Juana Ruíz, cooperante de la ONG sanitaria palestina “Comités de Trabajo para la Salud”, arrestada en su casa de Beit Sahur el pasado 13 de abril y condenada a 13 meses de cárcel por el Estado sionista de Israel, por fin ha sido liberada tras la revisión de la petición de puesta en libertad, al haber cumplido dos tercios de la condena.

Una condena coercitiva e intimidatoria, en este caso de una cooperante española condenada supuestamente por “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania”. Cortina de humo que pretende servir como escarmiento y como forma de criminalizar el apoyo al pueblo palestino ya sea tanto para la ilegalización de organizaciones que lo apoyan, como para la legitimación del propio Estado israelí.

La realidad de Juana no es una excepción, pues se calcula que existen más de 4.600 presos y presas políticos en las cárceles israelíes, de los cuales hay más de 180 menores de edad. Cárceles en las que hay múltiples denuncias de torturas y vejaciones, desatención sanitaria (incrementada desde el inicio de la pandemia), aislamiento y demás inquisitoriales tratos.

Pero la represión del Estado de Israel va mucho más allá, con un apartheid permanente que incluso la herramienta imperialista Amnistía Internacional señala:

” La nueva investigación de Amnistía Internacional muestra que Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en todas las zonas bajo su control y a las personas refugiadas palestinas, a fin de beneficiar a la población israelí judía. Esto constituye apartheid y está prohibido por el derecho internacional. Las leyes, políticas y prácticas concebidas para mantener un sistema cruel de control de la población palestina han dejado a ésta fragmentada geográfica y políticamente, muchas veces empobrecida y en un estado permanente de temor e inseguridad.”

Un Estado criminal que representa la violencia más impune y descarnada del imperialismo occidental, que ha despojado al pueblo palestino de sus tierras, soberanía, derecho y de una vida digna; que no dignidad, pues su estoica y constante lucha es un ejemplo para los pueblos del mundo a pesar del silencio y de la manipulación mediática y del apoyo al Estado ilegítimo israelí por parte de occidente, incluido el Estado español. Ya que dicho Estado goza de plena impunidad internacional sin cuestionarse ningún tipo de acuerdos comerciales y relaciones políticas.

Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina con cuatro ejes fundamentales:

- Fragmentación del territorio: Mediante la expulsión de cientos de miles de personas palestinas y la destrucción de cientos de pueblos palestinos en lo que constituyó una limpieza étnica que obligó a confinarse al pueblo palestino en enclaves en Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza y en las comunidades refugiadas. Cuyo objetivo y consecuencia es el de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas, de reprimir los movimientos de liberación palestinos y contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.

- Desposesión de tierras y propiedades: Utilizando medidas de expropiación de tierras, en las que se producen episodios terribles de masacre a las familias palestinas que luchan por conservar sus viviendas. Viviendas que las políticas israelíes permiten la asignación directa a las familias judías. Este fenómeno ocurre para maximizar el control sionista sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina y dividir más aún la población palestina.

- Sesgo y discriminación: La segregación de la población palestina en enclaves basándose además de su condición jurídica, ya que las personas palestinas tienen una condición diferente a los judíos que están por encima legalmente en derechos y oportunidades.

- Negación de derechos y represión: Millones de personas palestinas son obligadas a hacinarse y vivir en zonas densamente pobladas que carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento, además de la negación de la libre circulación con violentas limitaciones discriminatorias en el acceso a, y el uso de, las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.

No es una guerra entre dos bandos donde aparentemente el estado de Israel defiende la libertad y los derechos de occidente, es un genocidio encubierto por los medios de manipulación, en los que esos supuestos defensores de los derechos humanos apoyados por el imperio yankee los violan constantemente.

El ataque contra civiles está prohibido por el derecho Internacional Humanitario, además de ser un crimen de guerra, según la Corte Penal Internacional. Por si ello no fuese suficiente, están las leyes de protección del niño redactadas en la IV Conferencia de Ginebra, y en los Convenios de Derechos Humanos; todas esas normas han sido vulneradas por el gobierno israelí y apoyadas tanto directa como indirectamente por los diferentes gobiernos principalmente occidentales.

Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) mandamos un cálido apoyo a un pueblo oprimido, desplazado y represaliado que, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), nunca ha perdido su espíritu de lucha y combatividad y es un ejemplo para todos los pueblos del mundo.

Jordi Franch García