La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Organización no Gubernamental con Estatuto Consultivo en las Naciones Unidas, entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, la concreción de mejores y más efectivas garantías para su protección, ante la escalada de persecución, violencia y asesinatos de líderes sociales, populares y de las organizaciones gremiales, intelectuales, docentes, defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, defensores de LGBTI, indígenas, afrodescendientes, líderes de la oposición en Colombia, expresa su más enérgico repudio y una vez más reitera su condena a estos lamentables episodios.

Por lo cual de manera clara se llama la atención en que pese a la firma del Acuerdo de Paz en el país, el conflicto se mantiene, y se agudizan las actividades armadas de actores paramilitares nominados de distintas maneras, como Bandas Criminales – BANCRIM-, Grupos Armados Organizados –GAOS-, Grupos Delictivos Organizados -GDO-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, Clan del Golfo, violentan el Derecho Internacional Humanitario mediante el secuestro, violencia sexual, ataques a bienes y personas protegidas, esto aunado a la falta de garantías de seguridad para los excombatientes que se acogieron al acuerdo.

a. Son graves los indicios de participación de estos grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, defensores de LGBTI, indígenas y afrodescendientes. La mayoría de las víctimas de las agresiones individuales y colectivas, las amenazas, los atentados, las detenciones arbitrarias y los asesinatos son dirigentes que: luchan por la sustitución de cultivos ilícitos; quienes resisten y se oponen a los proyectos minero energéticos de las corporaciones multinacionales extractivistas; quienes luchan por la restitución de tierras aprobadas en el Acuerdo de Paz; miembros de los pueblos originarios luchadores por sus derechos ancestrales y quienes luchan por la protección de los Bienes Naturales como el Páramo de Santurbán en el Departamento de Santander en el oriente de Colombia.

b. De acuerdo a este panorama, según INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz , entre el 1o. De Enero de 2016 y 20 de Mayo de 2019 han sido Asesinadas 837 personas (702 líderes sociales, populares y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza y 135 excombatientes reinsertados de las FARC EP) cifras que se incrementan desde la elección del actual Presidente Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático que le hizo oposición al proceso de paz.

c. La vocera del Estado colombiano, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirma que en el país 4.000 defensores de derechos humanos usan protección estatal para poder ejercer su trabajo. El hecho de que tantos líderes deban ser protegidos y aun así aumenten los asesinatos es muestra del fracaso de las políticas de seguridad del Gobierno Colombiano, porque no ataca el origen del problema, y sostiene una política que no tiene interés en atacarlo..

d. Los grandes medios de información de propiedad privada de los grupos económicos, no dan cuenta de los incumplimientos gubernamentales, de los asesinatos de los líderes sociales, sindicales, populares, defensores de derechos humanos y del ambiente, indígenas, afrodescendientes, por el contrario en su mayoría los minimizan, los estigmatizan, los descalifican o los desacreditan con aseveraciones tales como “cobro de cuentas”, “lio de faldas”, “no es líder social”, lo cual coadyuva a estigmatizar y judicializar su lucha.

e. La prensa alternativa y sus periodistas, las redes sociales son quienes hacen el cubrimiento y la denuncia de todos los asesinatos, amenazas y persecuciones siendo víctimas en muchas ocasiones por su postura independiente, y así lo viene denunciando la fundación para la libertad de prensa -FLIP.

LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS – AAJ RAMA COLOMBIA

1. Insta al Gobierno Nacional a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, particularmente de quienes lideran procesos sociales y ambientales, labor que les ha puesto en grave peligro ante las amenazas y homicidios incrementados en el actual periodo del Presidente Ivan Duque Márquez, para lo cual exigimos la inmediata formulación, expedición y aplicación de un Plan Nacional de Protección de Líderes Sociales y Ambientales.

2. Observa y toma nota con preocupación, el incumplimiento por parte del Estado Colombiano al ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA, de los acontecimientos, de la impunidad y asesinato de los combatientes reinsertados y la situación de los colombianos, frente a los hechos aquí manifestados.

3. Solicita a los organismos nacionales e internacionales encargados del seguimiento al Acuerdo para la Construcción de la Paz investigar inmediata e independiente sobre los hechos que han conllevado al incumplimiento del mencionado acuerdo y al juzgamiento de los responsables de los hechos y asesinatos conforme a las normas aplicables.

4. Reitera una vez más que la paz en Colombia requiere del cumplimiento del ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA, del Acto Legislativo, de la Leyes, Decretos y demás normas que lo desarrollan, respeto y apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-

5. Invita a las organizaciones de juristas y de derechos humanos a exigir al gobierno de Colombia a cumplir con su obligación constitucional de proteger la vida e integridad física de los líderes populares y activistas sociales, defensores de los derechos humanos y del ambiente.

6. Exige el cese inmediato del hostigamiento, actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra las ONG de derechos humanos, por parte del Estado y sus organismos de seguridad.

7. Exige al Estado Colombiano que brinde todas las garantías a los líderes sociales, populares excombatientes, defensores y defensoras de derechos humanos para la realización de su trabajo, así como tomar las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias.

8. Hacemos llegar a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos y asesinados; a sus comunidades y organizaciones nuestra solidaridad y nuestro apoyo, esperando que el duro sendero que han tomado no cobre más vidas para avanzar en el camino de la justicia y la solución negociada de los conflictos el marco del acuerdo humanitario. ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS RAMA COLOMBIA

Comité Ejecutivo

Firmado: LUIS DUSSAN, Presidente. LINDA K. AZCARATE BURITICA, Secretaria General, CINDY LORENA GONZÁLEZ ROJAS, Tesorera. CARLOS ARTURO MENESES REYES, Coordinador Colegiatura de Abogados. ARMANDO PALAU ALDANA, Coordinador de Comunicaciones.

Bogotá, D. C. 25 de Julio 2019