En un brevísimo plazo de tiempo, la actual ministra de trabajo pasó de vociferar en el Congreso de CC.OO. que iba a derogar la reforma laboral del gobierno del PP a declarar que no habría tal derogación, que hablar de derogación había sido un “fetiche político” y que lo máximo que se podía hacer consistía en una mera reforma de “carácter técnico”, en la que se fusionarían las reformas de Zapatero y Rajoy y donde se recogería alguna modificación en la contratación, sobre todo en contratos temporales como los de obra y servicios, forma de contratación que ya había sido modificada por los juzgados de lo social.

Y en estas condiciones, nace el engendro de ley laboral del 2021 de PSOE-UP, que lo único que hace es consolidar las anteriores reformas laborales, ninguna de las cuales supusieron ventajas para la clase obrera, sino todo lo contrario, pues una tras otra, han ido recortando derechos legítimamente adquiridos por la clase trabajadora amoldándose todas estas reformas a las necesidades que, en cada momento, ha ido teniendo la burguesía para tener un mercado laboral acorde con sus intereses.

Lo que sí se ha derogado en realidad son las expectativas de millones de obreras y obreros que han podido comprobar una vez más como la socialdemocracia al servicio del capital los vuelve a traicionar y encima, les vende su traición como un logro, mientras la patronal lo celebra por todo lo alto con cava y caviar, lo que ya en sí demuestra que esta nueva reforma laboral estaba hecha a medida de sus necesidades e intereses de clase. Y decimos que han sido millones de obreras y obreros los perjudicados por esta reforma, porque esta ley sólo afecta a aquellos y aquellas que han de vender su fuerza de trabajo día tras día en un mercado laboral amañado para poder continuar con la extracción de plusvalía necesaria para incremento de la cuota de beneficios patronales .

La socialdemocracia en el gobierno ha mentido sobre la posibilidad de crear normas jurídicas que garanticen la estabilidad en el empleo, el fin de la precariedad, el recobrar los salarios de tramitación o las indemnizaciones por despidos dignas, pues nada de esto, entre otras muchas cosas, se ha derogado o modificado. Saben perfectamente que el poder oligárquico de la UE no permitirá jamás modificaciones que alteren las actuales condiciones que rigen en su “mercado laboral” y que sólo concederán los fondos europeos a cambio de lo que ellos mismos denominan flexibilidad laboral, que no es otra cosa que dotarse de un entramado jurídico que les permita explotar y oprimir más y mejor a la clase obrera, o como ellos dicen: de optimizar beneficios.

No podemos limitar nuestro análisis tan solo al contenido de esta nueva ley laboral, hecha a la medida de las necesidades de la patronal como venimos diciendo.

Lo que sí nos preguntamos es si en un estado capitalista, esto es, bajo la dictadura de la burguesía, es posible la derogación de leyes que resultan lesivas al conjunto de la clase obrera. De si es posible que desde instituciones burguesas, como lo es el Parlamento, puedan darse cambios que garanticen una mejora significativa en las condiciones de vida de la clase obrera. No olvidemos que burguesía y proletariado son clases antagónicas, cuyos intereses están contrapuestos inexorablemente, por mucho barniz democrático que quieran darle. Lo que es bueno para unos, es malo para otros y viceversa.

Lo cierto es que en el estado de la dictadura del capital con apariencia de democracia liberal, no hay margen para que desde sus instituciones sea posible la aprobación y/o aplicación de leyes o normas que favorezcan al proletariado y clases populares.

La forma que en cada momento histórico tiene el estado, obedece al modelo sociopolítico de ese determinado momento y es dirigido por la clase que ostenta el poder. En el momento actual, el estado es capitalista, y por tanto es la burguesía, oligárquica y monopolista, quien controla todas sus instituciones, no existiendo margen alguno para que desde ellas se pueda llegar más allá de lo que ésta considera necesario.

Pero estamos obligados a descifrar para un mejor reconocimiento todas las mentiras y falsedades que esta nueva reforma laboral trae consigo.

El despido sigue siendo igual de fácil y barato y se mantienen todas las posibilidades y facultades para que las empresas continúen con los despidos colectivos.

Los salarios de tramitación no se han recuperado para los despidos improcedentes, tampoco se recupera la nulidad de los despidos en fraude de ley. Sigue vigente el 10% de la liberalización de la jornada laboral. Se incorporan nuevos contratos formativos y temporales, así como nuevas modalidades de ERTE, que sólo ahondan la precariedad ya existente y que facilita la transferencia de dinero público a través de bonificaciones de cuotas en las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras, con el mayor descaro, se argumenta que el fondo de pensiones públicas está quebrado. Además, se crea una nueva forma de trabajador precario bajo el nuevo contrato fijo-discontinuo. Por otra parte, se mantiene el predominio del convenio estatal sobre los convenios provinciales, y también que los convenios de empresa pueden empeorar los convenios sectoriales, excepto en los salarios.

En resumidas cuentas, cambiar para que nada cambie.

Es significativo el silencio mantenido durante la negociación de esta reforma. Por parte de la patronal o de su lacayuno gobierno, es lógico pensar que no quisieran que se conocieran los entresijos de lo que se estaba haciendo. ¿Pero, también por parte de las organizaciones sindicales implicadas que, a espaldas de la clase obrera, firman acuerdos que la perjudican y que consolidan los desmanes de las anteriores reformas, ya sean del PP o del PSOE? ¿Han olvidado acaso estas organizaciones sindicales, ahora llamados agentes sociales, que solo la más extensa movilización de las masas obreras es la única garantía para defender derechos adquiridos y conquistar nuevos derechos, ya que según palabras de los mismos empresarios, la huelga y la movilización obrera los coloca en inferioridad de condiciones en la negociación?

Hay quienes pretenden suavizar la traición manifestando que con esta nueva ley se recuperan algunos, pocos más bien, de los derechos recortados en las anteriores reformas, callando que se mantienen y se ratifican todos los demás desmanes cometidos por los gobernantes de turno, al servicio de la patronal. La aceptación de lo menos malo como justificación de las fechorías políticas del gobierno de turno, es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde que se abandonó la lucha de clases por el pacto social. Pero la clase obrera no puede conformarse con la recuperación parcial de algunos de los derechos arrebatados y el mantenimiento de toda una estructura jurídica que permite la explotación más inhumana, mantiene la precariedad y no solventa de ninguna manera los problemas que afectan a millones de obreros y obreras, por parte de un gobierno que se declara como el más progresista de la historia de España. Lo que la clase obrera exige es que se deroguen todas las leyes de gobiernos anteriores, que no eran tan progresistas, como la ley laboral, ley mordaza, art 15/97 del sistema nacional de salud, etc., que solo han significado recortes de derechos para esta clase.

Secretaria de Movimiento Obrero y Sindical del PCPE

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