A punto de cumplir los nueve meses, el nuevo gobierno canario ya ha dejado a las claras cuál es su política sobre la gestión del territorio. El gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular (con el apoyo añadido de dos partidos de corte insularista: Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera) ha confirmado los peores presagios. El lobby turístico ha hecho sus deberes y ha logrado sus objetivos. Hagamos un repaso de lo que le espera a las “islas afortunadas” en la presente legislatura:
- Hotel en construcción en la playa de La Tejita (municipio de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife): La constructora reanuda unas obras en zona de dominio público marítimo-terrestre, así como en zona de servidumbre incumpliendo varios preceptos legales. Ni el Servicio Provincial de Costas, ni el Gobierno de Canarias paraliza el destrozo, teniendo ambas administraciones competencias para hacerlo.
- Proyecto turístico Cuna del Alma (municipio de Adeje en la isla de Tenerife): El Gobierno de Canarias ha decidido archivar el expediente sancionador contra la empresa promotora del proyecto “Cuna del Alma”. Estas obras están paradas desde la legislatura anterior. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural dice que estas obras incumplen la normativa de impacto ambiental pero el Gobierno de Canarias se lava las manos trasladando la competencia de su paralización al ayuntamiento.
- Derribo del Hotel Oliva Beach (isla de Fuerteventura): El Gobierno de Canarias anuncia que llegará al Tribunal Constitucional contra la reciente decisión de demolición por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
- Trenes insulares: Más de 4000 millones de euros de dinero público según el Gobierno de Canarias se necesitan para estos llevar a cabo estos dos proyectos, uno en Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife. Una iniciativa sobre la que el PCPC ya ha mostrado su rotunda oposición1.
- Vertidos de aguas fecales. Algunas fuentes hablan de más de 200 puntos de vertido a lo largo de la costa de Tenerife que sumarían más de 50 millones de litros de aguas contaminadas cada día2. Hasta ahora el papel del Gobierno de Canarias es el de no hacer nada a sabiendas.
A lo anterior podemos sumar la reciente declaración de emergencia hídrica declarada por el Cabildo de Tenerife, advirtiendo del riesgo crítico de desabastecimiento de la población en los próximos meses. Esto contrasta con los datos que indican que un turista gasta de 2 a 6 veces más agua que un residente.
Conviene destacar que la mayor parte de estas ofensivas contra el territorio vienen heredadas del gobierno anterior conocido como el gobierno del “pacto de las flores” en el que PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, fueron incapaces de resolver de manera definitiva en favor de los intereses de nuestra tierra y nuestro pueblo, la mayoría de estas iniciativas. A lo más que llegaron, en algún caso, fue a paralizar de manera tímida estos avances de la patronal.
Con todo este panorama, la temperatura de la protesta social aumenta en Canarias. La falta de un nuevo modelo económico y social para Canarias, tantas veces cacareado, que sea independiente del modelo turístico actual, ha puesto en pie de guerra a decenas de organizaciones ecologistas y de otro tipo. El sábado 20 de abril ya hay confirmadas sendas manifestaciones en Tenerife y en Gran Canaria bajo el lema “Canarias tiene un límite”.
La mayoría de los colectivos ecologistas en Canarias cada vez tienen más claro que el enfoque anticapitalista es fundamental para proteger el territorio. Y no solo eso. Empiezan a verbalizar la importancia de las alianzas con otras organizaciones para frenar este sistema. Toca recoger ese guante. Si no es rojo, no puede ser verde.
JAVI DELGADO
