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En Colombia existen más de 9.000 prisioneras y prisioneros políticos y de guerra que intentan sobrevivir en un sistema carcelario creado para el control y el exterminio de la disidencia. Este pasado mes de mayo, miembros de la organización Corporación Solidaridad Jurídica estuvieron visitando el Estado español para dar a conocer la situación de este colectivo, en el marco de la campaña nacional e internacional “Yo te nombro Libertad”, en solidaridad con los prisioneros y prisioneras políticos.

 

La guerra colombiana se enmarca en un conflicto social y político, y al hablar de prisioneros y prisioneras políticos hablamos de un colectivo diverso.

Por un lado está el colectivo más vulnerable, el de los prisioneros y prisioneros de guerra. Militantes de organizaciones insurgentes, fundamentalmente de las FARC-EP, que sufren el ensañamiento y la tortura del régimen colombiano. El hacinamiento, las pésimas condiciones higiénicas, la falta de comida y agua potable o la desatención médica son herramientas utilizadas por el régimen no solo para intentar doblegar su conciencia revolucionaria, sino también para provocar su muerte.

Dentro del colectivo de prisioneros y prisioneras de guerra existen numerosos casos de combatientes capturados con graves heridas y mutilaciones de sus extremidades, que precisan de una atención hospitalaria permanente y que son abandonados en las cárceles de exterminio colombianas.

A esto, hay que sumar los intentos para dispersar a los prisioneros insurgentes, intentando convertirlos en blancos fáciles de los guardias y de los paramilitares dentro de la prisión.

Otro tipo de prisioneros y prisioneras son los estrictamente políticos, como el caso de Huber Ballesteros, dirigente de Marcha Patriótica y del sindicato campesino FENSUAGRO. Son miles los dirigentes políticos, sindicales, campesinos, estudiantiles o de comunidades que han sido encarcelados bajo la tipología delictiva de “rebelión” o “rebelión agravada”, este tipo de criminalización pretende vincular toda expresión contraria al régimen colombiano con la insurgencia armada.

Por último, son numerosos los casos de “falsos positivos judiciales”, personas sin vinculación alguna con organizaciones armadas o políticas que son sindicadas bajo la acusación de formar parte de la guerrilla. La situación de estas personas es de extrema indefensión.

Colombia, un país con 47 millones de habitantes y más de 9.000 prisioneros y prisioneras políticos, vive un conflicto social, político y armado que se remonta  a los años 40 del siglo pasado, y que cuenta con la organización guerrillera más antigua del continente, las FARC-EP, organización marxista-leninista con más de 50 años de combate por la independencia y el socialismo.

Hoy en La Habana, Cuba, siguen unas conversaciones de paz entre la insurgencia y el régimen que pretende situar la superación de las raíces del conflicto como único camino para la Paz en Colombia. La cuestión de los prisioneros y prisioneras políticos y la cuestión de la verdad serán ejes fundamentales de la discusión en los próximos meses.

Desde el PCPE manifestamos nuestro compromiso con la causa de los pueblos en base al internacionalismo proletario y al antiimperialismo. Con Colombia, su pueblo y especialmente con sus revolucionarios y revolucionarias tenemos un compromiso internacionalista. En el marco de la visita de los compañeros de la Corporación Solidaridad Jurídica, la cuestión de los prisioneros y prisioneras políticos y de guerra colombianos ha sido escuchada por el PCPE y la incorporamos a nuestro trabajo solidario e internacionalista.

Ferran Nieto