Un Caballo de Troya en el corazón de la Sanidad Pública
El pasado Lunes 21 de octubre los medios de propaganda burgueses inundaban páginas, tertulias y noticiarios con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de declarar la aplicación retroactiva de la “doctrina Parot” contraria a la convención europea sobre la materia. Decenas de presos considerados “terroristas” por un Estado español servil al imperialismo más feroz, saldrían pronto a la calle. La derechona salvapatrias exudaba el mismo fascismo que hace décadas había originado el conflicto. La mandíbula “progre” del capital pontificaba sobre un “Estado de Derecho” tan imposible ya en el sistema capitalista como el “Estado de Bienestar” con el que intentan camelar a la clase obrera.
Sin embargo, la alarma social debió saltar ese mismo día por un motivo bien diferente. En el Ministerio de Sanidad se escenificaba la presentación del “Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud” firmado el pasado 30 de julio entre el Ministerio y organizaciones de las profesiones médica y enfermera que se arrogan la representación de 500.000 sanitarios del Estado español. Dado que dicho pacto forma parte del consenso básico que articula las dos mandíbulas del capital, el acto no originó gran revuelo ni encontró gran eco mediático, ni siquiera en las páginas de sucesos.
El Pacto, según el propio Ministerio, pretende “evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidaria” que, traducido, significa: ¡Silencio, se Privatiza! Pero, sin duda, la medida “estrella” es la introducción de la “gestión clínica” antes llamada, quizás demasiado explícitamente, “gestión empresarial”. Se trata de que una parte del personal sanitario forme microempresas a las que, para que se note menos, llamarían “Unidades de Gestión Clínica”, pero que controlarían el presupuesto de un determinado servicio hospitalario o centro de salud. A partir de ese momento el funcionamiento de los servicios sanitarios será evaluado en función de criterios de “ahorro” (ingresos temerariamente más cortos, omisión de pruebas diagnósticas, menos derivaciones a atención especializada y/o al hospital) y no de objetivos de salud. Se trata de un auténtico soborno a esos médicos-empresarios, que se estima podrían llevarse entre 18 y 24 mil euros anuales como complemento de productividad en función de su “eficiencia”. Imaginemos ahora un hospital, nominalmente público, en que cada servicio (de los potencialmente rentables, por supuesto) o cada planta reciba un presupuesto independiente gestionado por una sociedad limitada diferente. La fragmentación resultante, unida a la inexorable tendencia a la acumulación y concentración del capital, será la vía de entrada que las grandes empresas necesitan para dinamitar el sistema sanitario público de la forma más eficaz posible, desde dentro.
No olvidemos que el personal médico es quien fundamentalmente determina el gasto sanitario, el obstáculo que se interpone entre el paciente/cliente y la obtención del beneficio empresarial en cada acto sanitario o proceso asistencial. Por ello, el acuerdo se firma con el denominado “Foro de la Profesión Médica”, constituido por los siguientes cómplices: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (aval corporativo), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (aval social), Federación de Sociedades Científicas (aval científico), Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (aval académico) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (aval del futuro). Y añadirían a la mismísima Conferencia Episcopal (aval o, mejor, bendición eclesiástica) si ello contribuyera al barniz de profesionalidad con que pretenden encubrir un nuevo asalto a la sanidad pública a mayor gloria de la acumulación capitalista.
Puesto que lo que realmente avala la ciencia de la Salud Pública es que las privatizaciones matan, por una vez podríamos hacerle caso a la reacción, pero modificando el objetivo. Pasemos de Estrasburgo y apliquemos retroactivamente la “doctrina Parot”, para que paguen por todos y cada uno de los crímenes cometidos contra el pueblo trabajador desde los monopolios y las instituciones burguesas a su servicio.
José Barril
