Acabamos de ver la aprobación de la Ley de Vivienda, tal y como prometieron antes de las elecciones, dejando claro el carácter de propaganda electoral de esta ley.

Se han dado pequeños avances respecto al anteproyecto de 2022, como la prohibición de los desahucios en abierto (sin fecha y hora) que impiden la defensa del derecho se la vivienda, o la limitación, que esperamos se cumpla a los costes de las inmobiliarias, para que lo asuman propietarios, y no inquilinos/as, no podemos negarlo, pero los colectivos que más sufren en el acceso a la vivienda siguen con las mismas condiciones.

La Ley de vivienda no contempla a la juventud de extracción obrera, a la clase trabajadora, a los/as migrantes, quienes que sufren los desahucios silenciosos...

Por supuesto, ninguna medida ataca a los rentistas, quienes se lucran con el derecho a la vivienda, modificando el concepto de "gran tenedor" a 5 viviendas, en vez de las 10 anteriores, por supuesto este cambio en la definición, lo han acotado a las denominadas "zonas tensionadas".

Mientras la vivienda siga siendo una mercancía con la que lucrarse, su derecho no estará garantizado. 

Sobre el punto de las viviendas sociales, se propone construir 100.000 viviendas asequibles, cuando a día de hoy en el Estado Español hay 4 millones de viviendas vacías, no faltan casas, sobran casas en manos de la burguesía rentista, y esta construcción de vivienda, es para que acabe en manos de esa burguesía, lo cual continuará sosteniendo el negocio de la especulación con ella.

En la citada ley, tampoco se trata la realidad del turismo, y su directa relación con la especulación inmobiliaria, los pisos turísticos, los Airbnb, gentrifican nuestros barrios haciéndolos productos de turismo, lo cual pasa por poco a poco, a través de los desahucios silenciosos ir echándonos de ellos.

Los movimientos de vivienda llevan años visibilizando cuáles son los problemas, y reivindicando las soluciones, está claro que pasa por la limitación del precio del alquiler, no una limitación de la subida (un 2% para 2023, y 3% en 2024) con esto, la socialdemocracia ha desoído los problemas y soluciones de nuestra clase, y sus medidas seguirán condenándonos a llenar los bolsillos de los rentistas que se lucran con nuestro acceso a la vivienda.

El acceso a la vivienda para la juventud está atravesado por los empleos precarios y los rentistas, nos vemos obligadas a destinar un 41,1 % de nuestro sueldo al alquiler, cuando se desaconseja gastar más del 30% del salario, algo imposible para nuestra clase y nuestras generaciones.

Por ello, nuestras propuestas están claras:

• La creación de un parque de alquiler de viviendas a precios accesibles para la clase obrera y de extracción popular, que no acabe siendo para el lucro. Esto reforzado con un fondo autonómico de subvención para el alquiler de la población en paro, junto con la renovación de contratos de alquiler y cobertura pública.

• Regulación del precio del alquiler, e IBI gratuito para familias con una sola vivienda con rentas menores a 60.000 € anuales. 

Todo esto acabará con la realidad de los desahucios silenciosos, los que más afectan a la juventud aparte de la prohibición de los desahucios a personas con dificultades económicas.

Consideramos que solo con estos pasos, y no sus parches, conseguiremos en el camino a la vía socialista, que el derecho a la vivienda no esté atravesado por la mercantilización.

Edurne Batanero