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La sentencia del Tribunal Supremo sobre “el caso Las Teresitas”, culmina, después de un recorrido histórico de 18 años desde el inicio del caso en cuestión, una etapa política donde floreció la impunidad, la corrupción y el clientelismo como elementos formales de una época boyante de acumulación de capitales y poder para una oligarquía vinculada a la construcción y la promoción de suelos.

Un caso paradigmático que dejó al descubierto, la red de corrupción que se tejió en las relaciones de poder entre una serie de empresarios vinculados al negocio del suelo y los políticos profesionales parapetados en el ayuntamiento. Esta playa de arena artificial traída del Sáhara en los años 70 del siglo pasado, es la única playa grande y espaciosa que se encuentra en las inmediaciones de Santa Cruz de Tenerife. En apenas ocho kilómetros de la ciudad se encuentra esta playa que no está urbanizada que ha sido utilizada masivamente por el pueblo trabajador para su descanso y distracción. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, político fabricado en los hornos populistas de Coalición Canaria, antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes, fraguó una red especulativa que abarcaba a los principales políticos del Ayuntamiento, portavoces de CC, el PP y PSOE, junto a funcionarios destacados en puestos de responsabilidad y confianza y a dos empresarios-caciques principales de Tenerife; Ignacio González Martín: presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife durante 16 años, y Antonio Plasencia Santos: presidente de la patronal de la Construcción, recientemente condenado por otro caso de extracción ilegal de áridos.

Los hechos, que motivaron las condenas de parte de esta red especulativa, fueron la expresión política y social de todo un mecanismo económico que fraguó las relaciones de poder de clases en la sociedad isleña, en la actualidad cimientan la estructura socio-económica del capitalismo canario.

“El caso de Las Teresitas, una operación de compraventa del frente de la playa de ese nombre de Santa Cruz de Tenerife, fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del ayuntamiento.” Así comienza la sentencia de Tribunal Supremo y a ella apelamos para discernir los hecho a fin de clarificar el caso; los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción provincial (Fepeco), e Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, han sido condenados a cinco años y seis meses, mientras que los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo. El tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

En concreto, sobre el exalcalde Zerolo la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación, y que los dos empresarios adquirieron, en 1998, los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".

El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.

Una parte de esos terrenos, de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento tinerfeño en 2001 por 52,5 millones, y fueron vendidas posteriormente por 90 millones de euros.

La transferencia se realizó "a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase", según la sentencia.

Fueron omitidos tres informes de tasación emitidos , que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros.

Solo se incluyó la "valoración mutilada" de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa que lo elevaba hasta 60 millones.

El resultado de la sentencia del caso Las Teresitas es la expresión de la victoria popular de un amplio movimiento que se forjó en Tenerife contra la impunidad y la corrupción. En este movimiento convergieron todo una serie de sujetos sociales y políticos que fue expresión de un salto muy importante en la organización popular; asociaciones y colectivos de vecinos, plataformas de abogado y profesionales , periodistas críticos y medios alternativos de comunicación, sindicatos, partidos y organizaciones anticapitalistas, colectivos en defensa del medio ambiente, usuarios de la playa, etc, constituyó ese amplio movimiento social. La movilización y la acusación popular hicieron posible que hoy esta minoritaria representación político-empresarial de la oligarquía de las islas pueda cumplir con la cárcel su actuación corrupta y delictiva. Una evidencia de lo que la organización, la movilización y la iniciativa popular pueden realizar.

Alexis Dorta.