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“Tout pour le peuple, rien par le peuple” 1  . Esta frase aparecida allá por el siglo XVIII y que definía la forma de actuar de lo que, en Historia, se conoce como Despotismo Ilustrado, parece que lejos de perder su significado con el paso del tiempo sigue manteniendo toda su frescura en la actualidad.

Y esto viene a cuento de lo que, de forma rutinaria, se viene practicando por el gobierno de turno, da igual que sea de la derecha más cerril o del “más progresista de la historia”, que en unión de los llamados agentes sociales, esto es, patronal y sindicatos mayoritarios, se arrogan la representatividad de todo el conjunto de la clase obrera y de los sectores populares, no por así habérselo encomendado directamente esta clase o estos sectores, sino por virtud de unas disposiciones legales de las que ellos mismos se han dotado.

Las claves para entender este descarado escamoteo de la participación de la clase obrera en la toma de decisiones fundamentales que le afectan nos hace retroceder décadas atrás.

A finales de los años 50 y 60, tras la derrota sufrida por la clase obrera en la guerra civil revolucionaria del 36-39, el movimiento obrero cobra nuevo impulso protagonizando importantes luchas e importantes victorias. Fruto de estas luchas nació la Ley General de la Seguridad Social, en 1966, que supuso un importante paso cualitativo en la consolidación de un sistema público de pensiones en el Estado español.

Naturalmente, este auge del movimiento obrero tuvo su contraparte. La burguesía no podía permitirse el lujo de ceder terreno ante las exigencias y reivindicaciones que les planteaba el proletariado del Estado español, poniendo en marcha -ya lo estaba haciendo desde tiempo atrás- todo un conjunto de medidas y maniobras para encauzar estas energías del conjunto de la clase obrera dentro de unos márgenes que les fuesen aceptables a sus intereses.

Para ello, cuenta con la inestimable ayuda y colaboración, fundamentalmente, de dos partidos políticos que, aparentando ser partidos de la clase obrera, ya se habían pasado con armas y bagajes al campo del capital. Estos partidos, PSOE y PCE, cada uno a su estilo, uno representado a esa socialdemocracia colaboracionista y el otro representando al revisionismo más contrarrevolucionario, trasladan a sus respectivas centrales sindicales, UGT y CC. OO., toda la influencia ideológica que la burguesía ha infiltrado entre sus cúpulas dirigentes, corrompiendo de esta forma a estas organizaciones hasta lograr su total colaboración con los planes y estrategias que el capital, tanto el nacional como el internacional, habían elaborado para los pueblos del Estado español.

De este modo, de forma paulatina, van desapareciendo las formas habituales de lucha del proletariado, la huelga, las asambleas, etc., siendo sustituidas por formas institucionalizadas en las que el llamado “pacto social” suplanta a la enérgica lucha del movimiento obrero, pretendiendo ocultar, cuando no negar, la lucha de clases.

En 1985, el gobierno del PSOE presentó un proyecto de ley para pasar de 2 a 8 años el periodo de la base reguladora para calcular la pensión de jubilación y pasar de 8 a 10 años el periodo mínimo de cotización para tener derecho a dicha pensión. Este fue el primer intento de recortes contra el Sistema Público de Pensiones. CC. OO. convocó Huelga General de 24 horas a la que se sumaron diversas organizaciones sindicales (UGT ni convocó ni participó). Esta huelga, a pesar de la feroz campaña desplegada por el gobierno con el apoyo mediático, fue un éxito de participación de la clase obrera, unos cinco millones de trabajadoras y trabajadores. Es indudable que tal éxito tiene su base en la preparación de tal huelga mediante la celebración de centenares de asambleas de obreros y obreras en todo el territorio del Estado español y a la actuación destacada del PC., que pasó a la denominación de PCPE tras la sentencia de la justicia burguesa en 1986.

Tras esto, el denominado Pacto de Toledo, viene a dejar consagrado el modo en que la burguesía, representada por el gobierno de turno, y los denominados “agentes sociales”: (patronal, CC. OO. y UGT), pasa a ser la única actora que, sin contar en absoluto con la clase trabajadora y sectores populares y a espaldas suyas, diseña un conjunto de medidas que, ley tras ley, van asestando golpes demoledores sobre el Sistema Público de Pensiones con la clara intención de dejarlo como un conjunto de medidas asistenciales residuales -beneficencia- desplazando la gestión de unos cuantiosos recursos, generados por el trabajo de la clase obrera fundamentalmente, hacia el sector privado donde las grandes aseguradoras multinacionales harán su agosto.

Así pues, no es de extrañar en absoluto que, en estos momentos, gobierno, patronal y la cúpula directiva de estos sindicatos mayoritarios, estén pergeñando el desmantelamiento total del Sistema Público de Pensiones sin contar para nada con la opinión y el legítimo interés de la clase obrera y sectores populares en intervenir en este asunto tan vital para la vida de millones de obreras y obreros.

El mandato representativo, tan típicamente burgués, ha sido adoptado fervorosamente por los llamados sindicatos mayoritarios, cuyas cúpulas dirigentes se han separado de sus bases hasta tal punto que ni siquiera se les consulta para asuntos de un calado tan grande como las pensiones. La verdad es que no se les consulta ni para lo importante ni para lo baladí. Sencillamente, no se les consulta. Además, estos dos sindicatos, gracias a su colaboración con la burguesía, se han dotado de una más que dudosa representatividad. UGT, en el 2020, tenía 978.622 personas afiliadas; CC. OO., para el año 2019, tenía 934.802, esto sobre más de 19 millones de trabajadoras y trabajadores en el Estado español para 2020-2021. La pregunta que sin duda se nos plantea cuando vemos estas cifras es ¿con qué legitimidad negocian estas organizaciones en nombre de toda la clase obrera? La respuesta solo puede ser una, con la “legitimidad” que les da su colaboración con la burguesía.

Ante esta situación, tanto la militancia comunista como la inmensa mayoría de la clase obrera exigimos el fin de estas prácticas corruptas y a nuestras espaldas, tomando en nuestras manos el control efectivo de nuestro destino.

F.J.Ferrer           

1 “Todo para el pueblo, nada por el pueblo”, que se cita en castellano como “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”