El País Valenciano es uno de los territorios del Estado español en que socialdemocracia y oportunismo lograron alcanzar un acuerdo tras las Elecciones Autonómicas de 2015, y muy probablemente lo hagan tras las de 2019, aquí con el nombre de “Pacte del Botànic”, para conformar uno de los llamados “gobiernos del cambio” con PSOE, Compromís y Podemos. El alivio que suponía desalojar de la Generalitat Valenciana a la derechona reaccionaria y corrupta encarnada por un PP que la había ocupado durante dos décadas, unido a la desmovilización de la clase trabajadora de nuevo engañada por el reformismo con las consabidas promesas de un “cambio” desde las instituciones, llevó a una sensación de “pax romana” social mientras se continuaban degradando las condiciones objetivas de vida y trabajo de nuestra clase.
En el caso de la Sanidad existe un factor adicional de engaño que, por supuesto, la socialdemocracia trata de rentabilizar, como es el regreso a la gestión pública del Hospital de la Ribera Alta y el correspondiente Departamento de Salud, aquel que dio nombre al desastroso modelo de gestión sanitaria privada financiada con fondos públicos, el “modelo Alzira”. Si bien, por supuesto, nos congratulamos del hecho, debemos situarlo en su justo contexto:
1) no se trata de ningún “rescate” sino, sencillamente, de la no renovación de una concesión administrativa que caducaba después de 20 años parasitando a la Sanidad Pública; 2) la vida útil de un hospital no va más allá de 25 años y, probablemente, en el próximo período requerirá una fuerte inversión para su reforma; 3) el modelo de concesión sanitaria ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo, tal y como ratifica el contundente Editorial de 25 de enero de 2018 de la prestigiosa publicación British Medical Journal: “Fracaso de la Iniciativa de Financiación Privada: era predecible y se predijo”. El Reino Unido, pionero en ese mecanismo privatizador en el ámbito sanitario, prácticamente ya no realiza nuevas concesiones administrativas y, además, ese mismo enero de 2018 se produjo el colapso de la potente corporación británica Carillion, dedicada a la construcción y a la “colaboración público-privada”. Este tipo de hospitales cuesta tres veces más, al capital ya no le salen a cuenta; 4) quedan por recuperar para la gestión pública directa los hospitales de Torrevieja, Elx-Vinalopó, Dénia y Manises: caso de que vuelvan a gobernar estos “botánicos” no serán capaces de rescatarlos antes de que finalicen sus respectivas concesiones, entre 2023 y 2025, a pesar de los flagrantes incumplimientos de los contratos por parte de las empresas concesionarias; y lo más importante, 5) el PSOE, que en su momento apoyó con sus votos la Ley 15/97 “de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, abriendo el camino a la nefasta gestión privada de los centros sanitarios públicos, no la ha derogado ni en los casi 8 años de gobierno de Zapatero ni en los meses de gobierno de Sánchez. Ninguno de los partidos de la “izquierda” institucional valenciana llevaba la derogación de la Ley 15/97 en sus programas.
Las lucrativas resonancias magnéticas permanecen todavía parcialmente privatizadas a pesar de que nos salían hasta 16,7 millones de € más caras cada año y que en abril de 2016 el Pleno de las Cortes Valencianas aprobó una iniciativa que instaba al Consell a presentar un “Plan de recuperación de las resonancias magnéticas” que permitiera su gestión directa por la Conselleria de Sanitat. Y ello aderezado con la imposición, que no donación, de 7 nuevos equipos por parte de la Fundación Amancio Ortega, que negó la posibilidad de que el SNS priorizara la inversión en base a las necesidades reales del sistema sanitario. Las escandalosas plusvalías obtenidas por el grupo Inditex de la semiesclavitud de niñas en Bangladesh o de refugiadas en Turquía, unidas a un sistema fiscal inmensamente benevolente con la oligarquía, le permiten este derroche de “generosidad” que, a la vez que desgrava, lava la imagen de la criminal corporación. ¡Cosas del imperialismo!
¿Y qué decir de las listas de espera sanitaria en el País Valencià? A diciembre de 2018 teníamos 66.448 pacientes esperando ser operadas/os, 16 mil de ellas/os durante más de medio año, con un tiempo medio de espera de casi 4 meses. Las listas de espera no sólo matan sino que, además, privatizan: ante la perspectiva de una espera que puede poner en peligro la vida de las/os pacientes, quienes pueden pagarlo se blindan (o eso piensan) con un seguro privado. Entre 2006 y 2016 se incrementó en un 32% el número de quienes han contratado un seguro privado en el Estado español. ¿Será esta vía de privatización sanitaria la que los monopolios comienzan a priorizar por encima de las fracasadas concesiones administrativas?
Los cuatro años de “cambio” tampoco han servido para recuperar el serio déficit de personal sanitario que sufre la sanidad pública valenciana. Sólo en enfermería, el PV necesita 17 mil profesionales más para alcanzar la media de enfermeros/as por cada 1000 habitantes de la UE. En su informe de 2018, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), de claro perfil socialdemócrata, sitúa al PV en el grupo de Comunidades Autónomas con peores servicios sanitarios en base a múltiples parámetros objetivos, tanto durante los años del Consell del PP como del PSOE-Compromís.
Comité del País Valencià del PCPE
