El transporte público en Murcia siempre ha sido objeto del más absoluto desprecio por parte de la administración pública. Más que ofrecer un servicio a la población, lo que tratan es de cumplir expediente con el mínimo gasto posible. Esto hace que el transporte público en la Región sea de los de peor calidad y más caros para los usuarios del Estado. Un duro golpe a este servicio lo asestaron en 2012 al calor de la crisis capitalista, reduciendo drásticamente el número de expediciones de autobús y encareciendo los billetes. El siguiente golpe lo estamos sufriendo desde la aparición de la pandemia.

Al comenzar el estado de alarma, se redujeron al mínimo las expediciones,con el pretexto de que mucha menos gente necesitaba usar el transporte. Sin embargo, el estado de alarma terminó y volvió la libertad de movimiento, el retorno a los centros de trabajo en aquellos sectores paralizados, así como desde el comienzo del curso escolar, la vuelta a los centros de estudio. En este caso, lejos de garantizar unos transportes que permitieran un servicio adecuado a la prevención de la pandemia, las expediciones de autobuses permanecieron reducidas al 50 % y así siguen hasta hoy. Esto quiere decir que pasan la mitad de autobuses que antes y más espaciados en el tiempo, por lo que desplazarse de esta manera se ha vuelto muy poco útil. Si a esto le sumamos que el aforo está reducido al 50 % para evitar contagios, tenemos una capacidad mínima del servicio para transportar pasajeros, causando que muchas personas se tengan que quedar en tierra con los problemas que eso conlleva (llegar tarde al trabajo, citas médicas…). También está causando que muchas personas se vean obligadas a dejar de usar el transporte público. El gobierno regional se escuda para no restituir el servicio habitual en que “no hay demanda”, argumento falso a más no poder, ya que, aparte de manipular los datos a su antojo, si no hay autobuses tampoco puede haber demanda. El pueblo trabajador de las distintas pedanías, barrios y municipios del entorno de la ciudad de Murcia es quien sufre las consecuencias del empeoramiento del transporte público y particularmente sectores de población como estudiantes y personas mayores.

La plantilla de Autobuses LAT, la empresa concesionaria de este servicio, también sufre gravemente las consecuencias. La reducción del servicio se acompaña con el ERTE, encontrándose actualmente toda la plantilla al 67 % de salario. De esta forma, empresa y gobierno regional se están ahorrando parte de la partida presupuestaria, dejando dinero libre para invertir en cuestiones más necesarias para la oligarquía local. El ERTE, junto con el empeoramiento del servicio y el malestar que genera a los conductores el tener que elegir entre dejar pasajeros en tierra o sobrepasar el aforo y arriesgarse a recibir una sanción, ha llevado al Comité de Empresa a convocar una huelga indefinida que comenzó el día 15 de octubre. Las trabajadoras y los trabajadores de LAT, con esta huelga, denuncian el ataque gravísimo que el gobierno regional, de manera consciente, realiza contra la clase trabajadora murciana al mantener el transporte público en un estado raquítico, y exigen la restitución del servicio al 100 %, incorporando por completo al trabajo a toda la plantilla. La administración pública de la Región de Murcia no solo ataca a la plantilla de Autobuses LAT, sino que ataca al conjunto de la clase trabajadora al estar quitándole salario indirecto en forma de servicio público. Las murcianas y murcianos que necesitan dicho servicio han visto afectada su calidad de vida y su bolsillo al tener que buscar medios de transporte alternativos. También se ve gravemente afectado el medio ambiente, puesto que el transporte público es la única alternativa sostenible a los vehículos particulares, y por esto precisamente se debería potenciar en lugar de reducirlo.

El gobierno regional de Murcia rezuma odio y desprecio profundo hacia el pueblo trabajador, que utiliza el autobús a diario para ganarse la vida y cubrir sus necesidades. Odio de la clase capitalista y sus representantes hacia la clase obrera, pues ve en el transporte público un gasto innecesario a eliminar, ya que no le resulta rentable. En frente tendrán a todo el pueblo unido por la defensa de su derecho a la movilidad, de sus servicios públicos, de su salario indirecto y de sus puestos de trabajo.

Jesús.

uyl_logo40a.png