Hasta diciembre del año 2010, los funcionarios tenían un régimen especial de jubilación llamado CLASES PASIVAS, en el que se regula su jubilación.  A partir del 1 de enero de 2011, el personal que accede a la condición de funcionario lo hace en el Régimen General de la Seguridad Social.  Pero todavía quedan muchos funcionarios que se rigen por las Clases Pasivas, y este sistema tiene, como casi todo en esta vida, su parte positiva y su parte negativa.

La jubilación de los empleados públicos no es a los 67 como en la Seguridad Social, la ordinaria es a los 65 años, pudiendo retrasarse hasta los 70 de forma voluntaria, pero también existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 años siempre que se tengan 30 años de servicio en la Administración y esa es la parte positiva, te puedes jubilar a los 60 años con el 100% de lo que te corresponda si tienes 35 años trabajados.

Pero también tiene una gran desventaja: La pensión no se calcula por las retribuciones reales sino por un haber regulador, es decir, unas cantidades que aprueba el Gobierno según el grupo de titulación. Para los C2 la pensión resultante sería de 1.642,57 euros brutos, mientras que la de un funcionario del grupo A la pensión sería de 3.434,37 brutos. En este caso la persona del C2 perdería relativamente poco con lo que gana mensualmente, dependiendo de productividades y demás complementos, pero los del grupo A, pueden llegar a perder mucho dinero ya que vienen ganando bastante más.

En la Administración, como en todo el mundo laboral, quien más cobra suele tener menos penosidad y menos ganas de dejar de trabajar. Por ese motivo, los funcionarios de los Grupos Altos (A1 y A2) no suelen pedir la jubilación voluntaria a los 60 años, al contrario,  piden el renganche hasta los 70 años, de esta manera siguen cobrando sus importantes emolumentos además de un suculento incremento retributivo pactado con los sindicatos por su "esfuerzo".

Es en este punto donde se comprueba que el Sindicalismo en la Administración es corporativo y malo, muy malo.  Lo cierto es que el sindicalismo como tal desapareció de gran parte de las Administraciones, ahora son entes comunicadores de los planes del Gobierno. En lugar de defender en todos los ámbitos la posibilidad de jubilación anticipa a los 60 cumpliendo unos requisitos, lo que hacen es premiar la prolongación de la vida laboral en las Administraciones con la petición de todos los sindicatos de un incremento del 5% por ciento anual acumulable para aquellas personas que decidan de manera voluntaria prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación ordinaria.

Esa jugosa propuesta retrasa la jubilación de muchos funcionarios lo que supone que no se renueven plantillas y llegará a provocar diferencias retributivas en personas con las mismas responsabilidades, ya que los “no jubilados” cobraran un 5% anual más que el resto.

En breve se negociará el anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado. En esta negociación se tratará nuevamente sobre la jubilación de los empleados públicos y, lo que plantean los Sindicatos de la Función Pública es como poco decepcionante. 

Su preocupación es que se puedan renganchar cobrando más. No les preocupa lo que se cobra cuando se entra en la función pública, donde se tiene que compartir piso para poder vivir, no les preocupa que no se cubran todas las plazas necesarias, prefieren que las cubran los que deberían estar jubilados. No les preocupa la atención a la ciudadanía, porque apuestan por el teletrabajo en lugar de las citas presenciales. 

En lugar limitar la prolongación de la jubilación a aquellas personas que no lleguen al 100% de la pensión, apuestan porque se cobre más si prolongas la asistencia, (lo del trabajo habría que verlo) y no poco, un 5% acumulable por cada año que trabajas cuando deberías estar jubilado.  Lo dicho, lo que debería ser un objetivo común, la jubilación a los 60 con unos requisitos básicos, en la función pública lo cambian por un 5% de salario, al final, para los que más cobran.

Vicent Alcaraz

Comisión de MOS

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