La Generalitat de Catalunya ha intentado impulsar un nuevo proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, también conocida como “Llei Aragonès”, por su cabeza ejecutora. Pere Aragonès, consejero del Departamento de Economía de la Generalitat.
¿De dónde sale la idea de este nuevo intento de la burguesía catalana de destruir los servicios públicos que nos quedan, cosa que a cualquier partido parlamentario parece no preocuparle? Esta ley era una propuesta basada en la Directiva Europea 2014/24, la cual otorga libertad a los estados miembros de la UE para establecer el régimen jurídico que consideren “más adecuado” para prestar servicios públicos de necesidad. Es decir, se abren las puertas a las privatizaciones y comercializaciones de amplios servicios sociales básicos de diferentes sectores, de forma transversal.
Por suerte, esta ley se tumbó en el Parlament de Catalunya el pasado 3 de febrero, con el apoyo único de la burguesía catalana encabezada por ERC y JxCat. Pero no podemos celebrar esta victoria ya que los intentos de privatizaciones seguirán. Mientras estemos en este sistema, que necesita defender los beneficios empresariales aunque ello suponga la privatización de los servicios públicos. Cuando los servicios son adjudicados a empresas privadas, no existe ninguna regulación que impida que el servicio pierda calidad. Ya solo existe el objetivo de aumentar el margen de beneficio, y a ello lo acompaña una bajada de las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad de los materiales.
Hoy estamos hablando de la “Llei Aragonès”, pero ya han sido múltiples los intentos de establecer un marco legal que permita la privatización de los servicios públicos, tanto a nivel estatal como catalán. Algunos ejemplos podrían ser: la LOU contra la educación universitaria y su adaptación a Catalunya con la LEC, o la Lley 15/1990 d’ordenació sanitària de Catalunya. Esta última, siendo la primera en Catalunya, fue la que comenzó la tendencia de liberalización de los servicios públicos.
No es casualidad que todo este proceso comenzase a principios de los noventa. Con la contrarrevolución en la URSS llegando a su fin, terminó el papel de presión que ejercía la potencia socialista sobre los estados capitalistas, y una vez liberados de esta, comenzaron una serie de reformas por toda la Unión Europea, con sus correspondientes leyes en España y Catalunya, que llegan al día de hoy con este nuevo intento, pero no el último.
Sin duda, las movilizaciones y organización popular contra la “Llei Aragonès”, que culminaron con la manifestación en Barcelona el 17 de noviembre, han tenido su influencia en que esta Ley no se aprobara, pero no podemos creer que partidos como el PP, C’s o PSC hayan votado en contra por la muestra de opinión popular sino como una estrategia política y electoralista, con unas posibles elecciones previstas en Catalunya.
Por eso desde el PCPC denunciamos, una vez más, el proyecto de la burguesía catalana y española de pertenecer a la Unión Europea. De pertenecer a instituciones imperialistas que únicamente buscan engordar las multinacionales, bancos y empresas, favoreciendo sus intereses de clase contra los intereses de la mayoría, la clase trabajadora, que son opuestos a los suyos. Hace falta un nuevo proyecto de estado, construyendo una Catalunya republicana y socialista, que atienda a las necesidades del pueblo trabajador catalán, que pasa por tomar el poder y gestionar los recursos en base a las necesidades populares y no del capital.
Necesitamos servicios públicos, como la sanidad, que generen un sistema universal, público y de calidad que incluya pediatras, ginecólogos, enfermeros y cirujanos; necesitamos educación 100% pública, sin conciertos, ni escuela privada desde el mismo nacimiento; necesitamos servicios públicos sociales, asistencia a domicilio, residencias y hospitales, ayudas a la dependencia, totalmente públicas y garantizadas.
Desde el PCPC y la J-PCPC, llamamos a la organización de Plataformas y Comités en defensa del sector público y llamen a la clase trabajadora a unirse, organizarse y preparar movilizaciones contra los ataques que impulsan la UE, que en convivencia connivencia con la Generalitat y el Estado Español, preparan contra nuestros intereses colectivos, ya que aunque esta ley no se ha aprobado, habrá más intentos en el futuro y tenemos que estar preparados para reaccionar y luchar.
El PCPC y la J-PCPC llaman a preparar la Huelga General abiertamente política, y reforzar un movimiento popular, obrero y sindical amplio que cree conciencia de clase.
Por eso el PCPC y la J-PCPC sabemos el que el único proyecto capaz de defender los servicios públicos y los derechos de la mayoría para por la creación del Frente Obrero y Popular por el Socialismo (FOPS).
Daniil Digtyar
