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Un año después de la derrota electoral del golpe de estado que destituyó a Evo Morales e instauró un sangriento régimen de terror, la oligarquía boliviana sigue en la estrategia del terror para hacer valer sus intereses de clase.

Cuando el nuevo Presidente del MAS, Luis Arce, aún no había sido posesionado, se interceptaron comunicaciones entre quien fue ministro de Defensa del gobierno golpista de Jeanine Áñez, Luis Fernando López y Joe Pereira, administrador civil del ejército de los EE.UU. en Bolivia, para preparar un golpe de estado con la participación de mercenarios. La operación criminal pudo ser abortada, pero un año después, los planes orientados a la desestabilización y a la preparación de un clima social y mediático favorable al golpismo están en plena ebullición.

Hace pocas semanas activaron un reducido pero muy violento sector de cocaleros vinculados a la extrema derecha, quienes fuertemente armados, tomaron el control del principal mercado cocalero de La Paz (ADEPCOCA) y retiraron la bandera Wiphala. El sector cocalero es uno de los bastiones del MAS, y con esta acción pretenden afectar la unidad del movimiento indígena y cocalero.

A finales de agosto, una parte del sector minero vinculado a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas (FECOMAN), bloquearon carreteras y se dirigieron a la sede del gobierno. Hay que recordar que antes del golpe de estado de Áñez, el gobernador golpista de derechas del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó públicamente que disponía de una fuerza de choque de 6.000 mineros con dinamita para tumbar el gobierno de Evo y “devolver a Dios a la Presidencia”.

El pasado 11 de octubre, el golpismo convocó a acciones de bloqueo en las principales ciudades del país. La convocatoria fue un fracaso y el movimiento popular boliviano supo contrarrestar las acciones desestabilizadoras. Pero es significativo cuáles eran los motivos que se argumentaban para convocar a esa jornada de protesta. Por un lado, denunciaban la persecución política contra los golpistas y, por otro, se oponen a un proyecto de ley que pretende investigar y fiscalizar las grandes fortunas del país.

Este 21 de octubre, la derecha ha convocado a un paro de 48 horas; rápidamente las principales organizaciones sindicales se desmarcaron de la convocatoria, mostrando su apoyo al gobierno de Arce. Nuevamente, como el pasado 11 de octubre, la motivación para la convocatoria del paro es la Ley 1386 denominada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. El paro ha tenido una repercusión escasa, aunque en los medios de comunicación de la oligarquía boliviana y en medios internacionales como CNN ha sido sobredimensionado y ampliamente cubierto. Sin la participación de los principales sindicatos, el paro solo ha contado con el apoyo de algunas patronales y cooperativas mineras y del transporte, así como de los llamados “cívicos”, que es como se conoce a los sectores golpistas de extrema derecha.

Los sucesos de Bolivia se enmarcan en la estrategia general del Departamento de Estado norteamericano, la derecha española y las oligarquías latinoamericanas de golpes de estado en América Latina contra los gobiernos progresistas. Uno de los principales instrumentos coordinadores de toda esta estrategia es la llamada “Carta de Madrid”, que coordina a la derecha española del PP y VOX con las derechas latinoamericanas. En Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú y Bolivia se están activando todos los resortes del imperialismo en el marco de una estrategia general de guerra híbrida. Estamos convencidos de que los pueblos sabrán hacer frente a esta nueva embestida y que la solidaridad internacionalista estará a la altura y sabremos hacer frente a la bestialidad imperialista.

Ferran N.

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