a las ediciones inglesa de 1888 y alemana de 1890 del "Manifiesto Comunista", los trabajos arqueológicos llevados a cabo entre la primera publicación de esta obra en 1847 y la muerte de Marx, permitieron que Engels pudiera estudiar las relaciones de las sociedades primitivas y seguir el proceso de disolución de las mismas hasta la constitución de la familia patriarcal.

Los análisis de Engels plantean que en el proceso de división de la sociedad en clases, el patriarcado se desarrolló sobre la base de la división sexual del trabajo, según la cual a la mujer, fundamentándose en una diferencia biológica que no debiera significar más que una determinada capacidad reproductiva, se le otorga un papel social determinado; se construyen cultural y socialmente los géneros y éstos deben cumplir roles diferentes y desarrollar obligaciones y tareas impuestas de forma artificial y jerárquica.

Resistir para vencer, una lucha sindical duradera, que ahora se encarnece

Pronto hará cuatro años desde que este colectivo de trabajadores publicó en el UyL. Habían despedido sin motivo aparente a una trabajadora, intento de cabeza de turco, de un movimiento sindical cada vez más fuerte en una empresa multiservicios no acostumbrada a que sus trabajadores se organicen y luchen por sus derechos. A base de movilización, fue readmitida antes de llegar a juicio. Y no era la primera que habían tenido que readmitir.

Esta empresa multiservicios, extendida a nivel estatal, es Ebone, empresa de un murciano, Enrique Merino, y un granaíno, Javier Blanco; poli malo- poli bueno respectivamente. Pero no nos engañemos, y a la vista está, que tienen las mismas premisas aunque se camuflen hablando maravillas del capital humano: máximo beneficio a cualquier precio. Y en este caso, hablamos de unos 80 trabajadores de Granada, que llevan casi 5 meses sin cobrar, o cobrando cantidades mensuales en torno a los 100 o 200 euros.

En las Islas Canarias se ha dado lo que necesariamente se necesita en todos los sectores económicos del Estado.

Ha sido en la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. donde los sindicatos CCOO, UGT, Sindicato Libre, CSIF, Intersindical y C.G.T. anunciaron en el mes de diciembre el inicio de movilizaciones contra el recorte de efectivos que incluye una semana completa de desayunos reivindicativos y una convocatoria de Huelga General.

Todas estas organizaciones sindicales advirtieron que la situación es insostenible y hace imposible dar un servicio público de calidad, sufriendo la población canaria un deterioro del servicio público cuando Correos implante un «brutal recorte» en la Unidad de Reparto.

”El teletrabajo ha llegado para quedarse”. Este mantra viene siendo repetido hasta la saciedad por todos los operadores del sistema burgués: empresarios, medios de comunicación y sindicatos colaboracionistas.

Desde hace siglos, las relaciones de producción capitalistas han determinado el crecimiento de las ciudades – a  costa de la despoblación del entorno rural- –, la formación de empresas y las propias relaciones laborales; basándose, entre otros factores, en el hecho de tener que acudir diariamente al centro de trabajo.

Desde hace mucho tiempo existe el despido libre. De hecho siempre ha existido, pero tenía y tiene  una carga económica que el capital no quiere sostener.

Todas las reformas laborales han ido incidiendo en el abaratamiento del despido. 

Desde la publicación del Estatuto de los Trabajadores, allá por el año 1980, todos los cambios han sido a peor. 

En 1984 so pretexto de ayudar a la contratación (pretexto esgrimido siempre por la patronal y los sindicatos apesebrados) se favoreció la contratación temporal y se introdujeron mecanismos de flexibilidad en las condiciones de trabajo.

En 1988 se introdujeron los contratos basura, en 1992 se rebajaba la duración y cuantía del seguro de desempleo, en 1994 se legalizan las ETT’S, el despido objetivo y los nuevos contratos basura.

Que la clase obrera dependa de la interpretación de un Tribunal Supremo para garantizar sus derechos es una muestra de lo mal que se ha legislado en este país en materia laboral durante 40 años de democracia representativa burguesa, de los cuales 23 son de gobiernos del PSOE, empezando en el año 1982.  O de lo bien que lo han hecho a favor de la patronal.

Tampoco se ha avanzado demasiado con la autodenominada coalición progresista PSOE -Unidas Podemos y la firma del acuerdo de gobierno el 30 de diciembre de 2019, por el que se comprometieron a crear empleo de calidad, elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, derogar la reforma laboral (solo la de 2012), simplificar los contratos de trabajo, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, impulsar las luchas contra el fraude laboral, revisar las causas de despido, etc.

En las sociedades capitalistas, las instituciones existentes obedecen a los intereses de clase de la burguesía, de hecho, son instituciones suyas. Dentro de estas instituciones se encuadran los juzgados y los diversos organismos de la administración estatal que regulan las relaciones laborales: juzgados de lo social e inspección de trabajo, entre otros y que, en caso de surgir un conflicto de intereses entre trabajadores y patronos, intervienen a modo de supuestos árbitros imparciales. Todo ello, bajo el paraguas del derecho burgués.

 

Una vez más los aparatos del estado burgués legislan con intención de favorecer los intereses de la oligarquía, profundizando la brecha económica que sitúa a la clase obrera y capas populares en precariedad y marginalidad. En esta ocasión a cuenta y en detrimento del sistema público de pensiones y para favorecer los fondos privados de pensiones.

El gobierno socialdemócrata del PSOE-UP, al servicio de los intereses del capital oligárquico, ha reunido a la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y ha aprobado una serie de medidas que como objetivo principal tienen el asegurar que la oligarquía financiera, la del estado y la foránea, no vean resentidas sus ganancias y si es posible, que las aumenten engordando sus cuentas de resultados.