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La renta salarial respecto al PIB cayó desde 2009 hasta 2020 un -4,2%: la devaluación salarial que revela estos datos es una constante y las contrarreformas laborales son las herramientas indispensables que han hecho posible este fenómeno.

El Consejo de Ministros aprobó una subida irrisoria del salario mínimo interprofesional (SMI). Al final 15 euros mensuales, lo que supuso un incremento de 1,6 % respecto al SMI vigente, y mucha propaganda para vendernos el producto como un éxito.

Ahora el guión vuelve a ser similar, esta vez a cuenta de la reforma laboral y de las pensiones. Sin duda, a lo que asistimos es a una puesta en escena que pretende primero, por parte del ejecutivo, blanquear su imagen hacia su electorado “más radical”, mientras hipoteca el futuro de la clase trabajadora con la aceptación de la golosina “New Generation”. Segundo, en lo referente a las centrales sindicales pactantes, que quieren dejar de manifiesto que aún tienen poder de negociación, aunque éste, haya quedado claro en los últimos años, que es realmente de capitulación.

En toda esta pantomima, los únicos actores honestos y consecuentes, aunque sean dramáticos o cómicos, dependiendo del ojo que los observe, ha sido la patronal, que han puesto claro de manifiesto una vez más que el proceso de reproducción ampliada del capital que da vida al sistema capitalista en su fase actual, no se puede permitir, ni siquiera, ceder una “miajica tal que así”, “ahora que empieza la recuperación”.

Pero es que, además, las reivindicaciones entorno al SMI, desde posiciones mínimamente progresistas, deben girar, no respecto a la recuperación de la pérdida adquisitiva de los últimos años, sino, que viniendo la cuestión de lejos como viene, y que al igual que ocurre con las pensiones públicas, es necesario establecer la solidaridad intergeneracional de forma que no deje a nuestras hijas e hijos en una situación peor que la que tuvieron nuestros padres y madres.

La caída del peso económico de las rentas del trabajo

Desde mediados de los años 80 se ha venido produciendo, no sólo en España, sino desde una perspectiva internacional, una caída paulatina de la participación de las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto. Esto supone un proceso global de redistribución de rentas del trabajo a rentas del capital. Es decir, un trasiego de capitales que explica por qué los ricos son cada vez más ricos y escasos, y los pobres más pobres y más numerosos. España, que de costumbre asume los peores vicios de nuestros vecinos, no es ajena a esta tendencia.

Durante esos años 80, los sueldos suponían aproximadamente un 57 % de la economía española.

A partir de los años 80 comienza un proceso de globalización de la economía, que atendiendo al chantaje de las deslocalizaciones y de la competitividad internacional de los costes sociales, fue restando paulatinamente peso a los salarios.

La hegemonía de los planteamientos político-económicos de los “Chicago boys”, impulsores del neoliberalismo que da forma a la fase actual de desarrollo del imperialismo monopolístico, propició el acercamiento del Estado a sus postulados y ha venido facilitando una concentración y centralización de capitales como nunca hasta ahora se había vivido en la historia. En este sentido, este fenómeno ha venido acompañado por una pérdida de poder negociador de los trabajadores y trabajadoras y un incremento de las políticas pactistas y derrotistas de las organizaciones sindicales tras la victoria de la contrarrevolución en los países socialistas, constituyendo así, otros elementos que explican este proceso.

Por centrar territorial y temporalmente el tiro, indicar que en España, la renta salarial respecto al PIB cayó desde 2009 hasta 2020 un -4,2%. La devaluación salarial que revela estos datos es una constante. Las contrarreformas laborales de los últimos años son las herramientas indispensables que han hecho posible este fenómeno.

El deterioro de las condiciones laborales, reflejadas en más precariedad y más desempleo (sobre todo en colectivos de inmigrantes, mujeres y jóvenes) afecta, además, a la capacidad de actuación que sobre la deuda pública tienen las administraciones públicas, y más como herramienta para la redistribución social. Hay que tener en cuenta que la reforma constitucional de 2011, condiciona el pago prioritario de dicha deuda sobre cualquier gasto de carácter social, incluyendo sanidad y educación. En este sentido, la deuda pública actual de España es de 1,43 billones de euros en junio de 2021; es decir, un 122,1 % del PIB.

