Vivimos en una sociedad basada en la explotación de unos seres humanos por otros, donde el carácter social de la producción choca con la apropiación privada de los beneficios por unas pocas personas. Por ello la violencia es estructural y sistémica en nuestras vidas como parte de la clase obrera.

Sin embargo, la violencia estructural hacia las mujeres abarca, además de la intrínseca del capital, asesinatos, explotación sexual, prostitución, pornografía, trata, explotación laboral, matrimonios forzados, adopciones ilegales, aborto selectivo o el abandono de las niñas, mendicidad forzada, acoso sexual y laboral, discriminación laboral por embarazo, las violaciones, los vientres de alquiler… La dominación, la negación, la invisibilización, la imposición o la agresión física son formas de expresión de las relaciones de poder en nuestras sociedades donde además la consideración de inferioridad de las mujeres dentro del orden vigente hace posible el ejercicio de la violencia contra nosotras.

Las cifras de violencia son tan abrumadoras que nos van anestesiando socialmente incluso cuando se extermina masivamente y a gran escala a miles de mujeres y menores en Palestina y resto de conflictos armados, y junto con el negacionismo y la falta real de medios, provocan que la violencia patriarcal hacia mujeres y niñas deje de ser una preocupación social y se trate como anécdota.

Las víctimas de violencia machista crecen y la media en expresar su situación es de 8,8 años, siendo la falta de recursos (el 64% dependían económicamente de su agresor cuando se inició el maltrato, y el 44% cuando pidieron ayuda) uno de los condicionantes en tal retraso, lo que expresa claramente que en la violencia de género la clase social es determinante. Tener o no tener recursos económicos es un factor principal para enfrentar la situación.

La violencia contra las mujeres desde los gobiernos de turno, ya sea el PSOE o el PP o un gobierno de coalición “progresista” se aborda como problema legal que, como tal, se resuelve en el ámbito policial, jurídico y penal, con una intervención impregnada de filosofía penalista, con limitadísimos recursos públicos destinados a la lucha contra la violencia de género y a algunas de las medidas de una ley que cumple ya 20 años. Estas medidas, por otra parte, se han manifestado ya claramente insuficientes y es habitual encontrar denuncias reiteradas respecto del trato recibido por parte de las instituciones policiales y judiciales hacia las víctimas (particularmente si se trata de mujeres migrantes).

Desde el sistema y sus instituciones se implementan políticas para la igualdad y contra la violencia de género insuficientes y desprovistas del presupuesto necesario. Mientras se desmantelan por ejemplo casas de acogida o equipos de atención a las víctimas, crecen los presupuestos militares hasta el 2 % del PIB y los gastos para la OTAN y las guerras.

Protección y medios necesarios para, enfrentar las causas de base de la violencia contra las mujeres y las niñas, inversión en igualdad, en educación pública a todos los niveles, el hacer avanzar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, el atender las relaciones internas de la violencia con el VIH y el SIDA, aumentar la participación y el liderazgo político y económico de las mujeres son propuestas en lo inmediato.

Pero también organización y marcos de lucha de las mujeres del pueblo trabajador porque la igualdad entre los géneros y la erradicación de la violencia contra las mujeres deben situarse firmemente en el centro del proyecto político de cualquier proyecto de transformación social.

La participación política de la mujer trabajadora en las organizaciones revolucionarias es imprescindible para desarrollar una lucha política liberadora de todas las servidumbres, de clase y de género, desde el PCPE situamos su protagonismo como decisivo porque sin la participación social y política de las mujeres es sencillamente imposible.

Sin patriarcado para no morir. Sin capitalismo para vivir.

Secretaria Feminista del CC del PCPE

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