Compartir

Un año después del primer confinamiento de toda actividad que no fuera esencial, en la que se incluyó los cuerpos represivos, porque cuando se recortan derechos tanto laborales como sociales, la policía es esencial para este sistema, nos bombardean con estadísticas con los datos que se puedan medir en este tiempo de pandemia global causada por el virus SARS-CoV-2. Todas las estadísticas, por más que se esfuercen en algunos casos en intentar maquillar las cifras, muestran que el estado español se lleva las peores posiciones.

Y no me extraña.

Las primeras semanas de pandemia se utilizaban los argumentos de la novedad histórica para justificar los errores sanitarios cometidos en aras del funcionamiento económico. Con un año de experiencia, parecen inevitables episodios como el robo de vacunas por cargos oficiales corrompidos o la disputa a otros países por la compra de vacunas, parecidos a los vividos al principio con las mascarillas o los respiradores, pero más allá de eso que no deja de ser grave, se siguen repitiendo modelos de actuación tanto en las medidas de prevención, diagnostico y rastreo que hacen que las sucesivas olas se hayan convertido en un marejada nivel 4, que arrasa con la vida de muchas personas y empeora dramáticamente las condiciones de vida de millones.

Repasemos una experiencia concreta, que sucede al mismo tiempo que el debate de “salvar la semana santa”.

A un trabajador se le comunica el 22 de febrero que en la fábrica donde trabaja ha habido un caso positivo y van a hacerle la prueba PCR junto a otros 3 compañeros que coincidieron trabajando los días anteriores al diagnóstico. Al día siguiente, empieza a desarrollar síntomas de dolores musculares y dificultades respiratorias al dormir. Ese mismo martes 23 de febrero le inyectan la primera dosis de a vacuna AstraZeneca a la persona con la que convive, que le indica previamente al personal sanitario lo sucedido, le responden que no hay motivo para tomar precauciones.

Durante la semana, los síntomas empeoran y, ante la negativa de la fábrica de hacerle la prueba PCR, llama a su centro de salud de referencia donde le indican que ya le llamarán. Sus síntomas empeoran el fin de semana pero no lo considera suficientemente graves como para no ir a trabajar. Ya no hay dolores musculares y han aparecido mucosidades, con lo cual, podría ser un resfriado común.

Ante la falta de respuesta telemática y el empeoramiento de los síntomas, el martes 2 de marzo se dirige presencialmente al centro de salud y allí acceden a hacerle la PCR después de atender a sus explicaciones. La prueba sale positiva de Covid-19. La persona conviviente, después de haber sido vacunada no ha tenido síntomas, ese mismo día se despierta con dolor de garganta y dado el resultado de su compañero, decide llamar ese mismo día por la tarde a su centro de salud de referencia, ya que en todo el día no recibe llamada de rastreo. Su prueba sale positiva el 3 de marzo, así que las dos personas convivientes son aisladas en su domicilio durante 10 días con baja laboral por enfermedad común.

En ese tiempo, sólo recibe llamadas de seguimiento la última persona en hacerse la prueba, al trabajador contagiado en su puesto de trabajo, no se le hace ningún seguimiento, más allá de la llamada del médico de cabecera para confirmar la ausencia de síntomas 7 días después del diagnóstico para enviar el documento de alta médica y poder volver al trabajo. A la persona vacunada le comenta su doctora que se le retira de la lista de recepción de la segunda dosis y que posteriormente se le realizará una analítica para confirmar anticuerpos. La vuelta al trabajo se da con bastante incertidumbre al notar todavía efectos de debilitamiento, sin una PCR ni una visita médica física.

En este caso se desperdició una dosis de vacuna y se falló en el rastreo y el seguimiento de las personas positivas. No ha habido consecuencias más graves, de momento. Pero sorprende que ante la falta de respuesta el trabajador volviera a la fábrica con el riesgo de contagiar a otras personas, no se hiciera el rastreo adecuado, el seguimiento de los síntomas sea tan escaso y que no haya habido una nueva prueba de PCR antes del alta médica.

Aunque este es un caso particular, muestra las deficiencias que aun a estas alturas se repiten, que dan como resultado por un lado un agravamiento cíclico de la situación, así como de las condiciones laborales que está soportando el personal sanitario en todo este proceso, tal como se está haciendo al servicio más de intereses económicos que sanitarios y sociales. Da miedo pensar en las muertes que se podrían haber evitado a lo largo de este año con una gestión de otras características volcada en las personas.

Lo demuestran los datos en las estadísticas, pero también cualquiera de las experiencias que podamos vivir u observar en nuestro entorno, por insignificantes que parezcan. Y es evidente que esto no se mejora con un cambio de gobierno. Hace falta un cambio de estructura, que transforme las instituciones y el funcionamiento general de la sociedad.

Y sólo podremos conseguirlo con la fuerza colectiva de todas las personas que estamos pagando la factura económica, social y sanitaria de esta crisis. Despertemos!!

Gloria.