RESOLUCIÓN DEL IX PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

Los presupuestos del gobierno para el 2023, que en estos momentos se han presentado y que en las próximas semanas veremos como algunos de sus apartados se transforman en función de las negociaciones parlamentarias para su aprobación, obedecen fundamentalmente a dos circunstancias; cumplir con los deberes que pone el imperialismo con un mayor gasto militar y así adecuarse a la agenda belicista aprobada en la pasada cumbre de la OTAN realizada en Madrid; y la de representar el papel de gobierno “progresista y social” que el reformismo burgués del PSOE y PODEMOS-IU debe atribuirse para jugar la baza de correa de transmisión entre la oligarquía y la clase obrera y los sectores populares, de cara a los procesos electorales del próximo año. En este momento de aumento de la carestía, el gobierno debe presentarse como “gobierno social” para bloquear cualquier acceso de conflicto social, y maquillar los 12.317 millones de euros destinados a armamento, un incremento del 8 % que si le sumamos los ya aprobados 4.900 millones de los planes especiales de armamento, suponen un incremento del 25 %.

Estos presupuestos del gobierno de PSOE y PODEMOS-IU que se están anunciando a bombo y platillo como los más “sociales de la historia”, no son más que fuegos artificiales con los que lograr impresión y asombro, mientras por otro lado se asegura todo lo necesario para los intereses del capital monopolista. El aumento social, tantas veces mencionado y repetido desde los mismos medios de comunicación que a día de hoy, bajo la consigna de “no a la invasión de Putin” bloquean y censuran de manera flagrante cualquier información inconveniente, son en realidad una maniobra de distracción para camuflar la verdadera finalidad de los presupuestos, que es la de poner en marcha al Estado español en la deriva belicista iniciada por Biden y seguida por Bruselas, una renacida cruzada occidental por la libertad y los valores democráticos, que en realidad solo es el relato de autolegitimación empleado para justificar la salida desesperada hacia la guerra y la destrucción que la actual recesión impone al capitalismo monopolista.

Bajo la engañosa pompa de los porcentajes que muestran aumentos en la inversión social, en los presupuestos, tan solo hay subidas insuficientes de pensiones y salarios, subidas que además hay que tener en cuenta que no salen sin más de la “buena voluntad” del gobierno, sino que responden a las reivindicaciones objetivas de los trabajadores y las trabajadoras, y que si no fuera por la lucha que mantienen de manera sostenida desde hace años los y las pensionistas, en favor de sus derechos y de los servicios públicos, en estos momentos no serían igual. El 8,5 % de subida de las pensiones no responde al IPC real y, además, busca neutralizar a un sector que en los últimos años no ha dudado ni un momento en salir a la calle y levantar todo tipo de movilizaciones. El aumento de gasto en servicios sociales apenas responde a la precariedad y aumento de la pobreza, a la que nos hemosvisto enfrentados los sectores populares y la clase obrera en los últimos años, por lo que es obvio que aún menos lo hará para la crisis que ya todos los agentes económicos pronostican. Además, como el maquillaje y el juego de representaciones que son, detrás de los anuncios, estas ayudas primero deben pasar por las negociaciones parlamentarias, en las que los números se distorsionarán en forma de pactos con otras fuerzas políticas; y en segundo lugar, luego habrá que descubrir las mil y una trabas burocráticas que en este país representan el acceso a cualquier tipo de ayudas públicas, como son las ayudas al alquiler, renta mínima, ayudas a las madres o abono de tren. En cualquier caso, podemos saber con absoluta certeza que estos presupuestos no son la mejor defensa del supuesto estado del bienestar, sino la garantía del rearme y la desesperada agenda belicista que el imperialismo impone.

En resumen, sobre los actuales presupuestos podemos afirmar lo siguiente: los presupuestos garantizan la sumisión del Estado español a la agenda belicista de la OTAN, demuestran el papel al servicio de la oligarquía de PODEMOS-IU dentro del gobierno, y que la situación de creciente precariedad y pobreza de la clase obrera y de los sectores populares continuará agudizándose, aun con el anunciado aumento del gasto social.

Desde el PCPE reivindicamos:

  • Un Plan Urgente de Emergencia Social, que debe estar en la base programática de todas las organizaciones de base y de masas, marcando la necesidad de, más allá del asistencialismo, apostar claramente por la defensa de lo público, la nacionalización de los monopolios energéticos, no a los cortes de suministros básicos, paralización de desahucios, no a los recortes sociales...
  • Fin de la política de sanciones. Por la normalización económica y comercial con Rusia. La política de sanciones y bloqueos impuesta por los EE. UU. y la UE, no solo atenta contra las condiciones de vida del pueblo sancionado, sino que golpea directamente también a los pueblos de Europa.
  • Recuperar la soberanía monetaria para enfrentar la carestía de la vida. No al €, no a la UE. No a los gastos militares. No a la OTAN y las bases yanquis. Ninguna participación de España en la guerra.
  • Cero gastos en instituciones parasitarias, como la monarquía y la iglesia.
  • No al pago de la deuda, que es absolutamente ilegítima.
  • Un modelo energético que responda a la realidad que determina un futuro con escasez creciente de hidrocarburos y se ajuste a las necesidades del Pueblo y no de los monopolios.
  • Desenmascaremos la mentira del capitalismo verde.

Sabiendo que todos los gobiernos burgueses, sean del color que sean, enfrentarán este tipo de propuestas por considerarlas lesivas a los intereses del capital, hoy más que nunca, es necesario hacer bandera de todos estos elementos de ruptura política, levantando, al mismo tiempo, la bandera roja del Socialismo y el Internacionalismo, y la Blanca de la Paz.

9 de octubre de 2022

Comité Central del PCPE