Colombia es, según los apologetas de las democracias burguesas, el país de América Latina con la democracia más estable y duradera del subcontinente. Una democracia por y para un puñado de familias y clanes, gente decente siempre, que piensan a lo grande, por ello construyeron la mayor fosa común el continente, regaron su jardín con sangre, mucha sangre. Preocupados por la educación del pueblo, inventaron las casas de pique (quien quiera saber qué son, lo pueden buscar en internet). Llenaron, con la ayuda de la CIA y de la DEA, las narices de occidente de polvillo made in Colombia. Visión, padres severos pero amorosos con su pueblo, un pueblo ingrato que jamás les ha sabido agradecer tanto amor. Por las buenas o por las malas, pero mejor por las malas, que la letra con sangre entra.

Y el pueblo colombiano eligió a un presidente guerrillero. Un socialdemócrata de viejo cuño, que intenta equilibrar y modernizar el capitalismo colombiano. Empieza a golpear la economía del narcotráfico, golpeando, en lugar de al pobre, a las grandes redes del narco y las tramas de lavado de capitales; empieza a incautar cocaína y dólares a lo grande, afectando a la economía de las élites respetables del país.

Además, acota el sistema privado de salud, sube salarios, reforma el sistema de pensiones (para beneficio de los y las pensionistas, claro), la política social ha despegado, impulsa la economía agraria popular, cambia la doctrina militar y policial que antes estaba basada en el ‘enemigo interno’ y, además, suspende las relaciones diplomáticas y las exportaciones de carbón a la entidad sionista. A pesar de todas estas locuras propias de un socialista, la economía crece, la inflación está controlada y se están reduciendo indicadores como la tasa de desnutrición y de pobreza extrema.

Después de la desarticulación de un plan para asesinarlo, que iba a ejecutar el Clan del Golfo, es el momento de aplicar el lawfare o golpe blando. Sin entrar en muchos detalles, para no perder al lector o lectora en el enredo legal, hay que advertir que Colombia es un país de leguleyos, con leyes hechas para romperse y esquivarse si conviene, pero para enredar e imposibilitar cualquier cambio que vaya contra los intereses del puñado de familias que, desde la colonia, manejan su finca llamada Colombia.

Ahora han encontrado en el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado a quienes se presten para la operación. Se ha iniciado la maquinaria legal para intentar sacar a Petro del poder mediante maniobras y falsedades, retorciendo la legalidad y atribuyéndose funciones que no les corresponden. Básicamente se basan en atribuir como gastos de campaña electoral unos gastos posteriores a ella y con ello declarar ilegal la elección presidencial. Después de que el mismo órgano electoral hubiera avalado y aprobado las cuentas de campaña, dos años después y fuera de cualquier plazo, se sacan de la manga una nueva investigación.

Esto sucede en el país en el que se demostró que el presidente Santos había recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, o que la campaña del presidente Duque había sido financiada con fondos de los cárteles del narcotráfico del Caribe, y no ha pasado nada. Es el país en el que el presidente Duque mandó más de treinta millones de dólares del narco en bolsas a Israel para comprar el programa Pegasus, y hoy nadie sabe dónde está el software espía ni quién lo utiliza…

El movimiento popular colombiano está movilizado en defensa, no solo de su presidente, si no también de un nuevo proyecto histórico que rompe con más de 200 años de república por y para las élites y el crimen. Estemos atentos.

Ferran N.