La incertidumbre sobre la vuelta al cole de estudiantes de todas las edades aumenta a la par que el desarrollo de contagios en esta segunda ola de pandemia que estamos viviendo.
Tanto el gobierno central como los autonómicos se han empecinado en aseverar que la vuelta a la escolaridad será “normal” y que los centros educativos son espacios seguros.
No parece que estas palabras vayan a tranquilizar a madres y padres y personal docente. Tampoco las similares pronunciadas por Marzà que les ha pedido que estén “tranquilos” porque con los espacios seguros creados se podrá controlar un posible caso para “minimizar sus efectos y el contagio a sus compañeros”.
Sinceramente, no sé si creer o no las palabras de Pedro Sánchez cuando asegura que el gobierno lleva meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar.
Después de lo vivido desde marzo hasta junio en los centros de mayores y ver que otra vez vuelve a haber contagios en ese colectivo tan vulnerable sobre el que se ha cebado la pandemia, todo hace pensar que si se ha trabajado, no se ha hecho bien. No sé por qué debemos creer que esta otra cuestión irá mejor.
Quizá el tema esté en que el trabajo que se realiza desde el gobierno de España o desde las comunidades autónomas, incluyendo al Pais Valencià, no se hace atendiendo al bienestar general de la mayoría de la población, de quienes producimos todo, de quienes abrimos las fábricas y hacemos que funcionen. De quienes recolectamos los campos y ponemos los productos en el mercado para consumo masivo. De quienes educamos a las nuevas generaciones y cuidamos de los y las mayores.
Quizá se trabaje pensando en salvar el culo a los de siempre. El interés empresarial en el centro del tablero, pero no ya del pequeño comerciante o pequeña empresa, sino el del gran monopolio, la oligarquía, el gran capital.
Lo principal en el actual estado de cosas es la necesidad de recluir en espacios cerrados a las personas mayores y a nuestras hijas e hijos para que la clase obrera y trabajadora podamos disponer del tiempo necesario para engranar un sistema de producción que ha demostrado que sin nuestra aportación, se hunde. El capital necesita continuar con el ciclo económico de reproducción ampliada del capital, con la extracción de plusvalía con que enriquecerse y a la vez de someternos.
Por desgracia ese va a ser el criterio que van a primar para los actuales gestores del capital, conservadores o socialdemócratas.
Obviamente, el tan cacareado consenso en la comunidad educativa, no lo es tanto. Hay amplios sectores en el profesorado, alumnado y familias que han mostrado su preocupación por la vuelta a las aulas, que denuncian la indefinición de los planes de retorno a clase, el desconocimiento de la realidad educativa y la dejadez de funciones de la dirigencia política.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, considera que el metro y medio, la mascarilla y los grupos estables de convivencia son los instrumentos para luchar contra la pandemia en los centros escolares.
Sin duda, se está poniendo la vigilancia y mantenimiento de las distancias de seguridad, la desinfección y la limpieza , o el control y la investigación de los posibles positivos por COVID-19, en manos de quienes no tienen ni competencia, ni presupuesto para ello.
La pandemia ha puesto de manifiesto el desmantelamiento de los servicios públicos y el trasvase de recursos económicos al sector empresarial. La colaboración “público-privada” no es más que el eufemismo que se utiliza para defender el expolio a la clase obrera. La educación pública no ha sido ajena a este proceso.
La mayoría de servicios auxiliares en educación está privatizados y hacen dudar de su capacidad para prestarlos. La UTE adjudicataria de limpieza de los colegios de Alacant ya fue en febrero investigada por una comisión municipal por supuestas irregularidades en la prestación del servicio. ¿Debemos confiar en que ahora se haga de forma correcta? Nada que reprochar a las empresas. Su objetivo es lucrarse. Objetivo cumplido. Pero si queremos que se garantice la eficacia del servicio debe hacerse con empresas pública y gestión pública.
En lugar de aprovechar el fin del contrato de esta adjudicación y municipalizar el servicio que supondría un ahorro económico y un mejor servicio, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado a la luz el nuevo pliego que comprende un contrato de 38 millones de euros para un período de cuatro años prorrogable a otro más.
Con el tema de los comedores escolares ocurre otro tanto y es que la prioridad política y la naturaleza clasista de las instituciones políticas del estado – ya sean Comunidades Autónomas o Gobierno central – es clara.
La política urbanística cede suelo público para la construcción de colegios privados, mientras que se paralizan los públicos por falta de recursos.
Las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto, lo que supone un 17,7% del gasto educativo. La Iglesia Católica es la principal beneficiada de esta política de expolio.
Y mientras, se destinan las migajas a paliar la inseguridad de los centros educativos donde debemos dejar a nuestras hijas e hijos.
No hay suficientes dotaciones económicas. Falta más profesorado, más espacios, más capacitación profesional. En definitiva, faltan más recursos.
Es fundamental que la comunidad educativa se organice y reclame estos recursos para el conjunto de la clase trabajadora y que se paralicen los desvíos de fondos a las empresas que ven en la educación otro pastel más donde meter la cuchara. Es necesario hacer posible la conciliación familiar y laboral. Es necesario que las familias de extracción obrera puedan atender a sus hijos e hijas sin que se les reduzcan los salarios. Es imprescindible exigir salud a la totalidad de la comunidad educativa y que la educación esté al servicio de la mayoría social y no de unos pocos privilegiados
En definitiva, debemos exigir una escolaridad de verdad segura.
Kike Parra/ @pcpe_alacant
Publicado el 2 de septiembre en alicanteopinion.es
