Durante un periodo de 12 meses y con el objetivo de cinco puntos vitales “vigilar costos, apoyar la producción, proteger los salarios, vigilar los precios y regularlos y establecer limites en la ganancia", la llamada ley habilitante aprobada el 19 de noviembre, permitirá al presidente del gobierno decretar con rango, valor y fuerza de ley en caso de necesidad.

El imperialismo norteamericano y la prensa burguesa a coro, allí y aquí, ya ha tildado la ley de “dictatorial” planteando que da plenos poderes al presidente del gobierno. Lo que no dicen es que una de las primeras leyes que se aprobará será la Ley de Precios, Costos y Ganancias, con el objetivo de garantizar costos y precios justos en bienes y servicios, es decir, eliminar la especulación y el robo al pueblo trabajador venezolano ya que en el capitalismo venezolano, como en el de aquí, la corrupción y abusos de la burguesía son una constante contra la clase obrera. Es decir, una medida de necesidad social para todo el pueblo.

El Partido Comunista de Venezuela ha planteado que dicha ley “debe servir para transformar la actual política económica rentista en una economía productiva que se disponga a avanzar hacia el Socialismo”. Han propuesto además leyes que deberían acompañar a la ley habilitante en materia económica, desarrollo productivo, Poder Popular y lucha contra la corrupción.