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Gestión socialdemócrata: la salud pública sale por la ventana

Desde inicios de la pandemia hemos comprobado como la riña permanente entre beneficio del capital y salud pública se saldaba siempre a favor de la primera, a pesar de que los gestores del gobierno central se reclaman los paladines de lo que ahora llaman “la gente trabajadora” (no vaya a ser que por hablar de clases sociales los tachen de rojos).

Esperar un resultado distinto sería ignorar la historia, puesto que bajo el capitalismo todo el edificio que se levanta se somete a su lógica. La política también, por supuesto, bien con algún tizne más social, bien con otro más liberal.

Los ejemplos de medidas a medias o claramente condicionadas por el mercado y la necesidad de mantener la acumulación capitalista son arrolladores y reflejan en la práctica, al servicio de qué clase está el gobierno de coalición socialdemócrata:

Al inicio, con un confinamiento con cese “tibio” de la producción, se consideraron servicios esenciales muchísimas actividades que debían haberse paralizado, enviando a la clase trabajadora sin medidas adecuadas para su protección, ni control de protocolos en empresas. Había que mantener la máquina capitalista en marcha a cualquier precio.

El Escudo social anunciado de 200.000 millones fue directo casi en su totalidad a las ganancias de las grandes empresas, mientras que solo 300 millones iban a servicios sociales. Dejando un saldo de 2 millones de personas más, desde que inició la pandemia, bajo pobreza severa en España1.

Desabastecimiento de guantes, mascarillas y EPIS al inicio de la pandemia, obligando a la clase trabajadora del sector sanitario, principalmente, a una negligente exposición al virus.

Limitaciones y medidas sanitarias dependientes del calendario turístico/festivo y no de los criterios de salud pública.

Especulación de precios descontrolada con mascarillas y ahora con test de antígenos. Como siempre el gobierno a posteriori intenta poner el parche, anunciando la regulación de precios de test de antígenos pasado el toro de las navidades, donde se vendieron a precios descontrolados con más de 4 millones test en una sola semana. Esta tímida regulación, junto con la ausencia de una industria médica-farmacéutica pública al servicio de las necesidades sociales, deja nuestras vidas a merced de los caprichos del mercado.

El desastre de la sanidad privada en las residencias de mayores, con decenas de miles de muertos durante la primera ola, sin un control público.

Casi dos años después, todo sigue como si no hubiera pasado nada. Sin estructura de residencias públicas y con la salud de nuestras personas mayores bajo los intereses económicos de empresas privadas. La patronal manda, PSOE-UP obedecen.

Tragicómico es el reciente lassez-faire del gobierno, que en un gesto más común en el mundo de las aves que en el de los homínidos, esconde la cabeza en el agujero cual avestruz, y se limita a imponer el uso de mascarilla en exteriores, perdiendo otra clara oportunidad de iniciar un paquete de medidas, planes e inversión pública para resolver los problemas que acucian a nuestra sanidad.

Y es que lo hemos comprobado una y otra vez ola tras ola. El déficit de personal sanitario, de infraestructura sanitaria y la debilidad de la sanidad pública es alarmante, y ola tras ola se resuelve a través de sobreesfuerzo y queme del personal sanitario, un estrés permanente a todos los niveles y de una improvisación que deja siempre bajo responsabilidad individual lo que debe ser una gestión y unos criterios bajo planificación central.

Mientras en China se toman medidas tajantes de cierres y decisiones basadas en protocolos de salud preventiva, en España se está al baile de lo que el calendario turístico/festivo y la patronal nos impone.

Mientras en Cuba los equipos sanitarios trabajan puerta a puerta de cada casa, a través de su enorme aparato de atención primaria, e implican a las comunidades de vecinos/as a través de los órganos de participación colectiva (CDR, asociaciones juveniles, vecinales,etc.), en España los sanitarios vamos “surfeando” de ola en ola, exhaustos de no tener recursos, ni personal suficiente, ni planes para adelantarnos a los flujos del virus e incluso mantenerlo en tasas bajas.

Comparativa clara de formas de gestión sanitaria y social a través de una planificación central al servicio de las necesidades sociales o enfrentada al caos y la desregulación de las economías de mercado, al servicio de la acumulación de capital.

No solo acusamos el proceso de privatización (llamado colaboración público-privada) permanente que sufre nuestra sanidad desde hace décadas debido a leyes como el RDL 15/97 y que el gobierno de coalición se niega a revertir. Sino también la ausencia de un criterio centralizado y efectivo al servicio de la planificación preventiva sanitaria y la salud pública y comunitaria.

Incluso la actual Ley General de Sanidad en vigor, está estructurada sobre criterios de salud preventiva, que establece el peso principal que debe tener la Atención Primaria, el seguimiento de casos para su control y detección inmediata, el trabajo permanente con los grupos comunitarios desde cada centro de salud, consultorio,etc... En definitiva un modelo preventivo que debe ser la primera barrera de contención. Pero que gobierno tras gobierno incumple y debilita cada vez más.

El último ejemplo, la decisión en Cataluña y Murcia de que los test de antígenos realizados en farmacias, sirvan para validar el positivo, evitando acudir a los centros de salud. Con la excusa de la saturación de casos, en lugar de reforzar al sistema público sanitario, se deja en manos privadas la gestión de la salud, y lo que debe ser una labor que hagan los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, lo acaban haciendo las farmacias, entes privados que no pertenecen a la red pública sanitaria.

En definitiva, la elevada tensión a la que se está sometiendo a nuestro sistema sanitario y a los trabajadores y trabajadoras, junto al perfil de las medidas que se toman desde el gobierno central y las comunidades, reflejan todas las contradicciones de un sistema sanitario público sometido a los criterios del mercado y a la ganancia capitalista.

Pero principalmente, nos señala el peligro de la privatización de la sanidad, no ante un futuro próximo, sino como algo que hoy ya se está materializando y que la clase trabajadora debemos de empezar a enfrentar con todas nuestras herramientas.

Tareas urgentes como la organización sindical, las asambleas de trabajadoras/es, organización de usuarios por la sanidad pública,...

En ese sentido ya se han empezado a dar pasos para luchar por ello. La campaña de recogida de firmas para la ILP2 fomentada por la Coordinadora Antiprivatización de Sanidad (CAS), para blindar nuestra sanidad pública de los intereses privatizadores es muestra de ello.

Demostrémosle a la burguesía y sus gestores que no nos dejaremos arrebatar nuestra sanidad de ninguna manera.

Francisco Valverde, trabajador del Servicio Murciano de Salud.


1 Informe “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”. Cáritas

2 https://www.casestatal.org/es/iniciativa-legislativa-popular-de-recuperacion-del-sistema-nacional-de-salud/

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