Desde el pasado 1 de septiembre es prácticamente imposible abortar dentro del estado de Texas. Un momento, ¿pero el aborto no era un derecho constitucional en EE.UU. desde 1973?

Así es, si bien en EE.UU. el aborto está despenalizado y es legal, cada estado tiene potestad para legislar. Son unos cuantos estados los que llevan tiempo intentando aplicar leyes antiaborto; sin embargo, hasta ahora habían sido frenadas por los tribunales. Texas ha sido la primera en conseguir aplicar este tipo de leyes.

Esta nueva ley prohíbe practicar un aborto una vez que sea detectable actividad cardiaca en el feto. Esto suele suceder aproximadamente en la sexta semana de embarazo, por eso es prácticamente una prohibición total.

Con toda la suerte de su lado, teniendo ciclos menstruales completamente regulares, una mujer se puede percatar de su embarazo antes de las 4 semanas. Esto rara vez ocurre, pues son la mayoría las mujeres que no son conscientes de esta circunstancia hasta pasada la sexta semana. Esto hará que para las mujeres de Texas abortar no sea posible.

El ajustado plazo para abortar no sólo afecta en ese sentido. Debemos recordar que la sanidad en EE.UU. no es un servicio público, por lo que tanto las consultas como la intervención de interrupción del embarazo suponen un gran desembolso económico que la mujer trabajadora no puede afrontar.

En muchas ocasiones las mujeres con más dificultades económicas tardan semanas en poder reunir el dinero suficiente para pagar el aborto, y en esos casos esta carrera a contrarreloj contra los plazos que marca la ley es imposible de ganar.

Además, la única excepción que contempla es un riesgo grave para la vida de la madre; ni que el embarazo sea producto de una violación es motivo de excepción.

Por otro lado, esta ley cuenta con una novedad, la cual ha hecho posible su aplicación, que pone los pelos de punta. No serán las autoridades las que se encarguen de la vigilancia de su cumplimiento. Serán los propios ciudadanos los que podrán denunciar a cualquier persona sospechosa de estar implicada en un aborto pasadas las 6 semanas: ya sea la mujer, el médico que practique la intervención o quien la pague.

No se queda ahí la cosa, sino que si el demandante gana el juicio será “compensado” con 10.000 dólares, lo que más que una compensación es una recompensa a la persecución del aborto. Una auténtica caza de brujas, ya que lloverán las denuncias, ya sean justificadas o no, contra mujeres y profesionales que practiquen abortos. Dando alas con ello a los guardianes de la moralidad antiabortistas, legitimando sus acciones.

Una vez más, será la mujer obrera la que se verá más perjudicada por este tipo de leyes que atentan contra los derechos más básicos de la mujer. Pues, una vez superadas las 6 semanas, sería posible viajar a otro estado para practicarse allí la interrupción del embarazo. Pero esto suma a lo costoso del procedimiento en sí los gastos del desplazamiento. Además, a las mujeres más precarizadas, aquellas que no tienen papeles, les resulta imposible salir o entrar de un estado con la facilidad y la seguridad que pueden hacerlo otras.

 La cuestión del aborto se está convirtiendo cada vez más en una guerra contra las mujeres de clase obrera y su libertad. Y contra estos ataques, las mujeres estadounidenses no se han quedado de brazos cruzados.

El pasado 2 de octubre se manifestaron más de 200.000 personas por todo el país, en múltiples ciudades de todos los estados. Estas mujeres son conscientes de que esta ley abre las puertas al resto de estados y se niegan a perder el derecho legítimo de decidir sobre sus cuerpos y su vida. Declaraban las asistentes que estas movilizaciones solo eran un aviso de la lucha que van a llevar a cabo, y que no permitirán bajo ningún concepto que se suprima este derecho constitucional.

Inés

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