COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE
El bloque de poder español está a la brega con la cuestión de la amnistía al independentismo catalán. Para la facción socialdemócrata es la salida civilizada del conflicto catalán, para la liberal-conservadora es una claudicación al separatismo rojo-masónico (lo de “judeo” ya no toca, que los genocidas de Palestina son de los suyos).
Del lado de la facción independentista de la burguesía catalana, la cuestión de la amnistía es la condición indispensable para permitir la formación de gobierno y no provocar nuevas elecciones, donde la previsión de los sondeos, colocan un escenario más desfavorable para todas las fuerzas que se agrupan en el proyecto de Pedro Sánchez.
Etimológicamente, amnistía significa olvido y, al contrario del indulto que es un perdón, tiene fuertes connotaciones políticas. Es un borrón y cuenta nueva, e implica una negociación entre las partes del conflicto y el establecimiento de nuevas reglas de juego en las que los “delitos olvidados” no se volverán a cometer por la misma superación de las causas del “delito”.
El delito a debate es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Los discursos pronunciados por los dos bloques están enmarcados en el campo exclusivamente jurídico de encaje en la constitución del 78 que supone un corsé para mantener el inmovilismo; hacerlo desde el campo del debate político les genera múltiples contradicciones que no pueden sortear de ninguna manera.
Amnistiar este supuesto delito significaría desprenderse de elementos de la sociología franquista que siguen siendo pilares de la construcción del régimen monárquico-burgués. Crear unas condiciones superadoras, en las que la autodeterminación no fuera un crimen, representaría un avance democrático difícilmente imaginable, e históricamente reprimido a sangre y fuego, en el Reino de España.
El PCPE, sin matices y como cuestión de principios, apoya la amnistía a todas y todos los represaliados independentistas catalanes. El ejercicio de la autodeterminación y del derecho a la protesta y a la asociación no pueden ser considerados un crimen, es más, es políticamente legítimo y, jurídicamente, está recogido en resoluciones y convenciones internacionales. La represión contra el independentismo, con miles de causas contra hombres y mujeres que acudían a votar, ayudaron a organizar el referéndum, bloquearon temporalmente infraestructuras o ejercieron el derecho a la protesta y a la manifestación; no puede ser un delito. Ni para los dirigentes políticos catalanes ni para los miles de ciudadanos y ciudadanas que enfrentan penas de cárcel y multas económicas.
Por eso el PCPE dice sí a la amnistía. Sin peros, ni condiciones.
Si el PSOE y sus satélites de SUMAR, fueran sinceros, plantearían también una amnistía total, extensiva a los represaliados y represaliadas por delitos de opinión y de asociación, como artistas y sindicalistas; que liberara a las prisioneras y prisioneros vascos, galegos y comunistas. Una ley de amnistía general vinculada a una regeneración de la democracia burguesa española más allá de la formalidad democrática. Obviamente esto no sucederá sin quebrar organizadamente el régimen actual.
En cambio, nos encontramos ante el espectáculo del mercadeo de votos y de declaraciones altisonantes absolutamente vacías de contenido.
Por un lado, la derechona que se rasga las vestiduras ante la traición del PSOE a España y la humillación que representa semejante concesión a “los catalanes”.
Por otro lado, la socialdemocracia que sitúa la amnistía como el medio para la normalización de la política catalana. La normalización autonómica en el marco de la constitución del 78.
Y, por último, el independentismo catalán, que le dice a su parroquia que la amnistía es el primer paso para poder negociar un referéndum pactado.
Lo más probable es que “esta” amnistía, no sea más que un perdón camuflado de salida digna para el independentismo catalán (o más bien de retorno digno al autonomismo).
Una gran excusa para movilizar al nacionalismo español y las reservas espirituales patrióticas.
La oportunidad de los monopolios de garantizar un gobierno mínimamente estable para gestionar una crisis que se agudiza mes a mes.
Y una amnistía que devuelva los millonarios bienes embargados a Artur Mas, y que se limite al archivo de las causas contra los dirigentes de Junts i ERC; pero que mantenga la represión contra los miles de ciudadanos y ciudadanas que actualmente están en procesos e investigaciones penales, no podrá llamarse amnistía, será un simple intercambio de cromos.
