¿Recuerda alguno de ustedes la genial película de los Hermanos Marx “El camarote de los hermanos Marx” con la escena en la que Groucho y Harpo “negocian” con otra persona: Groucho va pidiendo cada vez más cosas y cuando dice cada cosa Harpo (el mudo en las películas) hace sonar su bocina que Groucho traduce por ¡y dos huevos duros!. Pues bien, las propuestas de la “leal” oposición y las contrapropuestas del gobierno me la hicieron recordar. Explicaré por qué.

Antes que nada me pondré pesado, didáctico y a contracorriente: ¡los impuestos son una necesidad de cualquier gobierno! Hay tres formas principales -casi únicas- que tiene un gobierno para recaudar fondos con los que llevar a cabo su tarea de gobierno: una de ellas -imposible ahora por pertenecer al club de la UE- es la emisión de más dinero, lo que implica una devaluación encubierta del dinero existente pues nadie da duros por cuatro pesetas; otra sería la emisión de deuda pública, que llevaría a descargar sobre las espaldas de los descendientes los gastos que se llevarían a cabo en el presente; y llegamos a los impuestos. Hay que dejar claro que lo vital NO es bajar los impuestos sino en qué se van a gastar y quién va a terminar DE VERDAD pagándolos.

De hecho si se recaudaran para gastarlos en Sanidad, Educación y Medidas Sociales, ¿quién dentro de las clases populares, estaría en contra de -incluso- subirlos? Y si se gastan en blanquear los balances financieros de bancos y grandes empresas, en aumentar los gastos en ejército y policía, en mantener a la Casa Real y demás sería la derecha -en sus múltiples modalidades- la que aplaudiría hasta con las orejas. Por otro lado no deja de ser curioso que el secretario de Estado de Hacienda de este gobierno “populista de izquierdas” Jesús Gascón declare que “ El volumen de fraude fiscal no es despreciable y constituye un problema a combatir en todos los países, también en España, pero no es la explicación de nuestro diferencial de ingresos con la Unión Europea ni una alternativa real a las reformas fiscales que buscan aumentar la recaudación tributaria”.

Por otro lado prosigue diciendo que “en ocasiones, incluso desde sectores empresariales, se habla de porcentajes de fraude o economía en negro del 25 %, que solo sería posible si una de cada cuatro empresas, incluídas las grandes y medianas, operase totalmente en negro o una de cada dos ocultase el 50 % de sus operaciones”. Y recalca: “España presenta resultados mejores que la media y la mediana de los países de la Unión Europea y del Eurogrupo en brecha fiscal en el IVA. Y se sitúa en torno a la media y la mediana en el caso de la economía sumergida de regularización tributaria”.

Luego, debemos estar encantados de una clase empresarial que defrauda menos que la del resto de la UE, y se permite incluso corregir a dichos empresarios que -pobrecitos- se creen las mentiras que circulan y declaran un fraude del 25 % (si esto es lo que aceptan, ¡cuál será el dato real!). Se le debería recordar que en la IRPF España es un país donde, de media, los empresarios declaran ganacias y sueldos MENORES que las de sus trabajadores. ¡Acabáramos! Si tenemos una clase empresarial tan romántica que prefiere perder dinero. ¡Qué ingratos somos!

Esto explica por qué cuando la derecha que se nombra como tal está en el gobierno, elimina puestos de inspectores fiscales y la cacareada izquierda cuando está en él, los deja como los encuentran: ¡para qué sirven unos inspectores en un país modelo del mundo mundial en el que los ricos y poderosos no defraudan casi nada! Ahora en serio: con las facilidades que se les han puesto legalmente para que no tributen nada o casi nada es increíble que aún así sigan defraudando.

Lamentablemente para él sus ideas (publicadas en la revista editada por el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de Economistas) fueron expuestas justo antes de que el PP -y a su zaga, el gobierno- abriesen el melón de la tributación fiscal, preparándose ambos para mentir a la ciudadanía -perdón, a presentar sus rigurosas propuestas- de cara a las elecciones que vendrán. Así Gascón señalaba a mediados de septiembre que “en un momento de incertidumbre económica global puede ser contraproducente la adopción de medidas generales más allá de medidas selectivas y temporales para hacer frente a las urgencias del momento”. Por cierto, este señor era el antiguo jefe de la Agencia Tributaria, que da por hecho en su exposición que “cualquier incremento del gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales deberá pasar por un aumento de los ingresos sobre el PIB, contando con un enfoque realista que no genere 'expectativas' irreales”.

Rechaza centrar el debate en las rentas altas y en las grandes empresas, apuesta por revisar varias deducciones y niega -como ya señalamos- que la lucha contra el fraude baste para aumentar los ingresos públicos. De hecho, el número dos de María Jesús Montero pide no focalizar el grueso de la reforma en los perfiles más acaudalados y detalla que en 2019 sólo un 0'61 % de las declaraciones del IRPF incluían rentas y rendimientos de importe superior a 150.000 euros, y en Sociedades sólo el 2'12 % de los declarantes tenía una cifra de negocios anual superior a los seis millones de euros.

