Además, los socios cooperativistas perderán los ahorros invertidos en la compañía.
La quiebra de Fagor con la consecuencia de destrucción de miles de puestos de trabajo pone de manifiesto:
- la destrucción de fuerzas productivas como uno de los recursos del capitalismo en crisis para recupear su tasa de ganancia
- las consecuencias de la internacionalización del mercado en la fase imperialista, ya que los precios a la baja de los competidores asiáticos en el sector han sido decisivos junto con el desplome del mercado de la vivienda
- la lógica y previsible indiferencia de la Corporación Mondragón y de los gobiernos burgueses español y autonómico ante la desaparición de trece fábricas (5 en España), 10.000 puestos de trabajo (de la plantilla más los proveedores de servicios en toda españa) y de 4.000 empleos indirectos sólo en Euskal Herria
- la impotencia e inviabilidad de la forma de organización de la producción llamada cooperativa (criticada por la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad por su funcionamiento demasiado asambleario, "insuficientemente drástico" y lento en la aplicación de ajustes salariales y despidos camuflados como prejubilaciones) cuando se inserta en el modo de producción capitalista donde la producción social es sólo un medio de acumulación privada de riqueza en manos de una clase minoritaria parásita
- las limitaciones de una concepción de sindicalismo que plantea que "en Euskal Herria no se pueden aplicar las mismas medidas que se aplican en España, porque la situación política, social y económica es diferente y porque nuestra aspiración debe ser situarnos en parámetros sociales y económicos de paises de similar productividad y renta per cápita a la nuestra", y que la solución es un "acuerdo de país" al servicio de la "ciudadanía" vasca.
Desde el PCPE entendemos que el único acuerdo que puede poner a salvo a la plantilla de Fagor arrrojada a la calle por esta quiebra es el acuerdo con su propia clase para hacer frente unidos y unidas en sus asambleas de trabajadores/as y en sus Comités de Unidad Obrera a las políticas antiobreras y bárbaras de la patronal monopolista y gobiernos a su servicio, tanto autonómico como estatal y europeo-imperialista.
