El pasado jueves 14 de julio, el Congreso ha aprobado la ley de Memoria Democrática con la que el Estado burgués se proponía actualizar la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. La reacción de la extrema derecha no se ha hecho esperar: tras la promesa de Feijóo de derogarla si gana las elecciones, la Falange mostró su apoyo con una movilización frente al Congreso contando, por supuesto, con la complicidad de la policía. Sin embargo, a pesar de que la socialdemocracia presume de su moderación y justicia, desde el PCPE solo vemos un nuevo intento por maquillar el régimen fascista.

Lo primero que hay que destacar es la continuidad de la ley de Amnistía de 1977, que sirvió para proteger a los criminales del franquismo y evitar la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En esta misma línea, aunque la ley considera ilegal el Estado fascista, así como las condenas de todos sus tribunales, no recoge explícitamente la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Otro punto destacable es la constitución de una comisión que investigará los crímenes entre 1978 y 1983 que, entre otros asuntos, podría dedicarse a los asesinatos y las torturas llevados a cabo por los GAL. Sin embargo, las víctimas de este período no podrán ser consideradas víctimas del franquismo, lo que demuestra, una vez más, que el gobierno de coalición (PSOE-UP-PCE) no entiende (o no quiere entender) que el fascismo siguió integrado en las instituciones del Estado después de 1978 y continúa hasta ahora.

La ley incluye, además, la obligatoriedad de la búsqueda de las personas desaparecidas por parte del Estado, así como un banco de ADN para facilitarla. También van a permitir el acceso público y gratuito a los documentos del franquismo y crearán lugares de «memoria democrática», en los que solo podrán permanecer los restos de las fallecidas y fallecidos a causa de la guerra civil. Esto último obligaría a retirar la tumba de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, que a partir de ahora será denominado Valle de Cuelgamuros.

A este respecto, se entiende que la ley de Memoria Democrática puede facilitar el estudio del franquismo, una época especialmente oscura, así como los homenajes a sus víctimas. Sin embargo, ¿realmente esta ley beneficia a la clase trabajadora? ¿Por qué no se condena a la Iglesia católica por su ayuda al golpe de Estado y por sus crímenes de lesa humanidad, como es el caso de los bebés robados? ¿Por qué no se depuran los tribunales y el ejército de toda la calaña fascista? ¿Por qué no se hace mención siquiera a los crímenes de la monarquía continuadora del franquismo? En el PCPE tenemos claro que un nuevo proyecto histórico para Estado español debe recoger una ley de Memoria Histórica Republicana y Antifascista que permita condenar a los criminales y torturadores y que contemple los siguientes puntos esenciales: 

  1. Nulidad de la ley de Amnistía de 1977

  2. Condena institucional y jurídica del franquismo como régimen criminal y genocida, así como de la Iglesia católica por su implicación activa en el golpe de Estado y en la represión franquista.

  3. Nulidad de los juicios sumarísimos y el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y la Transición.

  4. Aplicación del derecho internacional y humanitario.

  5. Reconocimiento y reparación a todos los niveles de las víctimas desde el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 hasta la Transición, a las deportadas y deportados, a las asesinadas y asesinados en los campos de concentración nazis, a las guerrilleras y guerrilleros antifranquistas, a las luchadoras y luchadores asesinados, torturados y encarcelados en el período de la llamada «Transición modélica».

  6. Intervención directa del Estado y la tutela judicial efectiva en los procesos de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes.

  7. Apertura a la sociedad de todos los archivos de la represión.

  8. Establecimiento de una fecha alternativa al 31 de octubre (aprobación de la Constitución de 1978) como día de homenajes y recuerdo a las víctimas del franquismo (por ejemplo, el 14 de abril, fecha que conmemora el establecimiento de la II República).

Esta ley, por mucho que la maquillen, no deja de ser una nueva jugada del gobierno autoproclamado «más progresista de la historia» para proteger los intereses del capital, en este caso, blanqueando la alternativa fascista. Dentro del capitalismo no hay futuro para la clase obrera.

¡Por la Ruptura. Por el poder obrero y popular!

¡Viva la República Socialista de carácter Confederal!

Secretaría de República y memoria histórica

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