Para Gascón también es un elemento “distorsionador” centrar el debate en exceso en los tipos nominales de los impuestos “como si el tipo de gravamen fuese el único factor a considerar”. Señala -y en eso no podemos no estar de acuerdo con él- que habría que tener en cuenta las exenciones, bonificaciones, reducciones, deducciones, regímenes especiales e incentivos que “disminuyen la tributación efectiva de forma muy significativa”.

¿Se acuerdan cuando dijimos que sin necesidad de defraudar al fisco los ricos podían LEGALMENTE no pagar casi nada de lo que en verdad les correspondería? Gascón cree necesario identificar cuáles son los impuestos que generan una brecha tributaria con los demás países de la UE para actuar sobre ellos. Si la comparativa se llevara a cabo mediante la media aritmética el diferencial negativo proviene del IVA. Si se hiciera con la media ponderada el tributo a rediseñar sería el IRPF.

Un pequeño apunte: la derecha (declarada o no) siempre preferirá aumentar los impuestos indirectos (como el IVA) pues aquí pagan lo mismo pobres o ricos por el producto, mientras que en los impuestos directos se puede poner una tabla de ajuste para que de verdad contribuyan más lo que más tienen.

Y ahora viene la madre del cordero: ¿alguien pensaba que tanto a la gloriosa oposición como al “progresista” gobierno se les había ocurrido de repente abrir el melón de la reforma fiscal? Pues no. Bruselas ha mandado en septiembre a los hombres de negro para revisar el cumplimiento del Plan de Recuperación. Hay que cumplir los plazos prometidos y ni la inflación ni la crisis energética son excusas. A cambio de recibir los fondos 'Next Generation' el sistema tributario ha de reformarse a más tardar en el primer trimestre de 2023. El tiempo corre y solo quedan seis meses para que termine el plazo para implementar la reforma fiscal y, si el proyecto se retrasa, también lo harán los fondos. Y parece que no les importa que después de firmado estallaría una guerra en Europa ni que los precios se dispararían al desencadenarse una crisis energética pudiendo, a consecuencia de ello, Alemania y todo el continente podrían entrar en recesión.

Los planes hablaban de hacer el sistema español más equitativo, progresivo y justo) no se rían, por favor) con el objetivo de acercar los niveles de tributación de España a la media de la UE: España tiene una presión fiscal del 38'7 % del PIB frente al 46'7 % de la media de la zona euro.

La Comisión habla -aunque sin concretar cuáles- que deben irse eliminando beneficiarios de la muchas exenciones, incorporar impuestos relacionados con el medio ambiente y RECAUDAR MÁS porque hay una larga serie de gastos ya comprometidos y que, con la crisis de este otoño y las ayudas a los hogares y empresas, van a ser más.

También recuerdan que en enero el gasto en pensiones se disparará porque deberán subir lo mismo que el índice de precios al consumo (IPC) medio de 2021. Curiosamente antes de la actual trifulca, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño criticó la decisión de eliminar el impuesto de patrimonio (que sólo pagan los muy ricos) del presidente andaluz Juanma Moreno y aseguró que “la carrera por bajar impuestos en un momento como el actual adolece de falta de responsabilidad, sobre todo en un momento en el que la situación económica perjudica sobre todo a los colectivos más vulnerables”.

Y llegamos a la actual batalla fiscal (de propuestas) que abrió el PP cuando en sus comunidades (y en la Comunidad Valenciana del PSOE) propuso la eliminación del impuesto de patrimonios. Desgraciadamente para ella (pues demuestra que cada palo de la baraja del gobierno va por su lado y cuida de sus propios intereses) sólo un día después de que Nadia Calviño criticase la macrorrebaja fiscal anunciada en el Reino Unido y los efectos que podría tener en los mercados financieros, el Ejecutivo presentó una batería de medidas tributarias en las que la cercanía del calendario electoral y la necesidad de acuerdos con Unidas Podemos es evidente.

Esta reforma del Gobierno, que detallaremos un poco más a continuación, permitirá a Hacienda -según las estimaciones del Gobierno- ingresar en los próximos dos años 3144 millones de euros y consiste en aumentar los impuestos a las rentas altas, grandes patrimonios y empresas y -parece- rebajarlas a los contribuyentes con menores ingresos. Dicho paquete fiscal incluye un nuevo impuesto temporal a patrimonios de más de 3 millones de euros en la base liquidable -los mismos que usted o yo, ¿no?- y un incremento del 26 % actual al 27 % de gravamen a las rentas de capital superiores a los 200.000 euros y del 28 % a los que superen los 300.000 euros. El parto de los montes ha parido ¡un ratón! Tanto ruido para aumentar un 1 o un 2 % el gravamen de las mismas rentas a las que se les deduce anualmente casi todo lo que deberían aportar. Recaudará 204 millones de euros y afectará a unos 17.800 contribuyentes.

