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Y sigue y sigue… Sigue el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Continúa el enjuiciamiento de las mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo, sobre la opción de convertirse o no en madre y de cuándo hacerlo.

Recordemos un poco la normativa que existe en el Estado Español. Hasta el año 2010 existía la llamada ley de supuestos. Las mujeres únicamente podían abortar en determinados supuestos, el riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto. Esta ley vigente desde 1985 obligaba a las mujeres a buscar otras salidas para poner fin a un embarazo como recurrir a la sanidad privada que realizaba informes de riesgo por un módico precio. Todo aborto fuera de dichos supuesto era penado por el Código Penal.

A partir de la denominada ley de plazos, aprobada por el gobierno de Zapatero en 2010 y vigente a día de hoy, se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación, que se amplía a 22 semanas en supuestos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. Fuera de ese plazo se sigue penalizando el aborto.

Obviamente esta ley ha podido favorecer en ciertos supuestos la facultad de la mujer para decidir pero está muy lejos de garantizar una libertad plena y unos derechos reproductivos y sexuales para las mujeres y en especial aquellas con menos recursos. Las largas listas de espera de la asfixiada seguridad social, el protocolo, que te obliga a recapacitar sobre “ la dura decisión” que has de tomar, como si las mujeres no pudiéramos tener las ideas claras y ver el aborto como algo sin trauma ni pena, sino como una decisión consciente y consecuente, suelen conllevar que las mujeres acudan a clínicas privadas y pagar por la intervención, son algunos ejemplos de las limitaciones de la Ley vigente.

Pero como empezábamos diciendo en este artículo, el debate no se cierra y se continúa interviniendo en la libre voluntad de las mujeres sobre su propio cuerpo. El último debate que ha surgido en la parrilla mediática es la retrasada Sentencia del Tribunal Constitucional fruto de la demanda presentada por el Partido Popular contra la Ley de plazos. En 2010, tras la aprobación de la misma, el PP presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC que a fecha de hoy no ha sido resuelta. Consideraban y consideran que las pocas libertades que dicha Ley aporta son anticonstitucionales y viola el derecho fundamental a la vida. Tras la larga espera y el retraso del TC han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha instado al Constitucional a que resuelva pronto.

Una vez más, la facultad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo queda en manos de la justicia burguesa, retrógrada y misógina que considera este un debate altamente difícil. Aunque yo lo veo bastante claro, mi cuerpo, mi vida, mi decisión. Eso sí que es un derecho fundamental.

Otra vez más el tándem capitalismo-patriarcado nos oprime y nos vapulea a sus anchas. Deciden sobre nosotras para su propio interés. Necesitan obreros y obreras que explotar y nos condenan a ser incubadoras contra nuestra propia voluntad. Lanzando al abismo a millones de mujeres que no desean ser madres y que en muchos casos carecen de medios para asegurar una vida digna a sus hijos e hijas, pero eso les da igual. Les da igual las penurias que pasemos, que haya un 30% de pobreza infantil, les da igual nuestra voluntad.

Pero compañeras, a nosotras no nos puede dar igual, continúe la vigencia de la limitada ley de plazos o vuelva la todavía más retrógrada ley de supuestos, debemos luchar por nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque nuestro cuerpo es nuestro y nadie decide por nosotras.

Alba AK