La todavía vigente Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) establece que el Personal Docente e Investigador (PDI) contratado no podrá superar el 49 % del total del PDI universitario, y el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), actualmente en tramitación parlamentaria, despacha el asunto sin cuantificarlo, con la difusa expresión: “el profesorado funcionario será mayoritario”.

En ambos casos, sin embargo, hay una doble trampa: el personal se computa en “equivalentes a tiempo completo”, es decir, el profesorado a tiempo parcial contabiliza como una fracción de trabajadora o trabajador según la duración de la jornada contratada. Se infravalora así, descaradamente, la parcialidad, la temporalidad, y la laboralización (opuesta a la funcionarización) del profesorado universitario según un criterio que jamás se aplica en las estadísticas de la EPA para la población trabajadora general. Tampoco se incluye dentro del PDI contratado a quienes no imparten docencia en titulaciones oficiales, ni al personal propio de Institutos de Investigación y de las Escuelas de Doctorado, nuevas formas de camuflar la contratación laboral sin generar plantillas estables.

Según la Estadística de Personal de las Universidades (EPU), en el curso académico 2020/2021 el porcentaje de PDI Funcionario en el Sistema Universitario Público Español era del 40,7 % en número de efectivos. Solo la “magia” del equivalente a tiempo completo y la escandalosa parcialidad en el ámbito del PDI universitario permiten maquillar estos números, llegando al 57.2 %, y cumplir el criterio de la LOU.

Lo más preocupante, sin embargo, es la tendencia: entre el curso 2015/2016 (primero en que se publica la EPU) y el 2020/2021 el porcentaje en efectivos de PDI Funcionario pasó del 46.4 % al 40.7 % en la Universidad Pública española. Y muy probablemente la caída fue mucho más pronunciada en los años precedentes coincidiendo con unas tasas de reposición que cayeron hasta el 10 % durante la penúltima crisis capitalista y que solo en 2017 recuperaron el 100 %. Las actuales tasas de reposición del 110/120% son absolutamente insuficientes para recuperar las plazas perdidas de PDI permanente, especialmente del funcionario.

La consecuencia lógica de las políticas de recortes en los servicios públicos, el universitario en nuestro caso, además de la precariedad laboral y del deterioro en su funcionamiento, es que se compromete el futuro mismo de la institución con el rápido envejecimiento de las plantillas: en el curso 2020/2021 el 79.7 % del PDI Funcionario de las Universidades Públicas tenía 50 o más años. Más de la mitad del actual PDI Permanente alcanzará la edad de jubilación al final de la presente década. La misma institución universitaria como servicio público se la juega en función de cómo se plantee la reposición de esas trabajadoras y trabajadores.

Y para completar el ataque al sistema funcionarial de los cuerpos docentes universitarios, el Anteproyecto de LOSU introduce una figura confusa que denomina “Profesor/a Permanente Laboral”, de carácter fijo e indefinido, que tendrá “categorías comparables a las del personal docente e investigador funcionario”. Se abre la puerta a la instauración de una doble escala con carreras profesionales paralelas de PDI Funcionario versus PDI Laboral. Un antecedente de dicha doble escala lo encontramos en la Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya. El resultado es que en el curso académico 2020/2021 ninguna de las siete Universidades Públicas catalanas llegaba al 30 % de PDI funcionario (dos de ellas bajaban del 20 %) en efectivos y ¡ninguna de ellas cumplía la LOU!, al no llegar al 51 % de PDI Funcionario, ni siquiera en equivalencias a tiempo completo.

Se olvida interesadamente que en España el sistema del funcionariado público nació hace dos siglos como superación del Estado absolutista para evitar las cesantías masivas y profesionalizar la función pública, siendo esencial en la Universidad para la protección del principio de la Libertad de Cátedra. La quiebra programada del sistema funcionarial universitario es condición imprescindible en un proceso de privatización encubierta apuntalado por el Plan Bolonia.

No queda mucho tiempo antes de que el desmantelamiento del sistema público universitario, como verdadero servicio público de la enseñanza superior, devenga irreversible. Solo la unidad, organización y movilización de las plantillas universitarias logrará revertir lo que ahora parece inevitable. En lo inmediato, la lucha sindical debe orientarse unánime y decididamente a la eliminación de las tasas de reposición y confrontar cualquier intento de establecer una escala laboral paralela a la funcionarial.

Sección Sindical de CSO-UMH