Si tenemos en cuenta que la mitad de la cuantía de los Fondos de Recuperación que están llegando y llegarán con el objeto de sujetar la crisis estructural del capitalismo, son “a devolver” y que la otra mitad requerirán de “reformas económicas”,  la salida de futuro que le queda a nuestra juventud es bastante compleja, al menos, dentro de las reglas del juego que este capitalismo descompuesto plantea.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, estos dos últimos años, marcados por la pandemia y por consecuencia de las medidas restrictivas, que han desajustado todos los parámetros “normales” que se venían produciendo hasta ahora, han roto esa dinámica y así, mientras el PIB se redujo un 10,8% en 2020, los salarios perdieron un 4,5%, los excedentes brutos de explotación un 11,6% y los impuestos a la producción un 9,9%. Esto en la práctica quiere decir que en este periodo, los beneficios empresariales perdieron el doble que los salarios.

Por desgracia, no se trata de que las rentas salariales hayan subido más que las empresariales, sino, que han perdido menos, y por tanto, en esta situación coyuntural, han ganado algo de equilibrio numérico, pero refleja una realidad de mayor precariedad, empobrecimiento y dificultad para las capas populares.

A pesar de este dato anecdótico, el esfuerzo por alcanzar la recuperación económica, pondrá las cosas en su sitio y la tendencia general volverá por la única senda posible. Hay suficiente plano histórico para aseverar que la participación de la renta salarial en la riqueza total sufre una disminución paulatina en sus proporciones. Lógicamente, en los momentos de recesión, podemos pensar que es un fenómeno ligado al desempleo; pero lo cierto es que en los momentos expansivos de la economía también se produce, y ello, a pesar de que la composición de las fuerzas productivas es mayor. La explicación es sencilla: los salarios se han reducido y seguirán haciéndolo.

Salarios

Para entender la situación salarial actual, tenemos que situarnos en la crisis de 2008 y la gran destrucción de empleo hasta la recuperación del crecimiento económico a partir de 2014. La parcial recuperación fue posible gracias al deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Lógicamente y por cuestiones de espacio, arrancamos la exposición de este artículo en 2008 y no nos remontamos más en el tiempo, algo que nos podría permitir trazar un plano más afinado de la naturaleza, calidad y condicionantes de las relaciones laborales hasta ese año 2008.

A través de las contrarreformas laborales de 2010 del PSOE y 2012 del PP, se impuso el fin de facto de la negociación colectiva: abaratamiento del despido, posibilidad de descuelgue de los convenios sectoriales, prioridad de los convenios de empresa… y eso gracias a décadas de un modelo sindical practicado por la dirigencia de las organizaciones mayoritarias, basado en el “diálogo social”.

Estas circunstancias han venido produciendo una devaluación salarial de la clase obrera.

El año 2014 es la fecha en la que “oficialmente” acaba la crisis económica y comienza un nuevo periodo expansivo de la economía. Se anuncia a bombo y platillo y se saca pecho político. Sin embargo, la clase trabajadora tuvo que esperar hasta el año 2018 para que se le incrementara el salario, después de un estancamiento desde el año 2011. El salario mediano, pasó a ser en 2018, 1.642,3 euros, un 3,26% más que en 2017.

En 2019, el salario bruto anual alcanzó los 23.450,25 euros en lo que supone un incremento del 1,9 % respecto a un año antes, según los resultados de la última Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una estimación sitúa el actual en 24.395,98 euros. Sin embargo estos datos, no arrojan luz a una realidad que encierra cuestiones como que el sector con mayor salario sea el de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con 52.162,53 euros, mientras que la hostelería, cuyo peso en la economía española es obvia, está en tan solo 14.561,75 euros anuales.

Según datos de CCOO, el salario por hora por el mismo trabajo cayó entre 2008 y 2017 un 1,9%, pero la realidad es que si se descuentan los efectos de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo en este decenio fue del 10,8%. Los efectos de la pandemia, la inactividad y consecuentemente la crisis para las familias trabajadoras son de público conocimiento y entristecen aun más estos fríos datos.

