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Las condiciones de vida de este 2021 han empeorado ostensiblemente con un aumento de los niveles de pobreza con las mujeres al frente de familias monomarentales como protagonistas principales. Asimismo, las más diversas violencias aumentan y se sitúan en algunos casos por encima de los niveles prepandemia.  Aún así la ministra de Igualdad Irene Montero afirma que “…desmontamos las grandes mentiras sobre las que se ha sustentado el consenso sobre el sistema económico capitalista en esta fase neoliberal. Que si subir el salario mínimo iba a destruir la economía, que garantizar derechos iba en contra de la prosperidad económica, que los derechos de las mujeres eran una cuestión accesoria y no central del debate político de un Estado... Esos mantras, sobre los que se sustentaba esta forma de organización económica y social, los estamos destruyendo uno por uno”.

Quizá olvidado su pasado militante en la juventudes del PCE, se refiera a los preceptos capitalistas que están en el debate académico o en la política a golpe de tuit, ahora inmersos en un nuevo “New Deal” al servicio de los nuevos tiempos pandémicos,  pero sin duda no a los que fundamentan el capitalismo en su fase de desarrollo actual, cuyas crisis las paga la clase trabajadora en general con las mujeres a la cabeza en particular.

Su  discurso feminista bien construido no incluye en sus entrevistas prácticamente a las trabajadoras y sus problemas. No nos habla de su sobreexplotación y exclusión, y no ha sido capaz de explicar por qué las inversiones hechas y los planes redactados no se cumplen, y los niveles de desigualdad se agrandan, y las leyes quedan en papel mojado porque las fichas presupuestarias que las acompañan son insuficientes y dedicadas a solventar las consecuencias y no las causas del problema central que debería abordar su Ministerio: la desigualdad y la opresión que sufren las mujeres.

Un Ministerio que ha pasado prácticamente desapercibido en este último año, cuyos logros aún por concretar han sido la ley llamada de “solo si es si” y la de “la autodeterminación de género”, ambas envueltas en polémica y lastradas por el feminismo burgués que desarrolla el PSOE, que han lanzado a sus huestes en el movimiento feminista para que presenten batalla callejera. El PSOE gestionará los 525 millones en 2022 que el  proyecto de  Presupuestos Generales del Estado, aún por negociar y debatir en el Congreso, destina a Igualdad, una cifra récord, aunque sigue siendo una de las más bajas de todos los Ministerios. El 54 % estará destinado a la lucha contra la violencia machista (284 millones), cuya principal partida es para el cumplimiento del pacto de Estado contra las violencias machistas,  acuerdo parlamentario de 2017 que desde un inicio ha estado infradotado y cuyos principales objetivos no se han cumplido.

Otro pilar de los Presupuestos es el plan Corresponsables (190 millones), una  política pública que  pretende  crear una red de cuidados a domicilio o en espacios públicos (no se sabe cómo se crearán estos recursos) para el cuidado de menores de 14 años y  no supeditados a que la madre trabaje, para que las mujeres puedan compatibilizar los cuidados con la vida personal y disponer de tiempo, no solo para trabajar, sino también para el autocuidado o el ocio. Como la mayoría de las CC. AA. no lo han iniciado este año, de manera excepcional el Gobierno permitirá ejecutar los fondos de ambos ejercicios en 2022.

De su cuota de los fondos europeos, destinarán 76 millones principalmente a mejorar, digitalizar y ampliar el servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; a modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección; y a crear Centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todo el Estado.

También hay partidas destinadas a la situación de las mujeres rurales y de la llamada “España vaciada”, con un presupuesto de 32,5 millones.  Para el programa de Igualdad de trato y Diversidad, de orientación y asistencia a las víctimas de discriminación, a la prevención y erradicación del acoso LGTBIfóbico y a la integración socio-laboral de las personas transexuales y transgénero se destinarán de cuatro  4 millones.

Está claro que estas políticas  no están consiguiendo su objetivo, acabar con la violencia contra las mujeres, que siguen siendo maltratadas,  acosadas y asesinadas, ni mucho menos acabar con la desigualdad. Las medidas ejecutadas principalmente por las autonomías, que ahora tendrán más competencias y dinero, se centran en abordar la atención a las víctimas, en apoyar una vez que ya han sufrido las agresiones y no a prevenirlas o evitarlas, y ni aún así están teniendo buenos resultados.  El personal no profesionalizado es escaso, la atención está subcontratada y la concienciación no se planifica ni se valora, es un conjunto de charlas y talleres aislados y no continuados en el tiempo. Con unos servicios sociales adelgazados hasta la anorexia, el dinero puede aumentar, pero si se dirige a paliar con subsidios lo que el mismo sistema provoca, estarán lejos de cambiar algo y mucho menos destruir nada, diga la ministra lo que diga.

Tatiana Delgado Plasencia

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