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El Gobierno asignará casi 7.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración urbana. De la partida de 70.000 millones que “no hay que devolver”, supone la segunda en cuantía.

De este paquete, 3.420 millones de euros llevarán la etiqueta de la "rehabilitación para la recuperación económica", de los que 1.994 millones serán para rehabilitación integral de edificios, 976 millones para rehabilitar barrios y otros 450 millones de euros para deducciones fiscales.

Además, 1.000 millones irán destinados a construir viviendas de alquiler social (20.000 pisos) y otros 1.080 millones para rehabilitar edificios de las Administraciones autonómicas y locales.

Viendo estas partidas, hay elementos que empiezan a asemejarse a aquel “Plan E” de Zapatero que inyectó 7.836 millones de euros en una primera fase y unos 5.000 millones en una posterior y que a la postre sirvió para enriquecer a algún que otro constructor que una vez trincada la pasta dio el persianazo y relegó al desempleo a cerca de 1.750.000 trabajadores y trabajadoras.

En lo referente a las ayudas del Plan para la rehabilitación de viviendas, se podrán beneficiar, tanto comunidades de propietarios como viviendas individuales. La cuestión es que, salvo alguna excepción de subvención al 100%, las cantidades a subvencionar serán del 80 % máximo en caso de comunidades y de 40% en viviendas individuales. Es decir, no beneficiará a las economías más pauperizadas a las que no les llegue para cubrir el 20 y el 60 % restante respectivamente, que bastante esfuerzo realizarán para poder mantener a flote la vivienda y el coste de los servicios.

Otro requisito para su concesión es que todas las rehabilitaciones deberán conseguir una reducción del consumo de energía no renovable del 30%. Difícilmente alcanzarán a aquellas que bajo la denominación de “vivienda inadecuada”, que suponen casi 1.300.000 hogares y 4,6 millones de personas, no tienen las condiciones básicas de habitabilidad.

Además, ¿alguien puede pensar que los 20.000 pisos en alquiler social que se pretenden construir, solucionará el problema del acceso a la vivienda?

Pareciera increíble que un gobierno que se autoproclama “progresista” eluda descaradamente esta cuestión, sometiéndose sin tapujos a las pautas marcadas por la banca y otros grandes tenedores (especuladores de vivienda).

Los datos más actuales que nos ofrece el INE sobre viviendas vacías es de 2011, publicados en 2013, situó en 3,4 millones las viviendas vacías. El próximo Censo 2021 se conocerá en 2023, pero actualmente nos conformamos con conocer el stock de vivienda nueva sin vender  que a 31 de diciembre de 2019 fue de 457.109.

La otra cara de la moneda, según datos de Cáritas, la constituyen las más de 40.000 personas que viven en la calle en España.

Lo racional (algo que solo llegará con el socialismo) sería aprovechar los recursos generados y asignar viviendas sin gente a gente sin viviendas, pero la lógica del capital bien sabido es que es otra.

La inyección económica, no va por lo tanto, encaminada a solucionar los problemas sociales que enfrentamos la clase obrera, sino, como ya hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, a insuflar dinero público a las empresas con el objeto de salvar el atoramiento económico a que la crisis estructural del sistema les condena y conseguir mediante otro impulso acumulativo, reiniciar el ciclo de reproducción ampliada del capital. En otras palabras, un robo escandaloso al pueblo trabajador.

Por si hubiera alguna duda al respecto, las ayudas mencionadas, junto con las asignadas para la rehabilitación de barrios enteros, podrán tramitarse directamente por asociaciones de empresas constructoras, energéticas o incluso bancos, de forma que los vecinos y vecinas solo pagarían la parte que les corresponde y no se encargarían de nada más.

Y es que tanta consideración abruma…

Kike Parra