En estas circunstancias, las mujeres se han visto más afectadas frente a los hombres. La brecha salarial, con los últimos datos que se poseen que son de 2017, se sitúa en un 21,92%. En el año 2008, el dato era del 21,87%, con lo que desde entonces, no ha habido mejora, sino todo lo contrario. La mayor temporalidad y coste para la empresa prevé su despido en los momentos como estos últimos vividos de destrucción de fuerzas productivas. La caída de los ERTES, va a ir situando esta realidad con mucha mayor transparencia.

Conviene tener presente además que los contratados y contratadas temporales tienen salarios más bajos que quienes tienen un contrato indefinido. Esto debe considerarse para entender las diferencias salariales entre segmentos de la clase trabajadora y explica en parte el menor salario de mujeres, jóvenes y extranjeros.

Precisamente, es en la juventud en quien recae la mayor de las brechas salariales. La diferencia entre una edad y otra es en algunos casos hasta del doble. Por ejemplo, en el año 2018 los menores de 25 años tuvieron un salario bruto de 1.091,7 euros de promedio, mientras que aquellos con más de 55 años cobraron una media de 2.205,6. (Según datos publicados por Bankinter en https://blog.bankinter.com/ )

Según la estadística de Mercado de Trabajo 2018 de la Agencia Tributaria, el 36,4% de la juventud , entre los 26 y los 35 años, cobra por debajo del SMI.

La burguesía se aprovecha de la «inexperiencia» para imponer condiciones de trabajo más miserables, si cabe, que aquellas que sufren los obreros de más edad. La legislación permite y fomenta esta situación, estableciendo modalidades contractuales que los precariza como el contrato para la formación y el aprendizaje o el de prácticas.

En cuanto a las trabajadoras y trabajadores extranjeros provenientes de la Unión Europea el salario fue un 17,4% menor que para los nativos, mientras que para el resto de foráneos fue, como mínimo, un 35,1% menor.

Sin que se haya producido ni se producirá ningún cambio significativo en la estructura productiva del Estado Español, ya que la digitalización y la economía verde, van orientadas al incremento de la productividad (plusvalía relativa) todo hace indicar que la nueva etapa que se nos abre supondrá una mayor devaluación salarial y que será más pronunciada y rápida en aquellos colectivos más desfavorecidos por las imposiciones laborales. Todo ello, en respuesta a la contraprestación por los incentivos del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que salvarán el jaque de la caída tendencial de la tasa de ganancia de forma temporal, pero no la paulatina pérdida de poder adquisitivo de una clase obrera que se está acostumbrando a ir perdiendo poco a poco calidad de vida y que al igual que en el efecto de la rana hervida, no nos vamos dando cuenta de ello.

La subida del SMI, que además tendrá un efecto sobre los subsidios, supondrá una subida salarial para aquellos y aquellas que lógicamente están en condiciones laborales más precarias, puesto que no están sujetos a convenios colectivos que mejoren este.

Actualmente quienes perciben el salario mínimo interprofesional son 1,5 millones de trabajadoras y trabajadoras, principalmente pertenecientes a los sectores que más han sufrido esta última crisis del capital acelerada por la pandemia: sector servicios, construcción y agricultura.

En este sentido, podría pensarse que es una medida de carácter popular. Y así es en abstracto y sin contemplar la cuantía ni sus circunstancias históricas. El problema, como se ha expresado y se deduce de toda la exposición es que los 15 euros mensuales, no compensan la pérdida histórica acumulada y ni tan siquiera la última subida del IPC. Otro ejemplo más del ejercicio de la retórica por parte de quienes se arrogan formar el gobierno más progresista de la historia de España.

Con la saga dedicada a la reforma laboral, más de lo mismo, nos venderán cuatro cambios intrascendentes para desmovilizar, con el «algo es algo y mejor eso que nada» y…todo igual para la clase obrera: pobreza creciente y sobreexplotación.

Kike Parra


Publicado el día 10/11/2021 en nuevarevolucion.es

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