Poco a poco nos vamos adentrando en otra profunda crisis del sistema capitalista (quizá la última), que aunque esté amortiguada por las intervenciones políticas de salvaguarda del Capital, inexorablemente, va siguiendo las pautas inherentes al funcionamiento del propio sistema y sus contradicciones.

La caída de los criptovalores, de las “Big Tech”, de la bolsa, el arrastre de la crisis de rentabilidad a la banca… Como es de prever, la crisis se manifiesta, en primer lugar, en aquellos sectores que más alejados están de la economía real. Aquellos cuyos valores están inflados por los procesos especulativos.

Es cierto que en la base causal de las crisis, está la economía real, la productiva y las dificultades que atraviesa para mantener el ciclo de reproducción ampliada, sobre la realidad del descenso de la rentabilidad de las inversiones y, por lo tanto, la huida a valores especulativos, especialmente facilitados por la laxitud monetaria que ha permitido a grandes fondos de inversión comprar oro, plata, bienes raíces… Sin embargo, la crisis, aunque se manifieste inicialmente en estos mismos sectores, no son la causa de las mismas, sino, el síntoma de lo que se avecina. Como un bumerán, las dificultades económicas aterrizan sobre la economía productiva, afectando a su proceso, auténtica causa de la degeneración del ciclo.

Y sobre esta realidad, el siguiente elemento de degradación no puede ser otro que el  inmobiliario.

En China, el sector ha pasado por momentos complicados ante la caída de la inversión y las ventas de viviendas particulares durante los dos primeros meses de 2023.  Sin embargo, empieza a mostrar signos de mejora. La contracción de la inversión es menos brusca que en meses anteriores y las ventas totales de viviendas, también mejoran sus datos interanuales en relación a los meses precedentes. Los peores momentos de la crisis inmobiliaria en el gigante asiático han pasado. Pero la realidad de China, con una planificación, que ha demostrado alta eficacia de su sector público y una gran capacidad de intervención en el privado, requiere como casi siempre, un análisis diferenciado y poco hay que extrapolar a nuestra economía.

Otra cosa es lo que sucede en Estados Unidos, con quien tenemos una alta interconexión económica y cuyos sucesos nos pueden servir de anticipo, salvando las distancias, de lo que ocurrirá aquí.

En el país norteamericano después de alcanzar un máximo de US$ 47,7 billones en junio, el valor total de las viviendas estadounidenses disminuyó en US$ 2,3 billones, en la segunda mitad de 2022, según la correduría de bienes raíces Redfin. Esa es la mayor caída en términos porcentuales desde la crisis de vivienda de 2008, cuando el valor de las viviendas se desplomó un 5,8 % de junio a diciembre. (www.larepublica.co, 22/02/2023).

En esta línea, Morgan Stanley predice una caída de precios de inmuebles en EE.UU. que podría asemejarse a la de la crisis de 2008. Este banco de inversión estadounidense pronostica una disminución de hasta un 40 % en los precios del sector.

No es de extrañar que en los últimos años, aprovechando las bajísimas tasas de interés y el dinero inventado de la FED, el fondo de inversión Blackstone, haya acumulado la cantidad de 50.000 millones de dólares para recoger los restos del naufragio del estallido de la burbuja y hacerse con las viviendas expoliadas a la clase obrera que no pueda pagar los créditos hipotecarios. En el plazo de dos años más de la mitad de los 2,9 billones de dólares en hipotecas comerciales se deberán refinanciar, y las nuevas reglas, con los tipos altísimos en poco tiempo, cambian el juego.

En España, seguimos el mismo patrón. Según datos publicados por la consultora inmobiliaria Savills, el sector inmobiliario batió un récord histórico anual en inversión directa en 2022, un 27 % más que en 2021 y un 22 % más que en 2018. Pero, según “expertos” del sector, el mercado inmobiliario comenzará a desinflarse este año y el próximo, aunque de forma moderada.

Sin embargo, la realidad tozuda de la subida de precios de la vivienda en propiedad y alquiler, suponen un incremento de la dificultad para acceder a la misma (o mantenerla) y un auténtico drama social para las capas populares empobrecidas por el incremento generalizado de los precios y la desactualización de los salarios.

La perspectiva supone un aumento sostenido de los desahucios (41.359 durante el 2022), a lo largo de este año y el siguiente. Las alzas del euríbor hasta la actualidad y la previsibilidad de alguna más, afectará a gran cantidad de hipotecas en su proceso de revisión anual, amortiguadas en parte (insuficiente) por las medidas de escudo de protección social, que este Estado ultra endeudado, no podrá garantizar, y menos, una vez encaminado a quemar una nueva etapa liberal que garantice el incremento de los gastos militares y otros de legitimidad, junto con las medidas que deberán garantizar la viabilidad del Capital, a través de más procesos de desposesión de riqueza social.

Y ante esta situación, suponemos que porque se abrió el proceso electoral, comenzó una escalada de propuestas en torno a la vivienda. La primera, de carácter gubernamental, fue la de ofertar viviendas  de la SAREB en alquiler social. Una medida que difícilmente va a servir a los propósitos anunciados cuando lo que hubo de valor en el banco malo ya se vendió y solo quedan los restos invendibles y la necesidad de liquidar la institución.

El PP ha puesto el acento sobre el incremento de la oferta; es decir, la construcción masiva subvencionada que puede ser otra de las soluciones a adoptar. Hay que recordar que durante el anterior boom inmobiliario antes de la crisis de 2008, se construyeron más viviendas que nunca y subieron los precios también a máximos históricos.

Actualmente en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el INE, siendo principalmente, propiedad de grandes tenedores y no de pequeños propietarios. Esto  supone un 13,7 % del total de pisos de nuestro país. Si existiera un interés en solucionar el problema habitacional, por interés público y de mayoría social, la solución racional sería ponerlas al servicio de quienes las necesitan.

Pero, en las medidas que se empiezan a establecer, no existe voluntad de solucionar un problema social, sino de apuntalar un sector fundamental para el modelo productivo capitalista español, basado en el turismo, servicios y construcción, ante la más que previsible caída de la burbuja especulativa actual. La construcción en España se desmorona como consecuencia del encarecimiento de los costes, afectados por la crisis de los suministros y la crisis energética. El sector inmobiliario, ha frenado su recuperación postcovid y ralentiza su actividad mes tras mes y con las perspectivas que vienen de Estados Unidos, sirve aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas cortar…”

La penúltima de las medidas propuestas consiste en la venta a “precio de mercado” de inmuebles titularidad del Ministerio de Defensa para la construcción, por empresas privadas, de viviendas destinadas a alquiler social y desviar presupuesto social a gastos para la guerra. Un enredo más de una política basada en aquello de “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”…

Kike Parra


Publicado el 8 de mayo en nuevarevolucion.es

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