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La Policía carga contra manifestantes durante una protesta en la Plaza San Agustín, en Valencia, España, el 18 de febrero de 2021
Jorge Gil / www.globallookpress.com

Nos encontramos en un escenario, en el que la defensa de los derechos democráticos más elementales (como el derecho a la libertad de expresión o el derecho de manifestación) vuelve a ser una necesidad de primer orden para el movimiento obrero y popular.

Teniendo como referentes, pero no como inicio, ya que el estado de la dictadura del capital siempre ha intentado criminalizar la organización obrera y popular, es desde las manifestaciones contra el injusto encarcelamiento del compañero Pablo Hasél, cuando los centros intelectuales y los aparatos de información del estado intentan con mayor dedicación y esfuerzo alinear al máximo de obreras/os para que se considere que el organizarse y manifestarse es «antidemocrático». Y ante esta situación, ¿qué hace el partido que llamo a tomar el cielo?, gobernar en beneficio de la burguesía, no derogando las leyes que criminalizan la protesta. La simple manifestación intelectual o protesta colectiva en la calle contra los intereses del capital son caracterizadas y sancionadas como actos de violencia injustificada.

La única excepción al descrédito del derecho a movilizarse es que se trate de un grupo fascista enarbolando el asesinato y persecución de la clase trabajadora como recientemente se ha visto en las calles de Madrid.

En un momento en el que las previsiones sobre una nueva crisis de sobreproducción del capitalismo ya son una realidad y nadie duda que acabaremos 2021 con 5 millones de parados y paradas, su objetivo es crear una imagen colectiva que favorezca la limitación del derecho a manifestarse y criminalización de quienes luchamos en un momento en el que las previsiones sobre una nueva crisis de sobreproducción

La gran burguesía de este país tiene claro su objetivo: incrementar sus ganancias día tras día, mantener activo el ciclo de reproducción ampliado del capital y ello por encima de nuestra salud y de nuestros derechos laborales (a modo de ejemplo y pese a la pandemia, Amancio Ortega declara en 2020 unos beneficios de 1.106 millones euros).

Cualquier acto contestatario a esta acumulación de ganancias y por los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora debe ser criminalizado y tachado de violento.

¿Cómo es posible que nos hagan creer que es más importante la quema de un contenedor que el desahucio de 67 familias al día? ¿Cómo hemos asumido como “normal” que la tasa de paro juvenil se sitúe en el 40,2%? ¿En qué momento se ha pasado a justificar que el corrupto Juan Carlos Borbón siga viviendo a costa de nuestros impuestos y, sin embargo, no haya dinero para salvar a las miles familias trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema?

Sólo hay una respuesta posible: la dominación ideológica y el bombardeo mediático al que nos tiene sometidas/os la oligarquía nos hace defender sus intereses como clase social en lugar de los nuestros.

¿Y ante esta situación, que hacemos?

La propuesta del PCPE y de la JCPE pasa por la organización y defensa de todos los derechos democráticos, sociales y laborales ganados durante décadas de lucha. La libertad de expresión y el derecho a manifestación los ganamos luchando y sólo los defendemos movilizándonos, desde la responsabilidad colectiva por nuestra salud, pero con la firmeza necesaria para entender que cualquier derecho (por muy básico que nos parezca) está en riesgo de ser reprimido y desaparecer dentro del sistema capitalista.

ANTE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA OBRERA Y POPULAR: ORGANÍZATE Y LUCHA!

¡LA CRISIS DEL SISTEMA, QUE LA PAGUEN LOS RICOS!

 

 

 

 

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