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Este pasado lunes, 28 de junio, el gobierno y los sindicatos, que se han auto-otorgado la representación de todo el pueblo trabajador y la patronal -como “agentes sociales”- han aprobado un primer paquete de medidas para reformar las pensiones que será llevado el próximo 6 de julio al Consejo de Ministros y en septiembre al Congreso de los Diputados, con la intención de que a principios de 2022 ya esté en vigor.

Básicamente, este primer paquete -vendrán más- sólo toca por encima algunos aspectos del sistema público de pensiones: Bonificaciones a la demora de la jubilación, penalizaciones si el trabajador o trabajadora deciden anticiparla, con unos coeficientes de penalización de entre el 24% y el 30% dependiendo del tiempo cotizado. Además, se limitará por Ley las jubilaciones forzosas que se contemplan en los convenios de empresa, prohibiéndose que se hagan antes de que el trabajador o trabajadora cumplan los 68 años.

Otro de los puntos del acuerdo, que los “agentes sociales” se han apresurado a presentar como un logro, es la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para que supuestamente, el cambio de los precios no afecte al poder adquisitivo de los y las pensionistas. Este “logro” no tiene en cuenta que la pensión media en el estado español es de apenas mil euros y que oscila por comunidades autónomas entre los 900 y los 700 euros, por lo que la revalorización real de la pensión, en la inmensa mayoría de los casos, sólo supondrá un aumento de dicha pensión que no llega ni a los 2 euros al mes. Si ya es difícil llegar a la mitad del mes con estas pensiones, que en muchísimos casos, constituyen la única fuente de ingresos de familias enteras, esta miserable subida puede ser considerada de todo menos un logro. Está claro que la recomendación de la Carta Social Europea de que la pensión mínima en España sea de 1.080 euros, se queda solo en eso, una recomendación a la que ni el Gobierno, ni los “agentes sociales” y ni las grandes empresas piensan hacer el menor caso.

También se ha eliminado el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión conforme a la esperanza de vida del trabajador o trabajadora, pero será sustituido por un engendro al que llaman “mecanismo de equidad intergeneracional” que ni ellos mismos saben a ciencia cierta qué es.

En este primer capítulo para nada se tocan o modifican aspectos fundamentales, que en su magnitud son lesivos para la clase obrera y capas populares, de leyes anteriores, y cuando se hace es tras palabrería y/o eufemismos que deberían sonrojar a quienes se han erigido en legítimos representantes de la clase obrera.

Este y el siguiente paquete de leyes estarán condicionados por las exigencias que el capital imponga, el rescate al estado español y la devolución de éste que la UE ha diseñado, tendrá como contrapartida el ir privatizando los servicios públicos.

Así pues, todo parece indicar que, por ahora, se trata de ir tanteando el terreno para ir introduciendo modificaciones al Sistema Público de Pensiones de forma escalonada y de este modo quede desdibujado el brutal ataque que el capital planea contra este derecho histórico y fundamental de la clase obrera.

Desde el PCPE hacemos un llamamiento a la clase obrera y capas populares: Es necesario seguir organizándose y manifestándose en defensa del sistema público de pensiones.

PENSIONES DIGNAS PARA EL PUEBLO TRABAJADOR.

Secretaria de Movimiento Obrero y Sindical