Unidas Podemos siguen insistiendo en regular el precio de los alquileres.

Las últimas enmiendas presentadas a la Ley de Vivienda, entre otras cuestiones, se encaminan a extender el límite del precio de los alquileres a todos los propietarios en zonas tensionadas.

Nadie puede dudar de la necesidad de solucionar el problema de la vivienda. Urge para un creciente porcentaje de la sociedad que tiene dificultades en adquirir o mantener en condiciones dignas un hogar.

Según la web de Statista, el total de viviendas alquiladas en España en 2018 fue de 1.650.949.

Los salarios no han subido al ritmo de los precios de los inmuebles. En la misma lógica, tampoco de los alquileres.

Desde la crisis de 2008, para los menores de 30 años, acceder a la independencia es tarea imposible. Los recursos necesarios para emanciparse rondan de media el 60% de los ingresos en el caso del alquiler y llega al 90% en el pago de una hipoteca. Esto impide el acceso a las mismas o bien directamente o a través de la concesión de un crédito que nunca se aprobaría con esos datos.

Es absurdo seguir insistiendo en describir los elementos objetivos que hacen del principio constitucional de

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Un enunciado vacío. Y ello, porque son de sobra conocidos y sufridos por la mayoría social de este país.

En cualquier caso, la cuestión de la vivienda no es nueva. Tampoco su abordaje. Federico Engels en 1872, en “Contribución al problema de la vivienda”, lo encausaba por el rápido proceso de industrialización en las ciudades. Analizaba que el mismo es consustancial al modo de producción capitalista y que bajo su yugo, cualquier solución parcial, no es más que un parche que se vuelve a reproducir irremediablemente.

En este sentido, la limitación de los precios de los alquileres no es una medida precisamente que podamos llamar “de vanguardia”. Existen unas cuantas experiencias previas que se han implementado en Europa.

París fue una de las ciudades donde se intentaron corregir los altos precios en 2015, con la llamada ley Alur’. Otras ciudades como Roma, Lisboa, Viena o Berlín han tomado caminos heterogéneos orientados a resolver el problema de los alquileres y por ende, de la vivienda.

En otras regiones al margen de Europa, también hay ejemplos que pueden servir de ilustración.

Muchas de estas acciones no han tenido el recorrido suficiente como para poder analizar el cumplimiento efectivo de sus objetivos. En algunos casos, las medidas han sido totalmente ineficaces porque las “normas” reguladoras tienen sus propias trampas que permiten subir los precios por encima de las regulaciones tope, basándose en triquiñuelas.

En otros casos, la eficacia de la norma ha mermado el mercado del alquiler.

En este sentido, el Banco de España, ante la amenaza intervencionista, cree que la oferta de alquiler suele reaccionar al control de los precios reduciendo las viviendas disponibles en el mercado, disminuyendo los gastos de mantenimiento de los inmuebles o modificando la composición de la vivienda ofertada para eludir la regulación.

Un amplio sector político y económico que representa los intereses de los grandes “tenedores”, se ha posicionado de idéntica forma.

Obviamente, esta defensa liberal, se enfrenta claramente a la posición defendida por Unidas Podemos por lógicas razones de interés de clase; sin embargo, existe una convergencia del análisis liberal, con lo que desde posiciones marxistas se pueden inferir al respecto.

La idea regulatoria de la socialdemocracia es utópica en cuanto que ignora la cuestión del valor-trabajo y su reflejo sobre los precios de las mercancías.

Efectivamente, los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, han olvidado, entre otras muchas cuestiones, o nunca entendieron, que la vivienda es como cualquier otra mercancía en el capitalismo y sujeta, por tanto, a un doble valor, el de uso y el de cambio. Eso mismo es lo que genera la tensión y el conflicto que Engels ya señalara hace 150 años. Al final es un reflejo más de la contradicción capital-trabajo.

Ignoran además que el precio de toda mercancía, incluyendo la fuerza de trabajo, está íntimamente relacionada con el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla.

Por ello, los precios de los alquileres se componen, en primer lugar, de las rentas del suelo y es en este aspecto, donde se establecen, gracias a las distintas usabilidades de las zonas de una ciudad, las diferencias en los precios. Así lo explicó Harvey, mediante la introducción del término “ambiente construido”.

Otro componente, en línea con lo comentado en párrafos anteriores, es el coste de la producción y el añadido plusvalor del proceso productivo. Igual que cualquier otra mercancía.

El hecho de que el titular del inmueble, repercuta poco a poco el precio al arrendatario, en lugar de la totalidad al inicio de la adquisición, implica que en el precio final se incluyan también los intereses de ese capital adelantado.

En cualquier caso, la baja rentabilidad de los sectores productivos, hace que en determinados momentos históricos como el actual, los precios se inflen por cuestiones especulativas coyunturales que por la tendencia a la perecuación de la ganancia vuelven a la normalidad cada otro tanto. Pero esta cuestión, no empaña para nada la afirmación de que el precio de los alquileres de las viviendas está sometida irremediablemente a la ley del valor.

Por supuesto, es posible que al final, el Gobierno ponga un límite al precio de los alquileres, pero la clase capitalista acabará invirtiendo menos en la construcción de viviendas o en la compra para alquiler si de las medidas estatales se desprende un descenso de la rentabilidad. Esto llevaría a una menor oferta, lo que no ayudaría a la solución capitalista del problema.

Si hiciéramos el esfuerzo de imaginar que las medidas gubernamentales, al final, llegaran a solucionar la cuestión del acceso a la vivienda de la clase trabajadora, ello tendría, dentro del marco de relaciones del modo de producción capitalista, repercusión automática en los salarios, puesto que como mercancía, la fuerza de trabajo sufriría una desvalorización equivalente a la habitación que el obrero no tuviera que procurarse, puesto que el salario cubre el mantenimiento y reproducción del obrero y por ello, la capacidad adquisitiva de los medios para conseguirlo.

Podemos concluir que la oligarquía entiende mejor el marxismo que nuestros compañeros y compañeras del PCE, Izquierda Unida y Podemos. Ello es así, no porque hayan estudiado los escritos de Marx o Engels, que también, sino, porque perciben desde un posicionamiento de clase, el de la burguesía, los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. Por otro lado, la socialdemocracia no percibe el punto de vista del obrero, algo que se desprende de las propuestas económicas que vienen lanzando.

Por parte de la burguesía, conocedores plenos del problema de la vivienda, no pretenden darle solución. Se sienten cómodos con el status quo actual, o más bien se plantean un refuerzo de sus posiciones en este momento de la lucha de clases contra el trabajo, que no tiene posibilidad de conciliación alguna, porque la contradicción capital-trabajo, solo ofrece, desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores, la salida de la trasformación de las relaciones de producción actuales.

Este es el callejón sin salida de Unidas Podemos. A través de propuestas reformistas de una retórica insuperable, pretenden situarse en un equinoccio interclasista, en un momento, en que la burguesía debe incrementar la tasa de explotación para estirar algo más el tiempo histórico del capitalismo. La clase obrera por su parte, no puede vislumbrar un futuro inmediato en unas condiciones mínimas de vida digna bajo el yugo de este sistema de producción.

Kike Parra

Publicado el 5/05/2022 en https://nuevarevolucion.es/

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