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Otro lunes más las y los pensionistas volvemos a concentrarnos en Las Palmas de Gran Canaria.

La situación por la que están pasando la mayoría de las personas mayores y las personas que han tenido que recurrir a una incapacidad, cada día se ven más perjudicados por los acuerdos del Pacto de Toledo.

Los diferentes Gobiernos no han hecho otra cosa que ir quitándonos derechos y creando una situación insostenible para la mayoría de nosotras y nosotros.

La clase trabajadora, y el estudiantado de hoy empiezan a tomar como suyo esa consigna que a los gobiernos de turno les interesa, aceptando que no podrán cobrar una pensión.

El derecho a cobrar una pensión según la Constitución está garantizado en el Artículo 50, que afirma que los poderes públicos deben proteger mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

Como ya nos tienen acostumbradas y acostumbrados este es otro artículo de la constitución que no se cumple.

Las y los pensionistas estamos en contra de la fiscalidad a la que nos someten en nuestras pensiones, su propio nombre lo indica IRPF, “Impuesto de Rendición de la Persona Física”, o sea cuando estas trabajando está obligada a que se le descuente de el impuesto, pero ¿por qué cuando ya estás jubilada?, es otra de las cuestiones que no se entienden de la normativa de las y los pensionistas.

Pedimos que se haga una auditoría a la Seguridad Social (S.S.), queremos saber donde se va el dinero que toda la mano de obra de las y los trabajadores aporta a la S.S. Que nos clarifiquen las partidas a donde van los importes aportados por la clase obrera.

Hay que tener en cuenta y debemos explicarlo claramente, que las pensiones no son un regalo, no son una limosna, la mayoría de las pensiones son producto del trabajo de quienes las reciben. Hay que explicarle a la clase trabajadora, a todos las y los pensionistas que lo que hoy reivindicamos aquí no es un capricho, supuestamente es un derecho “amparado” en la Constitución, que los gobiernos de turno intentan quitarnos.

El gobierno actual, del cual muchos ciudadanos creyeron que iban a mejorar las cosas, para las mayorías no ha sido sino una vez más, hacerle el trabajo sucio a esta sociedad capitalista que cada día demuestra que está obsoleta, que crea más diferencias entre quienes tienen más y quienes tienen menos.

Son los trabajadores y trabajadoras quienes creamos la riqueza de nuestro país y somos nosotras y nosotros quienes nos vemos perjudicados por un gobierno que se dice “progresista”.

Es desde el día 10 de septiembre de 2016, cuando se constituyó la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), Coordinadora a la que pertenecemos para aunar esfuerzos en la defensa de nuestras pensiones.

Tras la constitución del Pacto de Toledo, en 1995 y tras las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, las y los jubilados del estado empezaron a movilizarse por la defensa de las pensiones.

Entre otras propuestas la COESPE pide el blindaje del sistema en la Constitución reforzando el Artículo 50 de la misma, así como revalorización las pensiones de acuerdo con el IPC; conseguir una pensión mínima de 1.084€, según fija la carta social europea; suprimir la brecha de género que es de un 37% y derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. El mensaje de “Gobierne quien Gobierne las pensiones se defienden” es nuestra consigna más importante, pues de lo que se trata, es de que si cambia el gobierno se dejen de meter las manos en las pensiones y así evitar este descalabro que vivimos hoy en día.

La llegada de un nuevo gobierno, que se autodenomina de izquierdas, intentó la desmovilización de las y los pensionistas, pero sabíamos que no podemos desorganizarnos, teniendo que salir a la calle a reivindicar nuestros derechos y evitar que una vez más sean los burgueses y la banca quienes se beneficien de los dineros públicos.

Para la banca, para los partidos de derechas y para sus voceros la prensa y la televisión, insisten en que el blindaje de las pensiones no obraría un milagro, para ellos el problema está en el sistema, no en si es un derecho fundamental.

El Pacto de Toledo dice que quiere acabar con el déficit de la Seguridad Social, lo que no dice es que con las aportaciones de las y los trabajadores se pagan muchísimas cosas, cuando en otros asuntos el Gobierno de turno es incapaz de reducir o anular el gasto militar o el de la monarquía, asuntos innecesarios que se llevan un buen pellizco de los presupuestos del estado.

Por las condiciones laborales que está pasando hoy en día las y los trabajadores, con la precariedad en los puestos de trabajo y con los tipos de contratos basuras o más bien de mierda, es muy difícil que las y los que trabajan hoy tengan posibilidad de una pensión digna. Es por eso la necesidad de derogar las reformas laborales de 2010 y de 2012 que son las culpables de que las empresas puedan contratar por semana, día u horas, es la responsable de que a muchas y muchos trabajadores no tengan posibilidad de organizar su vida ya que no tienen ninguna seguridad en su puesto de trabajo, así como cuando son despedidos apenas tienen derecho a una indemnización o prestación, también es responsable de la existencia de las ETTs, que son empresas que utilizan a las y los trabajadores como mano de obra barata, llegando en algunos casos tener más de 50 contratos diferentes en el mismo puesto de trabajo.

Y lo más importante del Pacto de Toledo es la apertura a la privatización de las pensiones, dándoles a la banca, a los seguros privados, a fin de cuenta, a quienes se quedan con todos los beneficios a seguir con la usura que el sistema político actual les regala.

Isa Talavera,

Tesorera de la Asociación plataforma en defensa de las pensiones G.C. 2 feb. 2017