Paralelamente -para que también nos sintamos incluidos- se aumenta la deducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros ¡brutos! Y el umbral mínimo exento de tributación se lleva a de 14.000 a 15.000 euros. Si estos números significan un sueldo conjunto de la unidad familiar que va de 1.000 a 1.500 euros mensuales líquidos, y en el caso de exentos de menos de 1.000 euros vemos que es lógico: si encima tuvieran que pagar impuestos ¡no comerían! Ahora bien, como a todos nos entusiasma que nos saquen del final de la fila con las clases proletarias y nos suban a la clase media, ya Montero ha señalado que aumentar el umbral de renta a 21000 euros lo hace coincidir con el salario mediano y la medida afectará al 50 % de los trabajadores, y se estima que un trabajador que cobre 18.000 euros anuales se ahorrará 746 euros en impuestos, mientras que la bajada del PP sólo sería de unos veintitantos euros.

También se efectúan modificaciones en el IRPF y sociedades para beneficiar a Pymes y autónomos. El tipo de sociedades para las empresas que ganen menos de un millón de euros al año pasará del 25 % actual al 23 %. Esto generará un ahorro de 292 millones de euros para 407.000 empresas. Para los trabajadores por cuenta propia se les añadirán cinco puntos adicionales a la reducción en el rendimiento neto de los módulos, y se beneficiará a 577.000 contribuyentes. También se elevará de un 5 a un 7 % la reducción para gastos de difícil justificación, lo que afecta a casi un millón de personas.

Y como no podía ser menos en un gobierno progresista, ecofeminista y demás, se REBAJA EL IVA PARA PRODUCTOS FEMENINOS. El Ejecutivo establecerá un tipo superreducido del 4 % de IVA para los artículos de higiene femenina y salud sexual, como tampones, compresas y preservativos. Esta medida supondrá una merma de recaudación de 24 millones de euros. Lo que parece una broma de mal gusto hablar de esta cifra en comparación con todas las demás.

Todas estas novedades entrarían en vigor el 1 de enero de 2023.

En realidad el único impuesto nuevo es el 'tributo de solidaridad' de carácter temporal (en 2023 y 2024 solamente) y es el único que deberá seguir trámite parlamentario. Según Montero afectará a unas 23.000 personas y se espera recaudar en torno a 1.500 millones de euros (los tipos impositivos serán del 1'7 % para las fortunas de entre 3 y 5 millones de euros, del 2'1 % para las que estén entre 5 y 10 millones y un 3'5 % para las que superen los 10 millones). Y para que no pongan -mucho- el grito en el cielo esta figura evitará la doble imposición y los que abonen en sus comunidades autónomas el impuesto de patrimonio se lo podrán deducir. O sea, que en realidad, y para evitar la bajada insolidaria en algunas comunidades, lo que se va a hacer en realidad es una recentralización encubierta del impuesto de patrimonio, evitando distorsiones territoriales

Hasta ahora los grupos consolidados -léase grandes empresas- compensaban en el impuesto de sociedades hasta el 100 % de las pérdidas de sus filiales (se imaginan la creatividad fiscal en los libros de cuentas de estas sociedades hasta la fecha). El Gobierno quiere reducir este porcentaje al 50 % en 2023, pero el otro 50 % lo podrán compensar en 2024. Ya Montero le ha explicado a la patronal que “no es un incremento fiscal sino un aplazamiento de la posibilidad de compensar la base imponible negativa”. La medida ¿afectará? a más de 3.600 empresas (el 0,2 % de las declarantes) que facturan de media 200 millones de euros anuales. El impacto fiscal se estima en 2.439 millones de euros. Pero que quede claro, solo será para los próximos dos años y, en realidad, no es que tributen 2.439 millones de euros más sino que no se los descontarán ahora pero sí, como Montoro les ha explicado, posteriormente. ¡Malos tiempos para después de dos años! ¿Se imaginan quién va a pagar la factura al final?

Y no nos olvidemos de los compromisos ya firmados con Bruselas y que se cumplirán inexorablemente. ¿O necesito recordaros que nuestra cacareada Constitución que para algunas cosas se decía que era inamovible y más eterna que las Tablas de la Ley de Moisés se alteró sobre la marcha -a órdenes de los chicos del frac que, no nos olvidemos, han puesto los gobernantes de todos los países de la UE, los nuestros también- cuando se incluyó la enmienda que SIEMPRE se pagarán los intereses de la deuda antes que gastar el dinero en miserias como sanidad, educación y cuidados a personas dependientes y/o mayores? Y hay muchos más ejemplos.

Marcos M. Rodríguez Pestana

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