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El 28 de septiembre de 2020 se cumplen 30 años del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que proclamó el Día por la Legalización y Despenalización del Aborto. Esta fecha ha sido asumida de forma creciente por el movimiento feminista en todo el mundo para luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero no ha sido hasta 2016 que un comité de la ONU ha reconocido el aborto como un derecho humano.

En el estado español, el gobierno del PSOE de Zapatero, hace 10 años que aprobó la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la cual, por fin, elimina los supuestos de la Ley de 1985 para considerar el aborto fuera del código penal y los sustituye por plazos, tras los cuales se sigue penalizando el aborto a pesar de la mejora que supone en relación a la anterior Ley.

Esta nueva Ley ha resistido los cambios de gobierno, aunque el PP de Rajoy consiguió restringir el acceso a la IVE a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento de progenitores. Pero parece que a la oligarquía no le moleste tanto que el aborto sea legal en España, mientras contribuya a engordar sus cuentas corrientes y a pesar de que la derecha más rancia representada por VOX, Ciudadanos y la Iglesia Católica, sigan presionando para que no sea así.

Sí, se podría afirmar que, aunque de forma insuficiente, el aborto ya está legalizado y despenalizado en España. Pero no debemos olvidar que las leyes no garantizan el cambio social y que, más bien al contrario, si se han conseguido leyes como ésta es gracias a la organización de las mujeres y a las reivindicaciones del movimiento feminista. Las cifras de violencia de género lo dejan claro. El 20 de septiembre de 2019 se manifestó el movimiento por la emergencia feminista. Durante el confinamiento a causa del COVID-19 estas cifras se han vuelto a disparar. El número de embarazos no deseados ha aumentado en el mundo a la vez que el derecho al aborto se ha estancado.

Las mujeres no somos libres sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestras decisiones porque a cada paso que damos en la vida, el patriarcado nos oprime para someternos. Y en el caso del derecho al aborto, por muy legalizado que esté, todavía es mayor la situación de opresión entre mujeres de clase trabajadora, jóvenes, inmigrantes y sometidas a la prostitución.

La Ley vigente sigue cuestionando la capacidad de decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos, contemplando un periodo de reflexión obligatorio de un mínimo de 3 días para acceder a la IVE, cuando se ha demostrado ya con cifras que este periodo sólo añade más estrés a una situación a la que si una mujer decide someterse, será porque es su decisión.

En estos 10 años de aplicación de la Ley, un 91% de los abortos se han practicado en clínicas privadas. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos 30 años sólo 16 provincias del estado han realizado la IVE de forma continuada, mientras que en 8 de ellas no han notificado ni una IVE entre 1988 y 2018 según informes del Ministerio de Sanidad. Así que al hecho de que en la mayoría de los casos hay que pagar para acceder a la IVE, hay que añadir el coste de los traslados en las provincias donde se deriva a las mujeres a otras provincias.

Las reivindicaciones del 28 de septiembre no han terminado. Hay que seguir avanzando en la organización y la lucha por el acceso libre a la IVE, por su definitiva despenalización, por la educación sexual y reproductiva en el sistema educativo público, por la dotación económica que asegure el aborto seguro y gratuito en la sanidad pública en todos los casos y supuestos, incluyendo costes adicionales si el sistema público no lo puede cubrir, por la eliminación del periodo de reflexión de la Ley.

Glòria Marrugat